En pleno verano español, la huida del rey emérito Juan Carlos I tomó por sorpresa a sus súbditos. Aunque no a todos. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, estaba al tanto y decidió no informar del escape, ni siquiera a sus aliados políticos, excusándose en la «discreción» que caracteriza las conversaciones entre el jefe de Estado y el jefe del Ejecutivo.
El ocultamiento no tuvo grandes consecuencias para la coalición de gobierno: la situación desatada por la pandemia no permite fisuras. La dirigencia de Unidas Podemos llegó a plantear públicamente la necesidad de discutir «la utilidad de la monarquía», aunque descartó la posibilidad de que tal debate se pudiera traducir en cambios a corto plazo. El ministro de Consumo y líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, planteó, el 3 de agosto, que «lo único que cabe en una democracia del siglo XXI es investigar todas las operaciones sospechosas del ciudadano Juan Carlos de Borbón, juzgarle y desvelar a todos los responsables y cómplices de una trama que no pudo ser tejida y mantenida por una sola persona».
Los escándalos del Palacio de la Zarzuela tienen largo recorrido. La fuga del emérito es sólo una mancha más para una Corona que desde hace años pierde popularidad y ve diluir la imagen de consenso y unidad que logró representar desde la transición. En la larga seguidilla está desde el caso de corrupción de Iñaki Urdangarin, esposo de la infanta Cristina, hasta las cacerías de Juan Carlos en plena crisis de 2012, cuando se fracturó la cadera en un viaje a Botsuana, a donde había ido a cazar elefantes. En ese episodio se conoció su romance extramarital con Corinna zu Sayn-Wittgenstein, pero también se hicieron públicos sus negocios non sanctos, que provocaron su abdicación, en 2014, en favor de su hijo Felipe VI. Y que este año, con la investigación de la Policía fiscal suiza por la existencia de cuentas clandestinas, terminaron con su fuga de España. «Mi legado, y mi propia dignidad como persona, así lo exigen», había escrito en la carta que le dirigió a su hijo (véase «Donde van a morir los elefantes», Brecha,7-VIII-20).
Hasta el momento, la Casa Real informó que el exmonarca está en Emiratos Árabes Unidos, un país del que se le acusa haber recibido comisiones millonarias que nunca declaró ante el fisco. Sin embargo, ni este dato, ni que el caso de corrupción haya llegado a la Fiscalía del Tribunal Supremo fueron suficientes para que el gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) le bajara el pulgar.
Sánchez salió enseguida a responder que «aquí no se juzga a instituciones, se juzga a personas». Al mismo tiempo, desestimó la posibilidad de someter a referéndum la monarquía al decir que la jefatura del Estado no estaba en cuestión y que el gobierno consideraba plenamente vigente el pacto constitucional. «El pacto constitucional es la monarquía parlamentaria», aclaró el mandatario por si quedaba alguna duda.
Así salió al cruce de los pedidos de convocar una consulta popular sobre la permanencia de la institución monárquica, tal como propusieron por esas fechas parlamentarios de la izquierda independentista vasca y el nacionalismo catalán, los exmiembros de Podemos nucleados en Anticapitalistas y las juventudes de Unidas Podemos, así como decenas de organizaciones sociales.
EL GRAN ALIADO
Esta lealtad monolítica la fuerza socialista la mantiene desde la transición, cuando el rey Juan Carlos I, elegido por el dictador Francisco Franco como heredero del régimen, necesitó del Partido Comunista Español (PCE) y del PSOE para dar el paso de la «democracia orgánica» franquista a la monarquía parlamentaria actual.
«De otra forma, el nuevo régimen político hubiera carecido de legitimidad y hubiera tenido las horas contadas», señaló a Brecha el historiador gallego Antonio Liz Vázquez.En la década del 70, el PSOE no era aún un partido de masas, recuerda el historiador, aunque empezaba el camino hacia ello, mientras el PCE era el partido de izquierda más importante en número de militantes y de influencia social por su larga tradición en la lucha antifranquista.
