—Nosotros tomamos, del universo de denuncias que estamos patrocinando, el caso de Humberto Pascaretta como ejemplo de la coordinación entre empresarios y el aparato represivo bajo la dictadura. Es ejemplar por varios motivos: por un lado, en el expediente hay testimonios que indican que al menos tres directores de Ciccsa, la empresa papelera para la que trabajaba este militante sindical cuando fue secuestrado, estaban al tanto de la intervención de elementos del Ejército en las operaciones que llevaron a la detención de Pascaretta. Un testigo dice: “Los propios empleadores nos dijeron que estábamos siendo investigados”, lo que supone que la empresa estaba perfectamente al corriente de la actividad de seguimiento.
En este expediente, que está en penal 7, los testigos dan los nombres de tres directores. Es un expediente de 2011, y hasta ahora nadie en el Poder Judicial puso foco en esos testimonios.
En el Observatorio pedimos que, además de las responsabilidades militares, la justicia analice la responsabilidad de los directores de las empresas, porque si esto no se hace no se va a poder explicar en su real dimensión el terrorismo de Estado. Partimos de la base de que en este caso hay responsabilidades concretas, específicas, de estos empresarios como coautores de un crimen de lesa humanidad, que por ende no prescribe.
—¿Ustedes manejan algún otro caso que demuestre esas complicidades entre empresarios y aparato represivo?
—El Observatorio no, pero sabemos de varios que pueden ir en ese sentido. Y hay también otro tipo de casos: los que pueden dar cuenta de actividades empresariales de los propios agentes represivos a partir de los botines de guerra, de los robos de bienes a militantes detenidos o desaparecidos. Este tema se lo ha analizado parcialmente en trabajos de historiadores, pero judicialmente no se ha hecho nada.
—En una actividad realizada la semana pasada en Aute,1 usted hizo referencia a que en la academia uruguaya hay un gran déficit en la investigación sobre las complicidades civiles, en particular empresariales, con la dictadura, y llamó a los investigadores uruguayos a “salir de la siesta” en esta materia.
—Sí, lo hice en un acto en el que se presentó un vastísimo trabajo realizado en Argentina, una colaboración entre el Centro de Estudios Legales y Sociales (Flacso) y la Universidad de Buenos Aires. No hay nada similar en Uruguay. Ni que se le acerque. Claro que eso tiene que ver no sólo con la academia sino también con otros factores.
—¿Como cuáles?
—Fundamentalmente con la clarísima ausencia de un liderazgo, en el seno del Estado, que impulse la sanción penal de los crímenes de lesa humanidad y que en ese camino vaya construyendo una trama institucional que abarque a diversas instancias públicas.
En lo que tiene que ver con este tema de las complicidades entre poder económico, empresarios y dictadura, el propio estudio histórico conducido por Álvaro Rico sobre dictadura y terrorismo de Estado2 menciona la existencia de una suerte de estado mayor conjunto laboral, al que define como una oficina de las Fuerzas Armadas conducida por militares retirados y encargada de todos los problemas que surgían en la época relacionados con el mundo laboral, desde la manera de impedir la reorganización de sindicatos clasistas hasta la estructuración de los vínculos capital-trabajo. Ello supone la existencia de una gran cantidad de información sobre denuncias realizadas por empresarios contra militantes sindicales que pudieron haber sido la antesala de desapariciones o asesinatos, como lo ilustra precisamente el caso Pascaretta. Pero no se la ha buscado, y esa documentación está en el olvido.
Los documentos del “Esmaco laboral” deberían entonces ser revisados. Rico dice que no se localizaron archivos en el Ministerio de Trabajo, sí algunos en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Hay que sistematizar esos y rastrear los otros. Como la experiencia indica que la dictadura tenía una gigantesca burocracia que registraba prolijamente todo lo que sucedía y dejaba constancia de ello, esos documentos tienen que estar en algún lado. Pero Rico constata que no pudo acceder a ellos, lo lamenta, y ahí queda la cosa. El historiador no se expresaba en ese trabajo como un investigador universitario más, sino como coordinador de un equipo enmarcado en un convenio entre la Universidad de la República y la Presidencia. Se queja implícitamente de la inacción, de la ineficacia del propio Estado. Sería interesante que el Poder Judicial pudiera tomar contacto con esa documentación.
