Los fuegos se prendieron ni bien llegó al país el fatídico SARS-CoV-2. Con la caída drástica de la actividad social, las ollas populares respondieron, como en tantas otras crisis, para combatir el hambre de trabajadores precarizados, informales o directamente desempleados. A más de un año de decretada la emergencia sanitaria, esos fuegos siguen prendidos. En diciembre de 2020, un estudio de la Universidad de la República (Udelar)1 contabilizó al menos 700 ollas y merenderos populares en el territorio nacional. Un informe de Solidaridad Uy2 (organización impulsada por estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Udelar) publicado la semana pasada contabilizó, sólo en Montevideo, 285 iniciativas solidarias activas en marzo de 2021 (ollas, merenderos y canastas).
Ante la perezosa reacción del Estado, las ollas se han sostenido, principalmente, con la solidaridad vecinal. En agosto de 2020, nació la Coordinadora Popular y Solidaria (CPS), organización que hoy integran 180 ollas de 14 redes barriales de Durazno, Salto, Canelones y Montevideo. En noviembre, el presidente, Luis Lacalle Pou, encargó al ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, que su ministerio hiciera un relevamiento de ollas, pero el estudio no obtuvo resultados concretos ni produjo informes. Las primeras ayudas para las ollas llegarían en diciembre mediante el Instituto Nacional de Alimentación (INDA) –una unidad ejecutora del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES)–, que firmó un convenio para abastecer, por el verano, a ollas de Salto, Canelones, Ciudad del Plata y Montevideo. Esa asistencia alcanzó a repartir 17 millones de pesos, pero el convenio venció el 28 de febrero y no se renovó.
El 2 de marzo, en su comparecencia ante la Asamblea General, Lacalle Pou anunció que este año se destinarían 200 millones de pesos del Fondo Coronavirus para las ollas populares. Un mes y medio más tarde, esa ayuda seguía sin llegar a las ollas. El 13 de abril, el MIDES respondió a un pedido de informes de la diputada comunista Micaela Melgar afirmando que «el plan de acción consiste en apoyar a la Red de Ollas con víveres secos a través de estas organizaciones y víveres frescos a través de Redalco», empresa dedicada a rescatar frutas y verduras entre los millones que se descartan por año. «La compra de alimentos se lleva adelante a través del Sistema Nacional de Emergencias […]. La distribución se estableció en los convenios suscritos a través de Redalco», fue la respuesta oficial del Ministerio.
Sin embargo, dos días más tarde el ministro Bartol –junto a Lorena Ponce de León, esposa del presidente– anunció que las ayudas para las ollas de Montevideo y la zona metropolitana llegarían a través de un convenio con Uruguay Adelante (UA), un actor que no había sido mencionado en el informe a Melgar. Aunque el convenio aún no se ha hecho público, el MIDES comunicó que transferirá, hasta fin de julio, 65 millones de pesos a esta entidad para que se encargue de la compra de insumos para las ollas de Montevideo y parte de la zona metropolitana. También se comunicó que posiblemente el convenio se renueve por el mismo monto. Para el resto de los departamentos del país, la ejecución de las ayudas estará en manos del INDA, al que se le adjudicó una partida menor (de 50 millones de pesos), que se administrará en acuerdo con las intendencias.
Fuentes del INDA dijeron a Brecha que las transferencias de dinero y funciones a UA generaron disconformidad en el instituto dirigido por Ignacio Elgue, de Cabildo Abierto (hermano del subsecretario del Ministerio de Defensa, Rivera Elgue). En diálogo con este semanario, el responsable del INDA declaró que «se discutió cómo apoyar a las ollas. El ministro tomó la decisión. A partir de ahí, no hay lugar para disconformidades». A su vez, el director aclaró que, contrariamente a lo que se ha sostenido desde UA, no hay técnicos del INDA trabajando particularmente con la organización.