En ese momento, el PSOE y el PCE hablaban de «ruptura» y, después, de «ruptura pactada», pero finalmente debieron seguir la dinámica política impuesta por el primer presidente del gobierno, Adolfo Suárez, quien, junto con Juan Carlos, era el otro encargado de mantener el legado franquista. «Suárez resultó ser un timonel político insuperable, ya que supo subir en la misma nave monárquica a los reformistas del régimen franquista, al PSOE de Felipe González y al PCE de Santiago Carrillo para llegar entre todos a la monarquía parlamentaría sin ninguna “ruptura”», explicó Liz Vázquez.
El PCE y el PSOE contribuyeron de manera determinante a la transición con su aceptación de la monarquía y de su símbolo, la bandera rojigualda, como rasgos inamovibles del orden constitucional. Un acompañamiento al que se le reclama haber sacrificado buena parte de los idearios y de los proyectos de transformación social por los que ambos partidos venían luchando desde la dictadura.
Para Liz Vázquez, «ellos no querían ninguna “ruptura”, no deseaban una revolución social que llevase a instaurar un régimen político apoyado en las movilizaciones populares. Hoy el PCE está desaparecido políticamente y el PSOE de Pedro Sánchez no quiere ni oír hablar de un referéndum. Es el gran sostenedor de la monarquía: si esta sólo contase con los apoyos de la derecha –el Partido Popular (PP)– y de la extrema derecha –Vox– estaría condenada socialmente. El PSOE es su gran aliado, sin su apoyo Felipe VI dejaría de ser rey».
JUANCARLISMO
Una de las figuras más emblemáticas de la transición democrática fue el presidente Felipe González (1982-1996), al que se le reprocha parte de ese desarme político, moral e intelectual del PSOE. El exmandatario es actualmente uno de los defensores más acérrimos de la figura del rey emérito.
En febrero de este año, en una emisora radial de la Cadena SER, González afirmó: «Si disfrutamos de un régimen constitucional de libertades y de un Estado de derecho, con un sistema judicial garantista, es porque el rey Juan Carlos I tuvo un comportamiento constitucional antes de que hubiera Constitución». A la vez señaló: «Nunca fui monárquico y, a la altura en la que estamos, no lo seré», pero «prefiero una monarquía republicana, como la que tenemos, que una republiqueta como la que se nos propone».
El vínculo de Felipe González con Juan Carlos es tan íntimo que, luego de conocerse los últimos casos de corrupción del monarca emérito, el expresidente salió a pedir por la «presunción de inocencia» de su majestad. Pero no es el único. El expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero se declaró abierto a «perfeccionar» el papel de la Casa Real («Si hay que construir unas normas o unas reglas más perfeccionadas sobre el funcionamiento de la corona, hágase»), pero en ningún momento contempló la posibilidad de someterla a referéndum.
Si bien en el plano teórico el PSOE y sus votantes no son monárquicos, para Iker Iraola, profesor de Sociología de la Universidad del País Vasco, la posición de González y de Zapatero se puede entender a la luz de una frase muy habitual entre los socialistas españoles: yo no soy monárquico, yo soy juancarlista. Pese a ser el heredero de Franco, gran parte del electorado del PSOE ve en Juan Carlos I al héroe de la transición, al que se opuso al intento del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 –a pesar de las crecientes dudas sobre el relato oficial de ese episodio y, en particular, del rol que jugó el monarca–, un rey al que le reconocen un carácter afable y cercano que lo llevó a obtener el mote de «Campechano» y a proyectarlo como superlativo «embajador de España». Para Iraola, estas caracterizaciones son parte del pecado original de una parte mayoritaria de la izquierda española postransición, que buscó «tapar la forma en que funcionaba una institución» heredada del franquismo.