—Pero si accediera a ella, ¿tendría medios como para “trabajarla”?
—Ese es el otro problema. No los tiene. Y no por nada. No se los han dado. En este tema lo que predomina es la fragmentación. Cuando Rico constataba lo que dije anteriormente, estaba admitiendo la fragmentación y que esa fragmentación contribuye al ocultamiento de información y por ende a la impunidad. Falta voluntad política para romper con esta lógica. Faltaba hace años, y sigue faltando ahora.
El Poder Judicial no tiene capacidad para investigar estos archivos, porque no está organizado para eso, porque no ha adoptado ninguna resolución para realizar esas investigaciones y porque los jueces carecen de un cuerpo de asesores, de auxiliares, que les permita encarar una tarea así. Necesitan la colaboración, fundamentalmente, del poder administrativo, es decir del Poder Ejecutivo. Los jueces actúan por oficios, mandan cartas al Poder Ejecutivo, que éste no responde o lo hace muy tardíamente, y entonces la investigación está destinada al fracaso, nace muerta.
—¿Qué es lo que espera el Observatorio Luz Ibarburu que haga ahora la justicia en el caso Pascaretta?
—En primer lugar que se localice a los directores de Ciccsa que mencionaron los testigos, que se los cite y que concurran. Sabemos que al menos uno está vivo. No nos corresponde a nosotros ubicarlos, pero es lo que termina pasando en la mayoría de estos casos: como la justicia no tiene medios y las otras dependencias estatales no actúan, terminan siendo las organizaciones de derechos humanos u otras organizaciones de la sociedad civil, o particulares, los que asumen las investigaciones. Es perverso.
—Decía antes que le llamaba la atención que en el caso Pascaretta no se hubiera atendido a los testimonios que daban cuenta de la complicidad de los empresarios. ¿A qué atribuye esa ausencia, cuando en realidad el expediente cayó en uno de los juzgados más activos en esta materia?
—En este caso exclusivamente a un tema inercial. Se les escapó. Lo que pasa es que como no hay una estrategia global de persecución penal de los crímenes de la dictadura, lo que supone la construcción de equipos, de coordinaciones, esas cosas ocurren. Argentina también debió pasar por esta etapa de subdesarrollo, pero maduró. Hubo voluntad política, y ámbitos de reflexión a nivel de los jueces y de los fiscales que permitieron ir llenando los vacíos y ayudando a quienes querían ir para adelante con estos casos. La inmadurez, el subdesarrollo, lleva además a que por facilismo no se trascienda ciertos nombres que se repiten una y otra vez. Se imputan todos los crímenes a las mismas personas, como un comodín, una muestra más de la ausencia de voluntad de ir más lejos.
—Los buenos resultados argentinos en esta materia parten precisamente de que hubo una estrategia instrumentada desde el Estado.
—Claro. Pero aquí, un Estado archipiélago, sin cabeza, lo que favorece es la impunidad.
—¿Eso es producto de una estrategia pensada? ¿La fragmentación es voluntaria?
—No lo sé. Sólo puedo constatar las consecuencias. No digo que sea de mala fe, pero el resultado es que esta falta de liderazgo lleva a la nada. Yo veo el mal resultado, la ineficacia.