Por su parte, Lucía La Buonora, secretaria general de la Unión de Trabajadores del MIDES (Utmides), recalcó a Brecha que «llama la atención la poca trayectoria que tienen estas personas. No son reconocidas en el ámbito de las políticas sociales ni de las políticas alimentarias. No tienen formación, no tienen experiencia. Nadie sabe quiénes son». Algunas pistas pueden rastrearse.
RÁPIDOS PA’ LOS MANDADOS
Según el mencionado estudio de la Udelar, UA realizó su lanzamiento el 27 de julio de 2020 en la cervecería Montevideo Beer Company de Punta Carretas, ubicada en el entorno del municipio CH. La tarjeta que convocaba al evento invitaba a compartir «un típico plato de olla popular». En UA confluyen distintas iniciativas vinculadas a fundaciones y modelos de responsabilidad empresarial que venían colaborando con donaciones desde el inicio de la crisis sanitaria.
Sus referentes públicos son dos. Uno es Jesús Graña, un chef que cocina en un programa de VTV y afirma tener un perfil de izquierda y haber estado vinculado al Frente Amplio (FA) en Carmelo (M24, 20-04-21). El otro es Santiago Pérez que, según su currículum de Linked In, es licenciado en negocios internacionales e integración por la Universidad Católica (UCU), ha trabajado en proyectos de fútbol sala de nivel internacional, tuvo actividades de marketing corporativo y pasajes por el mundo financiero. También trabajó en la UCU junto a Diego Escuder, actual director general de secretaría de la cancillería y redactor del apartado de política internacional de Lacalle Pou en la última campaña electoral. Además, Pérez fue docente en Los Pinos, el centro educativo del Opus Dei fundado y dirigido por Bartol hasta su designación como ministro. En 2016 organizó un movimiento de colaboración con los afectados por el tornado de Dolores.
Pérez estuvo presente en un reciente seminario de la Udelar.3 De su intervención se desprende que la articulación de UA se concretó a impulsos de los donantes. «Cada vez que pedíamos donaciones […] se repetía el discurso de “yo te dono […] pero te estoy donando a vos, a la olla del barrio y a Canastas Uy… Júntense”. Cuando eso te lo dicen una, dos, tres veces, empezás a ver que había una idea repetida, que además era muy lógica. Al estar todos separados estábamos siendo muy poco eficientes en cuanto a los movimientos», dijo Pérez en el seminario.
La eficacia y la eficiencia son conceptos centrales en esta organización, especialmente en el cruce mediático que sus referentes sostienen con la CPS desde que se firmó el convenio con el MIDES. Sin entrar en comparaciones de técnica logística, la velocidad adquiere un rol eminentemente político en el discurso de UA. Según Jesús Graña, «la gran diferencia que tenemos con la CPS es que […] cuando las ollas pasan a levantar los insumos hacen una cola como si estuvieran pasando por un lugar de expendio de comida, de manera muy ordenada, y en no más de media hora, 40 minutos, la olla retira los insumos que tiene para la semana. […] No es que tienen que ir a un lugar y perder cuatro o seis horas estando en un plenario para después retirar la comida» (En perspectiva, 20-IV-21).
Aunque los plenarios de la CPS no se superponen con su distribución de insumos, la celeridad en los procesos se contrapone –en la perspectiva de UA– a los espacios de organización, reflexión y discusión política de quienes sostienen las ollas, que solamente enlentecerían los procesos en torno a la comida. Pero UA no parece ser tan rápida en todos los rubros. En su lanzamiento, en julio del año pasado, sus responsables afirmaban tener «la personería jurídica encaminada». Sin embargo, al día de hoy siguen sin obtenerla y para firmar el convenio con el MIDES recurrieron a la asociación civil Empatía Uruguay –personería jurídica de un emprendimiento similar a UA llamado Canastas Uy– que amistosamente les prestó las firmas.
AMIGOS «MILLO»
Además de los fondos públicos que comenzaron a recibir a través del convenio con el MIDES, estas organizaciones se manejan con recursos «del mundo privado». Así lo explicaba Graña a En perspectiva: «Yo siempre decía, en la jerga entre nosotros, algún amigo “millo” que donaba dinero». Según el chef, los números de UA están «a la vista para quien quiera pedirlos», aunque no figuran en la web de la organización. Para reafirmar la transparencia de UA, sus referentes sostienen que sus economías están auditadas por el estudio Fischer, al que, ahora que administran fondos públicos, se sumarán el MIDES y el Ministerio de Economía.