Pero no todos los dirigentes de izquierda supieron ver en Juan Carlos a ese paladín de la democracia ni dejaron de condenar los presuntos actos delictivos que lo involucraban. Julio Anguita, líder histórico de Izquierda Unida y secretario general del PCE luego de la era Carrillo, reclamaba en el momento de la abdicación que el exmonarca explicara los motivos de esa medida, al tiempo que calificaba la asunción de Felipe VI como una «segunda restauración borbónica» (en referencia al período posterior a la Primera República española).
Anguita también cuestionaba la inviolabilidad de la figura del rey, una prerrogativa establecida en la Constitución que blinda al jerarca de comparecer ante la Justicia. «Es un artículo nefasto, porque dice que todos somos iguales ante la ley, y él no», señalaba el mítico dirigente andaluz, quien también denunciaba el intento de extenderle este privilegio a Juan Carlos tras su abdicación: «Si el pícaro era condenado, podía cantar, porque esto llega más allá de este señor. ¿Qué han hecho?, le han buscado una salida, hacerlo inviolable, que no está en la Constitución, porque ya no es rey, por más emérito que le pongan».
DESDE LAS PERIFERIAS
También las izquierdas independentistas han tenido históricamente una postura antimonárquica, algo que en los primeros años de la democracia supuso una ruptura con la llamada izquierda estatal, sobre todo con la que giraba alrededor del PCE.
«Durante la transición, el PCE aceptó, tal vez como mal menor, o porque no tenía otra opción, la institución monárquica, y eso generó un alejamiento con las izquierdas independentistas nacionales vascas, catalanas y gallegas», indicó Iraola. En el caso de la izquierda vasca, que estaba organizada en torno al partido Herri Batasuna, la línea seguida era la de demandar una ruptura total con el franquismo y, por tanto, con toda institución proveniente de aquel. En aquellos años esta postura llevó a la izquierda vasca a abstenerse incluso de ocupar los escaños que ganaba en el Congreso español y en el Parlamento vasco.
Actualmente, las tres grandes fuerzas de izquierda independentista (Bloque Nacionalista Galego, Euskal Herria Bildu y Esquerra Republicana de Catalunya) participan en las instituciones españolas con un discurso abiertamente republicano; en las últimas elecciones europeas se presentaron bajo una coalición denominada Ahora Repúblicas. «Sin embargo, esas “repúblicas” no representan la misma idea que propone Unidas Podemos cuando habla del derecho a decidir mediante un referéndum [sobre la monarquía]. Ahora Repúblicas, en plural, no es Ahora República, y sus integrantes le dan mucha importancia a esa ese. La diferencia está en si el proyecto republicano hace referencia a toda España o hace también referencia a Cataluña, País Vasco y Galicia. Por eso es que la posibilidad de habilitar un referéndum podría abrir, también, el melón del tema territorial», explicó Iraola.
En este momento, la realización de un referéndum sobre el tipo de Estado y su jefatura no está en la mesa de discusión del gobierno de coalición, aunque Unidas Podemos lo pida desde sus bancas en el Congreso. Sin embargo, es un tema candente, más si se observan las últimas cifras sobre el respaldo de la población a la Corona.
Se ha pasado de una monarquía de «consenso» a una monarquía «de parte», sostiene el politólogo catalán Lluís Orriols en un artículo publicado en eldiario.es. Orriols afirma que la monarquía perdió su tradicional carácter transversal en el plano de las ideologías al no contar más con la confianza de gran parte de los españoles progresistas, sobre todo del electorado más joven, aunque aún es un tema que divide a los votantes del PSOE.
Los datos analizados por el politólogo refieren a la encuesta 2019 del Centro de Estudios de Opinión de Cataluña, ya que, en 2015, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la institución española estatal en la materia, dejó de hacer consultas acerca de la Corona. Hasta ese momento, las cifras del CIS mostraban un deterioro considerable en la imagen de la monarquía. En 2011, en una escala de popularidad que tenía como máximo el 10, la institución alcanzó cifras por debajo del 4. En 1994, año en que se comenzó a llevar a cabo la encuesta, el número era de 7,4.
