Según la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), durante los operativos policiales llevados a cabo los días 11, 12 y 13 de abril en Malvín Norte, los vecinos sufrieron la «actuación ilegítima del Estado». Esta «implicó la violación de derechos humanos de las personas afectadas a partir del uso ilegítimo de la fuerza no letal y letal por parte de la Policía Nacional», indica la resolución que el organismo elevó este miércoles al Ministerio del Interior (MI).
En la resolución, a la que Brecha tuvo acceso, la institución recomendó a la Secretaría de Estado iniciar una investigación administrativa para determinar la responsabilidad funcional en las violaciones de estos derechos en los procedimientos. Asimismo, pidió al Ministerio que modifique la práctica administrativa relativa a la solicitud de identificación en forma genérica e indiscriminada. Por otra parte, encomendó que se implementen mecanismos «tendientes a asegurar que las fuerzas del orden público» sigan estrictamente las normas sobre el uso de la fuerza «en todo momento» y pidió garantizar el uso de métodos no violentos «antes de recurrir a armas».
La INDDHH solicitó, además, que se pongan en marcha «mecanismos de rendición de cuentas» sobre la actuación de la Policía Nacional respecto a las «intervenciones y afectaciones de derechos de la población» de Malvín Norte, en particular, respecto a la utilización de munición letal y no letal, los allanamientos y las prácticas de detención transitoria en las que se requiere documentación, algo que denunció Brecha.1 También instó al MI a que realice las acciones necesarias para que las personas afectadas tengan acceso a «un recurso fácil, rápido y efectivo» que otorgue las reparaciones correspondientes en los distintos planos y a que les brinde protección contra la intimidación y las represalias. Por último, indicó que las víctimas deben tener acceso, sin cargo, a la asistencia legal relacionada con las denuncias de los actos acaecidos esos días de abril.
Los vecinos consideraron que esta resolución es una «lucha ganada». El referente barrial Joaquín Berriel dijo a Brecha que «es una victoria». «Otros barrios deberían tomar esta experiencia, porque esto no es un hecho aislado y siguen pasando un montón de cosas. Pedimos que se denuncien los casos de abuso policial y que no pasen desapercibidos», expresó.
LA DEFENSA
El MI, sin embargo, respaldó el accionar policial. En su respuesta a la INDDHH, en el punto 14, indica: «Es importante destacar que los procedimientos que se desarrollan en la zona mencionada (Malvín Norte) son dentro del marco de las fases de actuación policial de prevención, disuación [sic] y represión del delito». En la carta, fechada el 23 de junio, firmada por el director general de la Secretaría de Estado, Luis Calabria, se señala que la actuación policial en la zona «ha sido bien valorada» por los vecinos, lo que no coincide precisamente con las impresiones que recogió Brecha cuando recorrió el barrio, dos semanas después de los hechos. Calabria sostiene que esos operativos lograron «restablecer el orden» y que «concomitantemente se ha promovido y garantizado el libre ejercicio de los derechos de las personas». «Es menester destacar que toda actuación policial, y en particular la que hoy nos ocupa, es comunicada debidamente al Ministerio Público y a la Justicia, a los efectos de que puedan considerarse pertinentes», concluye la réplica.
CUANDO REVENTARON TODO
El 12 de abril, domingo de Pascuas, fue el peor día del operativo, de acuerdo a los relatos recogidos por el semanario. La chispa la encendió un efectivo policial al insultar a un vecino que estaba ebrio en la calle. «¿Qué mirás, mugriento de mierda?», le soltó. «Mugriento serás vos, gil», contestó el hombre. El policía bajó de su patrullero, lo golpeó con la cachiporra en el pecho y las piernas, lo dejó tirado en el piso y luego, ya a una distancia de dos o tres metros, le disparó con perdigones de goma de unos 12/70, mientras cosas parecidas sucedían en el resto de barrio.
Pero a continuación, en esa esquina, la de las calles 8 y 5, se dio «la situación más grave», contó a Brecha Javier Techera, del centro cultural La Bombonera. «Fue cuando reventaron todo», acotó su compañero Joaquín. La protesta de los vecinos contra la actuación del policía fue respondida por las fuerzas «del orden» con incontables disparos con perdigones de goma, pero también de Glock 9 milímetros, mientras a una cuadra los niños del barrio hacían fila para recibir una merienda en la olla popular.
Los policías atacaron con especial furia la casa de una familia compuesta por una decena de personas, un bebé, varios niños y adolescentes, algún adulto y una anciana que sufre de problemas cardíacos. En la embestida, llegaron a avanzar unos tres metros dentro del patio, empujando a los vecinos con sus escudos, por supuesto que sin una orden judicial. De noche, en otro punto del barrio, un joven, rodeado y encañonado por varios policías, era filmado mientras estos lo obligaban a decir que en Malvín Norte «manda la Guardia Republicana».
El 29 de abril la Policía volvió a la casa atacada. Esta vez con una orden de la jueza María Helena Mainard, pero los funcionarios la presentaron luego de haber roto la puerta y haber desparramado todo cuanto pudieron. De todos modos, no encontraron ningún elemento incriminatorio y terminaron disculpándose con la mayor de las mujeres de la familia.2
SIN SATISFACCIÓN
La INDDHH consideró «insatisfactorias» las respuestas del ministerio. «Con la abundancia de evidencia proporcionada, hay ciertos hechos que simplemente no son siquiera tomados en cuenta» por la Secretaría de Estado, señala en la resolución firmada el martes por su consejo directivo. Asimismo, sostiene que no hubo un material para «sustentar el relato» de la Policía, dado que nunca fueron presentados los videos de los operativos.
En la respuesta policial, expresa el organismo, «se evitan alevosamente las partes centrales de la denuncia»: por un lado, el ataque «innecesario, desmedido y desproporcionado» a la casa de familia –que corroboró la INDDHH con sus equipos técnicos–, «de la cual no se dice nada, ni siquiera se menciona». «Tampoco se menciona nada del siguiente allanamiento a dicha casa, claramente intimidatorio y violento», agrega.
Por último, a la INDDHH le llamó «profundamente la atención» que se omita «groseramente» la mención del video en el cual se fuerza a un joven a declarar –«claramente coaccionado»– cuestiones «favorables» a la Guardia Republicana. «Estos sucesos no pueden seguir aconteciendo y, en caso de acontecer, las respuestas de las autoridades responsables de nuestra seguridad pública no deberían ser tan débiles y poco fundamentadas», concluye.
1. Véase «Infelices Pascuas», Brecha, 24-IV-20.
2. Véase «Tomando nota», Brecha, 30-IV-20.