Brecha le solicitó información auditada a Santiago Pérez, que dijo que «todavía no está, porque todavía no se hizo la presentación. Tenemos una carpeta de Drive donde ellos ven en tiempo real cada movimiento y cada factura. […] Va a estar todo cristalino, pero el MIDES todavía no hizo el primer cierre de la primera tanda». Pérez explicó que manejan plata que sale todos los días a proveedores y eso está detallado en una cuenta bancaria del banco Itaú y en un asiento contable. «Hoy por hoy, nuestro convenio es por 65 millones de pesos [que llegan] en dos entregas. Hemos recibido 32,5 millones, de los cuales» al martes de noche «nos quedaban 9.600.000 mil pesos».
Pero, por otra parte, Pérez dijo a Brecha que el convenio lo firmaron, por Empatía Uruguay, dos personas. Una no la recordaba en el momento de la conversación. La otra firma es la del famoso basquetbolista Joaquín Izuibejeres.
El punto es que Izuibejeres es socio de la firma Fischer/Rubio, especializada en desarrollos inmobiliarios. La asociación del deportista con la firma fue publicada por El País el 31 de julio de 2020. El matutino señaló que los proyectos inmobiliarios desarrollados en ese momento por la firma tenían sitio en Malvín, Punta Carretas y Punta del Este. La web de Fisher/Rubio indica como responsables de la firma al arquitecto Daniel Rubio Porto y al contador Javier Fischer Carve. Entre otras membresías, Fischer Carve es asesor e integrante de la comisión fiscal de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción y es, además, socio director del estudio Fischer mencionado por Pérez. Por lo tanto, la auditoría que según UA garantizaría (junto con las ministeriales) la transparencia en el manejo de fondos no sería plenamente externa ni independiente, como es de estilo, pues para el caso el auditor es socio del auditado.
Pero Canastas Uy (o Empatía Uruguay) no nació a impulsos del célebre basquetbolista, sino de tres egresados de la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo –usina de cuadros de la coalición gobernante (véase «Están preparados», Brecha, 9-X-21)–. El mentor de la iniciativa es el ingeniero Juan Balsa, socio director en Balsa y Asociados. Balsa es un desarrollador de barrios privados en el eje Camino de los Horneros de Canelones (zona de mayor densidad de urbanizaciones cerradas en la zona metropolitana). En 2019 impulsó la creación de Colinas de Carrasco y en setiembre de 2020 comenzó la construcción de Pilar de los Horneros, frente al centro comercial La Tahona Plaza, que es gerenciado por Balsa y Asociados.
Hace pocos días, la Olla Popular Palermo sufrió una catarata de ataques y amenazas informáticas luego de que canal 12 filmara a tres de su referentes con camisetas contra la Ley de Urgente Consideración (LUC; véase recuadro). La violencia se desató luego de que legisladores y asesores del oficialismo reprodujeran las imágenes, asociando la expresión política de la olla a un supuesto compromiso con el FA. Los referentes de UA han criticado por esto a la CPS, de la que afirman diferenciarse por una supuesta neutralidad política. Pero el año pasado, cuando la LUC todavía estaba en discusión, Balsa promocionaba su proyecto Canastas Uy y en la misma nota tomaba posición al respecto: «El gobierno tiene que preocuparse de que esas oportunidades que se generan desde las empresas no se conviertan en problemas, como lo considera la LUC, que esperemos que se vote pronto» (hacerempresa.uy, junio de 2020).