Esa falta de un registro actualizado y los últimos escándalos del monarca emérito llevaron a que el miércoles 16 de setiembre Unidas Podemos presentara en el Congreso una propuesta para que el CIS volviera a preguntar por la monarquía. Pese a que la iniciativa fue finalmente rechazada gracias a los votos del PSOE, el PP, Vox y Ciudadanos, abrió espacio a un debate en el hemiciclo como no había sucedido antes. Marta Rosique, diputada de Esquerra Republicana de Catalunya, agradeció una oportunidad que calificó como «toda una novedad», aunque la discusión fuera «floja» y «poco ambiciosa».
AGGIORNAR LA REPÚBLICA
Pese a la pérdida de prestigio de la monarquía, hasta el momento las movilizaciones republicanas no han sido masivas, aunque últimamente se experimenta una mayor participación. El 25 de julio, más de 40 colectivos madrileños convocaron a una concentración bajo el lema «Frente a la monarquía corrupta y las miserias del sistema, República Popular». También, el 4 de agosto, conocida la huida del rey Juan Carlos, se protestó con caceroladas en las que participaron miles de personas en todo el Estado español con la consigna «En contra del sinpa del rey Juan Carlos I. ¡Que devuelva lo robado!» (hacer un sinpa es irse de un sitio sin pagar).
«Es verdad que se ha dado una mayor coordinación, pero, generalmente, suele ser desde la propia práctica de lucha. No hay como tal una coordinadora a nivel estatal que sea representativa. Ha habido algún intento, pero, desde nuestro punto de vista, no ha sido representativo de la riqueza del movimiento republicano, donde hay que tener en cuenta el movimiento republicano catalán, el vasco, el gallego y el andaluz», explicó a Brecha René Otaduy, vocero de la Coordinadora 25S, colectivo republicano que trabaja en los barrios de la Comunidad de Madrid y que fue uno de los convocantes al acto del 25 de julio.
En los últimos dos años, esa organización, junto con colectivos como Izquierda Castellana, Marchas de la Dignidad, Partido Feminista de España, Izquierda Socialista-PSOE y otras organizaciones de barrio, han realizado consultas republicanas en las que convocan a decidir sobre el modelo de Estado. Son instancias similares a la realizada por el movimiento independentista catalán como preparación del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017. Las consultas republicanas se han efectuado en la Comunidad de Madrid y en ciudades de Castilla y León, y en el ámbito estatal se han instalado puestos de consulta en varias universidades.
Según Otaduy, se busca sembrar conciencia republicana entre sectores más amplios: «El imaginario de la Segunda República no se va a abandonar. La resistencia antifascista de los pueblos fue heroica, y eso está presente en el imaginario colectivo. Aun así, el debate que tuvimos en la articulación de las consultas es que a ese discurso más histórico, más memorialista, había que renovarlo. Para ello se crearon diferentes enfoques de ese nuevo discurso republicano, que plantean la conexión entre la precariedad laboral, el problema del patriarcado y las violencias machistas, la degradación en los barrios, los ataques a la sanidad pública, a la educación pública».
En esta línea se plantean grandes movilizaciones para el mes de octubre, con una línea amplia en defensa de los servicios públicos y con otra línea complementaria, estrictamente republicana, para noviembre, cuando se discutan los presupuestos. Para el portavoz de la Coordinadora 25S, este será el momento para lanzar la idea de que la única manera de tener soberanía política y económica es con un modelo republicano. «El discurso histórico que plantea que este régimen es heredero del franquismo y que Juan Carlos fue nombrado por Franco, ese discurso que mira hacia la Segunda República, tiene un techo. Y si queremos derrotar a la monarquía, que creemos que es posible, hay que mirar a la realidad actual. Y ver cuáles son las consecuencias de vivir en un régimen de estas características en la cotidianidad actual de la gente.»
