El 27 de marzo se vota en el referéndum para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC). El 8 de julio se llegó a las firmas exigidas por la ley para habilitar la consulta popular. Se necesitaba recabar la firma de un 25 por ciento de las personas inscriptas en el padrón electoral, aproximadamente 700 mil firmas. Se contabilizaron 763.443. El 8 de diciembre –cinco meses después, luego de la verificación de las rúbricas– se cerró el padrón electoral «sin pena ni gloria», como expresó a Brecha el sociólogo Sebastián Aguiar. Lo que quiere decir es que pasó casi inadvertido para el pueblo uruguayo que todo aquel que no tuviera la credencial vigente ese día no podrá votar en marzo.
Las personas habilitadas para sufragar según la Corte Electoral son 2.684.131. Pablo Kapplenbach, ministro de la Corte Electoral en representación del Frente Amplio (FA), afirmó que esta cantidad es «casi igual» a la que había en el momento de las elecciones nacionales en octubre de 2019. Sin embargo, Ana Lía Piñeyrúa, ministra de la corte en representación del Partido Nacional, dijo a Brecha que el porcentaje de personas que se inscribieron para tramitar la credencial cívica durante este tiempo es inferior al de otras convocatorias populares, ya que la situación sanitaria que atraviesa el país influyó mucho en el funcionamiento de la corte.
Tanto Kapplenbach como Piñeyrúa aseguran que este no es el mejor escenario posible. «Hay un atraso en la inscripción cívica, que venimos arrastrando por la pandemia. Las oficinas estuvieron cerradas en dos oportunidades», admitió Piñeyrúa. Añadió el dato de que las mesas móviles que funcionan los fines de semana en el interior del país y en las localidades de Montevideo para facilitar el acceso al documento cívico han funcionado con muchísima menos frecuencia en estos últimos dos años. Kapplenbach indicó que el plan es retomar estas actividades después de la Semana de Turismo, aunque en esa fecha el resultado del referéndum ya será una cosa juzgada.
La credencial cívica es un documento de expedición obligatoria que puede tramitarse antes de cumplir la mayoría de edad. En este momento, el período de inscripción finaliza el 15 de abril de 2024, año en el que varias generaciones votarán por primera vez en las elecciones nacionales. Para las personas nacidas en Uruguay, este documento se tramita en las oficinas electorales departamentales de todo el país (así como en las mesas móviles mencionadas), para lo cual se debe presentar la partida de nacimiento y el documento de identidad.
Más allá del hecho de que los padrones electorales se cierren de manera automática por ley el día que la corte convoca el referéndum, Aguiar sostuvo que, de alguna forma, esta práctica implica «dejar afuera de la política a los jóvenes» y percibe falta de interés del actual sistema democrático para acercar e incluir a los jóvenes en la política: «Es parte de la responsabilidad de un sistema que las nuevas generaciones se interesen y se informen. Las personas jóvenes no están teniendo suficiente espacio ni las reglas claras».
Según los datos de los estudios hechos en los últimos meses del año pasado por la Usina de Sentidos Sociales de la Fundación Siembra, la mayoría de las personas encuestadas mayores de 62 años –66,5 por ciento– suponía que la LUC iba a mantenerse tal cual está. Y el porcentaje de los encuestados, también en esa franja etaria, que «seguramente» y «posiblemente» votarían por mantener la LUC correspondía a un 61,7 por ciento, por lo que se deduce de este análisis y de otros sondeos que el apoyo mayoritario a la papeleta del sí está entre los más jóvenes.
De acuerdo a Piñeyrúa, son aproximadamente 20.649 las personas que quedaron con el trámite inconcluso hasta el momento, por lo que no van a poder sufragar en marzo. Esto quiere decir, explicó a Brecha, que «iniciaron el trámite de inscripción, pero este no estaba concluido el día que se cerró el padrón», por lo que, finalmente, no se les entregó la credencial cívica.
Si los números indican que a menor edad mayor es la intención de votar por el sí, ¿cómo incide que la primera generación de votantes haya quedado fuera de esta votación? Para Diego Luján, doctor en Ciencias Políticas, «haciendo una analogía con la intención de voto a los partidos, se afectaría la opción por el sí, porque en la última elección, la de 2019, la única franja etaria en la que el FA resultó mayoría (por un 57 por ciento versus un 43 por ciento) fue la que va de los 18 a los 29 años». Agregó que, históricamente, los jóvenes han estado volcados hacia este partido y que la elección de 2019 no fue la excepción: «Si uno especula con cierta razonabilidad, quienes votaron al FA en 2019 se van a inclinar mayoritariamente por el sí».
«¿Qué mejor que que los jóvenes saquen la credencial y estén en la vuelta? Sin embargo, no se hizo ningún tipo de campaña para eso», recalcó Aguiar. Agregó que, más allá de que haya habido o no una intencionalidad para favorecer el no, el hecho de que el cierre del padrón haya pasado desapercibido y dejado a tantos jóvenes fuera de la votación «es un gesto muy miope y hostil, que mira muy poco al futuro». Añadió que se debe aprovechar cada instancia de discusión pública para que la juventud participe. En Uruguay, sin embargo, la población joven «termina siendo el último orejón del tarro».
Por otra parte, Nicolás Schmidt, docente e investigador de ciencias políticas, calculó que la cantidad de personas que quedaron fuera del padrón son menos del 1 por ciento de los sufragistas. Dijo que, a priori, sin información específica sobre esas personas, «se puede suponer que tienen una distribución similar a la del electorado de esa franja etaria», aunque también hay que aclarar que entre esos 20.649 casos hay trámites de renovación del documento, que no entrarían en el análisis del voto joven. Según sus estimaciones, aproximadamente seis de cada diez votantes de las franjas juveniles serían de izquierda, aunque no puede sostener con exactitud que esa cantidad opte en bloque por la papeleta rosada.
Tanto para Schmidt como para Manuel Flores, investigador de la Facultad de Ciencias Sociales, particularmente enfocado en los comportamientos electorales, entre esos 20 mil votantes, mayoritariamente jóvenes, «aproximadamente un 70 por ciento representaría la proporción que podría votar el sí y habría 6 mil o 7 mil votos que en un resultado muy ajustado podrían definir la votación para un lado o para el otro».Sin embargo, ambos aseguran que son necesarios más estudios de la población electoral para llegar a conclusiones más firmes.