En su primer show público desde que concluyó su mandato presidencial, el expresidente Donald Trump habló la semana pasada ante una multitud en Wellington, Ohio. Entre otros lamentos, Trump cuestionó la legitimidad del resultado de la elección presidencial de 2020 en Montana. «En Montana, más del 6 por ciento de los votos por correo en cierto condado están desaparecidos, evidencia para probar que fueron legítimos o no», afirmó Trump con su peculiar gramática. «Han perdido todas esas evidencias. Piensen en eso, Montana, una pila de votos por correo. De paso, ¿dónde tienen los votos por correo?», insistió. Lo cierto es que, de acuerdo a los datos oficiales, en Montana ganó el propio Trump, con el 56,9 por ciento de los votos, comparado con el 40 por ciento de su rival demócrata Joe Biden.
La Gran Mentira sobre el fraude electoral ya causó una asonada el 6 de enero, cuando miles de trumpistas asaltaron el Congreso de Estados Unidos, y continúa latente como motivación central de un tercio de los votantes, de acuerdo a las últimas encuestas. A pesar de la violencia, de las varias investigaciones judiciales que rondan a Trump y del paso del tiempo, todavía el 44 por ciento de los votantes republicanos tiene una buena opinión del expresidente. Entre la población en general, su popularidad ha bajado del 33 al 21 por ciento en los últimos siete meses.
En el universo alterno en el que perdura el resentimiento de los trumpistas persiste, sin embargo, la noción de que el expresidente sigue siendo el mandatario legítimo y que será reinstaurado en su puesto en agosto. Trump ya tiene programado otro mitin este sábado en Sarasota, Florida.
REFORMA ELECTORAL
Estados Unidos no tiene un sistema electoral, tiene 50. Cada estado tiene sus propias leyes acerca de la identificación de votantes, el uso de sufragios en papel, el voto digital, el voto ausentista, el voto por correo. La desconfianza sobre el proceso electoral es cultivada con entusiasmo por el trumpismo; y ya ha logrado que, en al menos 22 estados donde los republicanos tienen mayoría legislativa, se hayan promulgado leyes que restringen el acceso de los ciudadanos al voto mediante mecanismos variados (véase «Democracia no», Brecha, 16-X-20).
Hasta fines de mayo, además de esos 22 estados con sus leyes ya promulgadas, había 61 proyectos de ley en marcha en las legislaturas de otros 18 estados. Más de la mitad de esas iniciativas apuntan a restringir el voto por correo. Al menos 15 de esos proyectos de ley incluyen una purga de los padrones de votantes más extensa que la que se realiza tradicionalmente. Por contraste, unos 14 estados donde los demócratas tienen mayoría legislativa han promulgado este año leyes que amplían el acceso al voto.
En 2016 Trump ganó la presidencia gracias a la lotería del Colegio Electoral, aunque había obtenido 3,5 millones de votos menos que su rival. Ya entonces, afirmó que había habido un fraude que justificaba esa diferencia de votos. A poco de llegar a la Casa Blanca, en 2017, el nuevo presidente formó una comisión y le encargó a su vice Mike Pence que investigara el supuesto chanchullo. La comisión se dispersó meses después sin haber hallado evidencias al respecto. Ese resultado coincide con los antecedentes en la materia: aunque de tanto en cuando pueda ocurrir fraude en elecciones locales, en las últimas décadas no ha habido evidencias de trampas electorales que hayan podido impactar en un comicio presidencial.
Pero las constantes denuncias esgrimidas por Trump y los empujones de los republicanos por nuevas leyes estatales elevaron el asunto a un debate nacional. Por ello Biden propuso ahora una ley federal que apuesta a fijar normas claras, especialmente en materia de identificación del votante. Los mismos republicanos que se quejan por los defectos del sistema electoral impidieron, sin embargo, la aprobación en el Congreso de esta ley, llamada «de derecho al voto». Para ello, recurrieron al histórico dilema estadounidense entre las atribuciones del gobierno federal y las de los gobiernos estatales.