Te doy otro ejemplo. Ayer (por el martes) tuvimos una reunión con el Grupo de Investigación en Arqueología Forense. Queríamos saber en qué andaban, si habían tenido algún contacto con el Equipo Auxiliar de la Justicia en Crímenes de Terrorismo de Estado, una unidad de nombre rimbombante dependiente del Ministerio del Interior, creada en 2013. Nos dijeron que no, que nunca se reunieron con ellos, cuando es elemental que esa unidad hubiera tenido que buscar vincularse con quienes trabajan en el terreno. Nosotros lo preguntábamos porque queríamos saber cómo se hace para investigar enterramientos cuando hay datos contradictorios o imprecisos, alguien que dice haber visto algo pero no puede precisar dónde, que tal vez confunde un lugar con otro. Se trata de hechos criminales que deben ser abordados por la justicia, algo de cajón, pero los jueces no lo hacen porque carecen de colaboración. No es el trabajo de los antropólogos, obviamente. Sí sería, tal vez, el de esa unidad. Sin embargo, por lo que yo sé, el Equipo Auxiliar se ha limitado a ubicar y citar militares a pedido de la justicia, y no mucho más. Es muy poco para tanto nombre. n
- Véase cobertura en Brecha de la semana pasada, página 15.
- Investigación histórica sobre la dictadura y el terrorismo de Estado en el Uruguay (1973-1985). Udelar, Montevideo, 2008.
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Uno y sólo uno
El equipo del Giaf está trabajando actualmente sólo en el predio conocido como La Montañesa, en la ruta 34, donde existen indicios de que podrían haber sido enterrados los cuerpos de cuatro hombres y una mujer, dijo Chargoñia a Brecha. Las excavaciones en el Batallón 13, que habían sido retomadas el año pasado, fueron suspendidas en agosto, luego de que se denunciara la presencia de explosivos en el lugar. Pero han pasado meses y el juez Pedro Salazar no ha dispuesto aún el reinicio de las excavaciones. Desde hace poco, afirma el abogado del Observatorio Luz Ibarburu, por resolución del Poder Ejecutivo, para poder ingresar a algún predio los antropólogos necesitan de orden judicial. “De los nueve lugares en que el Giaf dijo años atrás en un documento que había posibilidades de hallar restos de desaparecidos, hoy no se está buscando en ninguno”, apuntó Chargoñia.
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Pascaretta
Humberto Pascaretta, militante del Partido Comunista y ex dirigente sindical de Aute, tenía 47 años cuando falleció por torturas en junio de 1977.
En 1969 había sido despedido de Ute y recluido durante tres meses en la Isla de Flores. En 1973 fue restituido, y en el mismo año, luego del golpe de Estado, nuevamente despedido. Se empleó en la papelera Ciccsa junto a su ex compañero en Ute Alejandro Reginese. En mayo de 1977 ambos fueron detenidos, él en su domicilio, delante de su esposa y sus dos hijos. La dirección de Ciccsa había denunciado un sabotaje a la producción de bolsas de pórtland, del que nunca aportó pruebas, y los dos militantes sindicales habrían sido acusados del acto. Pascaretta fue recluido en Contrainformaciones del Departamento II del Estado Mayor del Ejército, en un predio sobre la calle Garibaldi dependiente del Comando General del arma. Menos de un mes después fallece “víctima de un paro cardíaco”, según un parte oficial.
En un testimonio recogido en el libro Investigación histórica sobre la dictadura y el terrorismo de Estado en el Uruguay (1973-1985), el ex agente de la dictadura Hugo García Rivas, desertor de la Compañía de Contrainformaciones del Departamento II del Estado Mayor del Ejército, declara: “A Pascaretta lo vigilábamos yo y un compañero mío, y aparte había otros vigilando a otras personas que se pensaba que estaban en el asunto con Pascaretta. (…) Además el capitán Méndez infiltró a dos elementos de la compañía en Cicssa a trabajar para observar a Pascaretta y a los otros (que no recuerdo los nombres). (…) Llegó un momento en que se recibió la orden de parar con los seguimientos y que había que prenderlos. Entonces, una noche se fue a la casa de Pascaretta y los otros tres y se los prendió (…). La finalidad de la operación de la compañía era dar con los saboteadores. Con la aceptación del directorio de la empresa, el capitán Méndez infiltró a dos elementos de la compañía en Ciccsa, a trabajar, para observar a Pascaretta y a los otros elementos”.
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