Los disturbios incendiarios y las batallas con la Policía llevaron al menos a 28 estados a movilizar las tropas de su Guardia Nacional, y Estados Unidos se sumió, otra vez, otra vez, en la interminable discusión sobre el racismo cotidiano, un virus social que no es exclusivamente estadounidense y del cual todos somos portadores.
Como es habitual en una cultura que se nutre del audiovisual y minimiza la reflexión, las imágenes noctámbulas de tumulto, las cargas policiales a gas y bastón, las pedreas a los policías y los saqueos de comercios llenan las pantallas de los teléfonos celulares, las tabletas, las computadoras, los televisores. Las imágenes, mucho más impresionantes, de las manifestaciones multitudinarias y pacíficas lucen aburridas, insulsas. Pero son mucho más significativas, con el añadido de más de 10 mil personas arrestadas en demostraciones en todo el país. Los familiares de Floyd han declarado su oposición a la violencia callejera, y numerosos grupos afroamericanos han señalado que los vandalismos pueden estar causándolos infiltrados blancos de ultraizquierda, o infiltrados blancos de ultraderecha.
COMO CHISPA EN MATORRALES SECOS. Las protestas se han propagado rápido y lejos, sobre un mapa social angustiado por el coronavirus, desorientado por el desempleo, afligido mental y emocionalmente por las diatribas, mentiras y amenazas del presidente, y por el descreimiento generalizado hacia las instituciones de la república. Hasta febrero pasado, la economía había tenido un crecimiento lento pero sostenido durante los 128 meses transcurridos desde el fin de la Gran Recesión. El índice de desempleo había estado en alrededor del 3,5 por ciento durante meses, el más bajo en medio siglo. Los pedidos de seguro de paro rondaban los 200 mil semanales. Y, de pronto, pandemia.
La economía se ha contraído repentinamente y el índice de desempleo ronda el 14 por ciento (16 por ciento para los negros, 18,9 por ciento para los latinos), el número más alto desde la Gran Depresión de la década de 1930. En diez semanas, más de 40 millones de personas han solicitado el seguro de paro. Millones de adolescentes deberían tener en estos días sus ceremonias de graduación. Pero no las hay debido al “distanciamiento social”, y los jóvenes tampoco saben si habrá clases de universidad cuando empiece el año lectivo al fin del verano. Otros millones de veinteañeros se gradúan ahora de las universidades sin ceremonias y sin ver dónde y cómo conseguirán un empleo para pagar las enormes deudas estudiantiles.
Las comparaciones con la Gran Depresión y la Gran Recesión deben incluir el factor tiempo: aquellos fueron acontecimientos económicos que tuvieron preaviso y que se extendieron por períodos de meses o años. La pandemia ha caído de golpe y los expertos discuten si su impacto pasará rápido o continuará por décadas.
En el lado del pastizal político también se dieron condiciones combustibles: aún a fines de febrero el presidente Donald Trump seguía calificando el covid-19 como un fraude promovido por sus adversarios y, a tono con ello, el país no adoptó rápidamente una política sanitaria unificada.
Y ESO NO ES CASUALIDÁ. A tres meses de iniciada la pandemia en Estados Unidos, los datos son claritos: el covid-19 afecta y mata a los latinos, los negros y los pobres más que a los blancos con buenos empleos e ingresos más altos. Las razones son varias, empezando por las llamadas “condiciones de salud subyacentes” como la diabetes, la hipertensión y la obesidad. La alimentación, los trabajos, las viviendas de los inmigrantes, los latinos, los negros, son en general peores que las condiciones en que viven, reciben asistencia médica, comen y estudian los blancos.
El impacto de la pandemia en el empleo también crece desparejo: los negros y los latinos tienen menos acceso a Internet y están empleados, en mayor proporción, en ocupaciones donde no es posible el trabajo remoto. O van a trabajar y se exponen al contagio o se quedan en casa y no comen. Aunque la reforma del sistema de salud conocida como Obamacare permitió que unos 20 millones de personas tuvieran acceso a los seguros médicos privados, estos siguen siendo caros e insuficientes. Otros millones de personas no lo tienen en tiempos en que el gobierno de Trump ha hecho todo lo posible por exterminar el Obamacare.
Añádase el hecho de que millones de inmigrantes indocumentados evitan ir al médico o al hospital porque temen que sus datos pasen a las agencias de inmigración y sean deportados. El gobierno mantiene a más de 25 mil migrantes hacinados y aislados en centros de detención a la espera de sus audiencias en oficinas, hasta ahora cerradas, donde se decidirá si son deportados y cuándo.
JUGANDO CON FUEGO. El presidente Trump ha respondido a las multitudes soliviantadas, que crecen día a día en las calles y se tornan violentas en la noche, de manera característica: reclama del uso de la fuerza para “dominar” las calles donde todo protestón es un “matón”. En su tuitorrea diaria, Trump ha acusado a los manifestantes de ser “anarquistas organizados”. La semana pasada amenazó con ilegalizar a Antifa, una constelación de grupos antifascistas autónomos que aparece periódicamente en las protestas con sus tácticas de confrontación callejera y sus uniformes y pasamontañas negros.