En setiembre de 2020, Balsa fue designado para integrar, junto a Lorena Ponce de León y otras personalidades, el jurado de la primera edición del Premio INJU (Instituto Nacional de la Juventud), un evento promocionado bajo premisas de emprendedurismo y superación juvenil. Se lo incorporó como jurado de «compromiso social» por su proyecto Canastas Uy. En noviembre, el empresario inmobiliario recibió de manos de la vicepresidenta, Beatriz Argimón, el Premio Iniciativa Emprendedora Solidaria de la Agencia Nacional de Desarrollo por el mismo proyecto.
QUE LA CARIDAD NOS SALVE
Desde Utmides, La Buonora se mostró crítica con la línea adoptada por el ministerio en el tema alimentario. «Realmente es indignante que esto no pase por el INDA, que se dedica a repartir alimentos, tiene alimentos acopiados y es perfectamente capaz de hacer esto con sus mecanismos preestablecidos y sus propios proveedores. Con muchísimo menos plata se podría reforzar el INDA con recursos humanos, aunque sea temporales, para que se ocuparan de la tarea», enfatizó. «Es cierto que el volumen de alimentos que se está necesitando es muy grande, pero el año pasado se licitó para que el INDA pudiera hacerse de alimentos para distribuir en las canastas. Ganó Ta-Ta. Aún no estaba la LUC en vigencia», apuntó La Buonora. «Nos parece que una de las grandes debilidades de la LUC, que entorpece los procedimientos y la transparencia del Estado, es haber habilitado compras directas por montos tan grandes, porque es verdad que a veces las licitaciones son engorrosas o largas, pero las abreviadas no te llevan más de dos meses», valoró la militante sindical.
En la misma línea, La Buonora señaló que el convenio «implica pasarle por arriba a toda la parte técnica. Perdés control de quién asigna los recursos públicos, cómo se asignan y hacia quiénes van. Esto es una tercerización que tiene un potencial clientelar muy grande». Para esta nota, Brecha intentó comunicarse con Bartol, para consultarle sobre estos cuestionamientos, pero las reiteradas llamadas y mensajes no obtuvieron respuesta.
1. «Entramados comunitarios y solidarios para sostener la vida frente a la pandemia», Dra. Anabel Rieiro, Dr. Diego Castro, Lic. Daniel Pena, Mag. Rocío Veas y Lic. Camilo Zino. Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales y Asociación de Bancarios del Uruguay, abril de 2021.
2. «Un año de Solidaridad Uy. Informe Anual», abril de 2021.
3. «Segundo Seminario Miradas históricas y contemporáneas sobre la pobreza y la desigualdad en Uruguay y América Latina», Universidad de la República, abril de 2021.
Denuncia penal contra Gandini, Lema y Martinelli
Andrea Porta siente miedo. Es la referente de la Olla Popular Palermo que más amenazas ha sufrido. Hace una semana presentó denuncia penal contra el senador Jorge Gandini, el diputado Martín Lema y el asesor del presidente de la República Nicolás Martinelli. Los tres nacionalistas reprodujeron en sus cuentas de Twitter la imagen de Canal 12 en la que Andrea y tres referentes más portan camisetas contra la LUC. En pantalla estaban los teléfonos de referencia de la olla, entre ellos el de Andrea. En el caso de Martinelli, la denuncia –a la que accedió Brecha– destaca la flecha que el asesor colocó apuntando a la cabeza de Andrea. La denuncia también especifica números de teléfono y dos cuentas de Facebook desde donde se lanzaron amenazas e insultos. Una ampliación de la denuncia recae sobre un vecino de la referente cuyas amenazas preocupan particularmente porque es policía y porta un arma.
El abogado patrocinante Darío Madeiro entiende que se configura un delito de difamación e injurias y, posiblemente, de violencia privada e instigación al odio, agravado por discriminación de género al tratarse de una mujer jefa de hogar con una niña de 3 años a cargo. La denuncia recayó en la Fiscalía de Flagrancia de 15.º Turno, a cargo de la fiscal Silvia Porteiro.
El miércoles, cuando Brecha visitó la olla, un usuario contó a quienes la llevan adelante que vio a un hombre sacando fotos en las inmediaciones. «Tenemos miedo a volver a tener miedo en este país», resumió Andrea, que hoy se mueve siempre acompañada.