NUBARRONES
La brega de Trump por mantenerse como caudillo del hasta ahora sumiso Partido Republicano y como eventual candidato presidencial en 2024 enfrenta tribulaciones varias y crecientes. Entre ellas, las investigaciones judiciales sobre su conglomerado de negocios, conocido como Organización Trump.
El fiscal general de Manhattan, Cyrus Vance Jr., y la fiscal general del Estado de Nueva York, Letitia James, están a punto de anunciar cargos criminales contra la Organización Trump. Entre otras acusaciones, se sospecha que el conglomerado incurrió en fraude al inflar el valor de sus activos cuando era conveniente –por ejemplo, para obtener préstamos– y desinflarlo cuando se trataba de pagar impuestos.
Existe la posibilidad de que los fiscales recurran a leyes de Nueva York que siguen el modelo de las normas federales creadas originalmente para combatir el crimen organizado, léase: la mafia. La mera presentación de cargos podría complicar los préstamos actuales o la búsqueda de nuevos créditos por parte de la Organización Trump.
El expresidente, en la letanía que ahora ya no difunden Twitter, Facebook ni otras redes sociales –que lo exiliaron tras la asonada del 6 de enero (véase «Cuando la esfera pública es propiedad privada», Brecha, 15-I-21)–, sostiene que todas esas investigaciones son parte de una «caza de brujas sin precedentes» en la historia. Trump tiene ya en su historial otro demérito sin precedentes: es el único presidente de Estados Unidos enjuiciado dos veces por el Congreso, en la segunda ocasión por incitación sediciosa para anular el resultado de una elección validada por el Colegio Electoral y el Congreso.
CON AMIGOS ASÍ…
Durante los cuatro años de la presidencia de Trump, Mike Pence fue un vicepresidente dócil, fiel, callado ante los disparates de su jefe y locuaz para elogiarlo. El 6 de enero, cuando Pence había de presidir la sesión del Congreso para validar el resultado de la elección del 3 de noviembre, Trump enardeció a sus seguidores exigiendo que «Pence haga lo correcto» y anulara el escrutinio. «Mike Pence ¡a la horca!», gritaron los sediciosos, mientras la Policía del Congreso se las arreglaba, de apuro, para llevar al vicepresidente y a su esposa, junto con los legisladores, a escondrijos seguros.
Pence finalmente cumplió con su obligación constitucional, el Congreso validó los comicios y desde entonces la relación entre ambos hombres quedó congelada. La semana pasada, en su primera declaración pública sobre el asunto, dijo que él y Trump «probablemente jamás» tendrán una misma opinión sobre lo ocurrido. El exvice, por supuesto, también tiene la mira puesta en la candidatura republicana de 2024 y ha empezado a corregir su historia de fidelidad a Trump.
El exgobernador republicano de Nueva Jersey, Chris Christie, dijo hace apenas dos meses en la cadena de televisión Fox que le daría una calificación de «sobresaliente» al desempeño presidencial de Trump. Pero ahora prepara un libro a publicarse este año en el que argumenta que el Partido Republicano necesita repudiar las teorías de la conspiración y la quejadera política. El dardo de Christie, otro posible aspirante a la candidatura presidencial, apunta a Trump y a sus seguidores más fanáticos, quienes orbitan en torno al menjunje de dislates conocido como QAnon.
El exsecretario de Justicia William Barr salió en ayuda de Trump cuando el Congreso discutía su primer enjuiciamiento político y avaló las denuncias del presidente, previas a la elección, acerca de la falta de credibilidad del voto por correo. Ahora Barr, en una entrevista televisada el domingo pasado, afirmó que las denuncias de Trump sobre fraude electoral han sido y siguen siendo «una bosta». Por su parte, y con su gracejo habitual, Trump se refirió este martes a su exsecretario de Justicia como «el lerdo Bill Barr, una criatura del pantano, devastado cuando la izquierda radical quiso enjuiciarlo».