El viernes, Trump jugueteó con su estilo escurridizo invitando a sus partidarios más fieles a que concurrieran a celebrar “una noche en la Casa Blanca”, lo que sugería la posibilidad de que las milicias blancas, bien armadas, salieran a lidiar con los protestones. Protestones que hacían tanto ruido que el presidente debió ir a “inspeccionar” el búnker de seguridad en la mansión presidencial.
El lunes, y antes de que empezara el toque de queda en Washington DC, el ministro de Justicia, William Barr, ordenó a la Guardia Nacional que dispersara a la fuerza a cientos de manifestantes –hasta esa hora pacíficos– en la plaza Lafayette, frente a la Casa Blanca. Cumplida la misión, las fuerzas de seguridad abrieron un pasillo y Trump marchó, al frente de su gabinete y acompañado por el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Mark Milley, hasta la iglesia episcopaliana St John, al otro lado de la plaza.
Allí, posando con una Biblia en su mano, Trump amenazó al país con el empleo de las fuerzas armadas para reprimir las protestas. “El general Milley está a cargo”, dijo, sin explicar a cargo de qué. Su ministro de Defensa, Mark Esper, dijo que el país se consideraba un “battlespace” (literalmente, campo de batalla).
PELOTA AL SUELO, POR AHORA. La Guardia Nacional es una fuerza que está, normalmente, bajo la autoridad del gobierno de cada estado. La componen unos 450 mil hombres y mujeres que mantienen un empleo civil y reciben instrucción militar periódica. Sus unidades se movilizan en emergencias y cumplen tareas de apoyo a las fuerzas armadas en las misiones de guerra.
Las fuerzas armadas, a las órdenes directas del gobierno federal, comprenden ahora unos 1,3 millones de hombres y mujeres que, según las encuestas, componen la institución más respetada por la opinión pública. Es una institución, asimismo, extenuada tras casi dos décadas de guerras que han dejado más de 50 mil veteranos necesitando asistencia del gobierno.
La advertencia de Trump de que ponía algo en las manos de los militares abrió la incógnita de si los militares de Estados Unidos –que tienen una larga y firme tradición de no inmiscuirse en la política interna del país (y una larga historia de inmiscuirse en la de otros)– tienen ganas de convertirse en una fuerza de ocupación de su propio país. La “interna” de las fuerzas armadas estadounidenses es un territorio poco conocido por la población.
La amenaza, que al parecer ignora que es más fácil sacar a los militares de los cuarteles que meterlos en ellos de nuevo, tuvo poco efecto: las manifestaciones diarias y pacíficas han seguido creciendo, y los disturbios nocturnos se repitieron el martes. En varias ciudades del país la Policía local evitó la represión violenta y los agentes hicieron una genuflexión ante los manifestantes, considerado un gesto de protesta pacífica.
En una llamada telefónica con varios gobernadores de estados, Trump los calificó de “débiles”, los instó a que aplastaran a la fuerza las protestas y creó la impresión de que podría apelar a una ley antinsurgencia de 1807, que le autorizaría a despachar tropas federales a los estados a gusto o disgusto de sus gobernadores. Veintiún senadores demócratas enviaron una carta a Esper y al general Milley en la que advertían que la militarización de la respuesta a la agitación ciudadana “sería un alejamiento de importantes usos históricos de la ley” de 1807.
La arzobispo episcopaliana de Washington, Mariann Budde, repudió el show Biblia en alto de Trump frente al templo, y dijo que el presidente “tenía en su mano los textos más sagrados de nuestras tradiciones judeocristianas, textos que nos convocan a amar a Dios y al prójimo, que proclaman que cada ser humano es una criatura de Dios”. “Marchó precedido por una expulsión violenta de manifestantes no violentos”, agregó. “Usó nuestra iglesia como telón de fondo y la Biblia como herramienta, de maneras que yo encuentro profundamente ofensivas”.
Impertérrito después de ofender a los episcopalianos, Trump, acompañado por su esposa Melania, visitó el martes el Santuario Nacional San Juan Pablo II, lo que le atrajo el chaparrón del arzobispo católico de Washington, Wilton Gregory. “Es incomprensible y reprensible que cualquier sitio católico permita ser usado y manipulado por persona tan egregia, de manera que viola nuestros principios religiosos, que nos llaman a defender los derechos de todas las personas”, dijo Gregory.
El miércoles, Esper, quien a esa altura ya debía haberse hecho tiempo para escuchar a los generales, dijo que el equipo de Trump lo había llevado al show frente a la iglesia St John sin que él supiera dónde iban, y añadió que no está de acuerdo con la invocación de la ley antinsurgencia. Nadie sabe cuánto durará Esper en el puesto.
Y así, cuando faltan poco más de 150 días para la elección y Trump sigue en caída en todas las encuestas de opinión pública, el presidente sigue aislándose en la bravuconería que satisface a sus votantes más fieles. Aun las encuestas de la cadena Fox, que ha sido su aliada por años, muestran que Trump tiene una desventaja de diez puntos porcentuales frente al casi seguro candidato presidencial demócrata Joe Biden. La reacción a un acto de brutalidad policial en Minnesota se está convirtiendo en un repudio multiétnico, multirracial y multigeneracional espoleado por el encierro de la pandemia, el desempleo, las desigualdades sociales y los desplantes del presidente.
