La derecha avanza al galope desde Europa hasta el cono sur de América Latina, pasando por Estados Unidos y revive viejos mitos como la necesidad de flexibilizar el mercado de trabajo para aumentar las inversiones, la competitividad de la economía, el empleo y finalmente, el bienestar general. Las principales medidas que se proponen son eliminar la fijación de salarios mínimos, el pago por despido y el mayor salario por las horas extra. Como resultado se reducen los ingresos de los trabajadores, aumentan los del capital, se limitan los temas que negocian las organizaciones sindicales y sus oportunidades de fortalecimiento en la lucha.
Desde 2015 el estancamiento de la economía uruguaya y la pérdida de puestos de trabajo permitieron que se reflotaran esas propuestas y adquirieran más fuerza apoyadas en la reforma laboral en Brasil promovida por Michel Temer, un presidente ilegítimo y corrupto que llegó al cargo traicionando a la presidenta que lo había llevado en la fórmula.
LA POLÉMICA ACADÉMICA Y POLÍTICA. El debate en los medios académicos y políticos tiene más de tres décadas, pero las catástrofes que generaron los proyectos liberales-conservadores en América del Sur obligaron a los promotores de la flexibilización del mercado de trabajo a refugiarse en un prudente silencio. Ya desde la dictadura, el semanario Búsqueda, por ejemplo, intentaba demostrar mediante la representación gráfica de un cuadrado que si aumentaba el salario se contraía el empleo; como desde 1985 ambos comenzaron a aumentar, las figuras geométricas desaparecieron de sus páginas (véase Brecha, 17-X-86).
En 1989 diez propuestas para el desarrollo de América Latina del Fmi, del Banco Mundial y de la Reserva Federal de Estados Unidos se difundieron en un documento conocido como el Consenso de Washington; incluían la privatización de las empresas públicas y la desregulación de los mercados, el de trabajo en particular. Estas propuestas articularon la alianza con las clases dominantes locales y se transformaron en una biblia. Se incluyeron entre las condiciones que el banco Mundial imponía a los países que solicitaban créditos y las agencias calificadoras de riesgo los tomaron como marco de referencia para sus recomendaciones. Su puesta en práctica implicó e implica la eliminación de limitaciones a las decisiones del capital y la creación de oportunidades de inversión con alta rentabilidad.
Las propuestas de la derecha adquieren calidad de “científicas” en los trabajos de investigadores de la Universidad de Montevideo y algunos de la Universidad de la República1 y de las consultoras que asesoran al capital. El último intento de demostrar la necesidad de flexibilizar el mercado de trabajo para lograr mayores tasas de crecimiento se encuentra en un documento de Forteza y Rama,2 como consultores del Banco Mundial. Concluyeron que las reformas económicas son exitosas cuando los mercados de trabajo son flexibles. También que la rigidez era resultado de los mayores niveles de sindicalización y de empleo público, y que ésta hace más lento el crecimiento y la recuperación de la recesión. Consideraron que Uruguay tenía el mercado de trabajo más rígido de América Latina y Chile el más flexible, mientras que Estados Unidos presentaba el más flexible de los países industrializados.
Durante 2016 retornó como argumento que el mercado de trabajo ajusta por precio o por cantidad y, por lo tanto, los trabajadores tienen que aceptar menores salarios para conservar el empleo. Ejemplo de ello son las exposiciones de Santiago Rego de Cpa Ferrere y de Pablo Roselli de Deloitte (El País, 12-VI-16). En el diario El Observador del 3 de setiembre de 2017 se dedicaron dos artículos a fundamentar la flexibilización: en una columna, el periodista Federico Comesaña destaca como rigidez del mercado laboral los altos costos de contratación y despido para explicar la caída del empleo y una nota periodística transcribe declaraciones de empresarios y de abogados de empresas en el mismo sentido.
LO QUE MOSTRÓ LA EXPERIENCIA. Las conclusiones de Forteza y Rama no sobrevivieron a la última crisis. En Chile el Pbi se contrajo 1 por ciento en 2009 y aumentó el desempleo, mientras que en Uruguay el mismo año el Pbi creció 2 por ciento y el desempleo se redujo. Estados Unidos tuvo los impactos más profundos de la crisis con caída del Pbi en 2008 y 2009, con un acelerado aumento del desempleo, que era de 4,6 por ciento en 2007 y se ubicó en torno a 9 por ciento desde el año siguiente hasta 2011. Esto requirió una creciente participación gubernamental inyectando millones de millones de dólares para sostener bancos al borde de la quiebra y evitar una profundización de la recesión.
