La práctica de celebrar contratos de derecho privado para cumplir funciones en organismos públicos es de larga data en el Estado. Distintas modalidades de contratación ofrecen a la administración pública la posibilidad de acelerar los tiempos de ingreso de personal, evitando incrementar las plantillas estables de funcionarios, pero, a su vez, traen consigo una serie de problemas. Por lo general, este tipo de figuras no tiene una inserción clara en los organigramas de los organismos contratantes, quedando sus cargos en las sombras y dificultando las tareas de control sobre las estructuras funcionales en el Estado por parte del Parlamento o la ONSC. Los contratos por derecho privado favorecen la asignación discrecional de cargos con distinto grado de responsabilidad y generan vínculos preca...
Artículo para suscriptores
Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social
Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.
¿Ya sos suscriptor? Logueate