En Uruguay, durante los últimos treinta años, las relaciones entre empleo y salarios fueron exactamente las contrarias a las que suponen las propuestas de flexibilización. Entre 1985 y 1998 aumentaron el número de ocupados y el salario real. Durante la recesión de 1999 a 2003 cayó el empleo y el salario real al mismo tiempo, aumentó la cesantía hasta niveles sin precedentes y la emigración redujo la oferta de fuerza de trabajo.
En el período 2005-2014 aumentaron los salarios reales, se redujo aceleradamente la tasa de desempleo y de los empleos de mala calidad, aumentó el número de personas trabajando y la tasa de actividad, el saldo migratorio fue positivo (ingresaron más personas a residir en el país que las que egresaron). Esto fue resultado de una alta tasa de crecimiento del Pbi, del aumento del consumo que estimuló las actividades generadoras de empleo, de una baja tasa de aumento de la población en edad de trabajar y de la capacidad de los trabajadores de adaptarse a las nuevas condiciones. En el mismo período, el gobierno del Frente Amplio tomó medidas que para los liberales implicaban mayores “rigideces” como la fijación de todos los salarios mínimos por categoría por grupos de actividades económicas, a través de negociaciones con participación de organizaciones sindicales y empresariales, enmarcadas en pautas o lineamientos del Poder Ejecutivo, en los consejos de salarios tripartitos. La convocatoria de los consejos y la ley de protección de la actividad sindical contribuyeron a la duplicación de la tasa de sindicalización. La experiencia del país mostró que el crecimiento del nivel de actividad económica medido por el Pbi permite el aumento del número de personas trabajando y del salario real simultáneamente.
COMENTARIOS FINALES. Las propuestas de la derecha dicen perseguir objetivos nobles como aumentar la competitividad y el empleo, lo que permitirá alcanzar el bienestar general. Los objetivos reales de las medidas de política económica pueden ser diferentes a los declarados ya que es posible “enmascarar un objetivo menos confesable detrás de otro que lo es más en relación con el sistema de valores de la sociedad en cuestión”.3 Descubrir los objetivos reales de las propuestas de política económica y de la flexibilización del mercado de trabajo en particular permite entender los intereses que representan.
En una sociedad capitalista dependiente como la uruguaya, las propuestas de política económica de las derechas expresan los intereses de la coalición de clases dominantes, con objetivos de conservar o aumentar la dominación y la explotación. El fundamento para eliminar la intervención del Estado es que distorsiona la asignación óptima de los recursos, lo que traba el crecimiento económico y, como consecuencia, impide lograr el bienestar general. Las propuestas de las derechas a través de sus portavoces, desde las empresas calificadoras de riesgo hasta las consultoras que asesoran al capital, no incluyen la posibilidad de aumentar los impuestos al capital y sus ingresos agitando un fantasma: el peligro de ahuyentar a las inversiones con la carga tributaria, los niveles de salarios, los conflictos laborales o la rigidez del mercado de trabajo.
Durante 2015 y 2016 se implementó una política de ajuste que contrajo la demanda interna, con un consumo privado congelado y caída de la inversión pública, contención de los aumentos de salarios y como consecuencia de pasividades. Se aceptó la reducción del número de personas trabajando, el aumento del desempleo, el deterioro de la calidad del empleo y la estabilización del número de personas pobres. Es posible una política alternativa compensando la caída de la demanda externa con un aumento de la demanda interna, priorizando el crecimiento del Pbi y del empleo, lo que se podría lograr con mayores impuestos al capital y sus ingresos, aumentos de salarios y de la inversión pública (Brecha, 7-IV-17).
* Economista. Integrante del Sistema Nacional de Investigadores de la Anii.
- Desde 1994 hasta 2005 el Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Udelar aportó más de diez artículos que explicaban el desempleo en Uruguay por la rigidez del mercado de trabajo.
- Forteza, Álvaro y Rama, Martín (2001). “Labor Market Rigidity and the Success of Economic Reforms Across more than 100 Countries”, The World Bank, PRWP 2521.
- Kirschen, E S et al (1978). Nueva política económica comparada, pág 41. Oikos, Barcelona.