“No, ella no está más acá. Está en Flores”, dijo la voz al otro lado del teléfono. La respuesta desde el centro Cimarrones, de reclusión de menores en conflicto con la ley, fue la primera confirmación. La denuncia recibida por este semanario afirmaba que una de las funcionarias que habían ingresado a esa institución mediante el concurso de diciembre pasado había sido trasladada a una dependencia de inau antes de cumplir dos meses de trabajo. La fuente enfatizaba que la relación conyugal entre la implicada y Joselo López, presidente del sindicato de trabajadores del inau, había aceitado el traslado.
A primera vista la situación presentaba varias irregularidades. Por un lado, el artículo 71 del estatuto del funcionario del inau establece que sólo se puede pedir un traslado habiendo permanecido al menos seis meses en el cargo.
Por otro lado, el concurso por el que María Quinteros obtuvo el cargo era para cumplir funciones en Montevideo y Canelones, mientras que su traslado fue al departamento de Flores. Según diversas fuentes, Quinteros está radicada en Trinidad y nunca vivió en la capital, por lo que la dirección proporcionada para concursar no habría indicado su verdadera residencia. Ahora bien, Brecha no pudo constatar irregularidades en la obtención del cargo.
Otro punto es que el traslado no fue hacia una dependencia del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), para el que había concursado, sino al hogar de amparo Piriguazú, que no trabaja con adolescentes en conflicto con la ley. Existen, por su parte, diferencias en los perfiles que ambos cargos requieren. El llamado original era para “oficial”, mientras que en Flores pasó a desempeñar tareas de “educador”. Para ocupar el segundo cargo se necesita haber superado un test psicolaboral que no fue realizado a quienes participaron en el concurso de diciembre.
Según supo Brecha, el traslado fue firmado por el director del Sirpa, Ruben Villaverde, y la directora general del inau, Carmen Melo. Consultada sobre las irregularidades, Melo afirmó que éstas no existen. Según dijo, lo que ocurrió en ese caso fue “una permuta”. Una funcionaria de un hogar del inau de Maldonado había pedido su ingreso al Sirpa y desde esta dirección se comunicó la voluntad de una funcionaria, la susodicha Quinteros, de abandonarlo. Así habría funcionado el enroque, según cuenta Melo, que incluiría a su vez a un tercer funcionario de Lavalleja que habría pasado a cumplir funciones en Maldonado.
Todos los consultados para esta nota no dudaron en afirmar que tal procedimiento es común entre las dos instituciones. “Tenemos una especie de cuenta corriente con el inau”, afirmó Villaverde. Y explicó a continuación que los traslados entre estas instituciones son un mero proceso administrativo: “Si no hay objeciones y hay una valoración positiva del director del centro o de la institución implicada, lo que hago es terminar firmándolo”.
Los traslados de funcionarios están a cargo de la Comisión Delegada, integrada por Robert Alonso, José María Mieres y el ya mencionado Villaverde. Consultados por Brecha, los dos primeros afirmaron no tener conocimiento del caso. Villaverde, por su parte, argumentó no recordarlo a pesar de que es su firma la que está estampada al final del acta que habilitó el traslado.
Uno de los argumentos que se manejan para justificar los bajos requerimientos mínimos exigidos para trabajar en la atención cotidiana de adolescentes en conflicto con la ley penal es que aquellos funcionarios que ingresan con mayores niveles de educación formal “no aguantan” el trabajo, ni bien pueden piden un traslado o simplemente renuncian cuando encuentran oportunidades laborales más atractivas y mejor pagas. “Nosotros precisamos funcionarios que permanezcan en los centros”, afirmó meses atrás Robert Alonso, por el directorio del Sirpa, en referencia a la permanente solicitud de traslados por parte de los trabajadores de los centros de privación de libertad.
La falta de funcionarios en la institución es un problema casi permanente, motivo por el cual los requisitos del mencionado llamado fueron rebajados. Así se habría logrado un aumento considerable del número de funcionarios por adolescente internado: uno y medio por cada muchacho, según confirmaron las autoridades.
Ahora bien, parece que la capacidad para sostener el trabajo con estos adolescentes, o la voluntad de hacerlo, no depende tan directamente de cuán alto sea el nivel de formación de los trabajadores, al menos en el sentido señalado por Alonso. Tanto Melo como Villaverde y hasta López reconocieron que la movilidad de funcionarios dentro del organismo es alta y que por semana se reciben decenas de pedidos de traslado. De ser así, uno de los argumentos que se manejan para justificar los bajos requerimientos exigidos para trabajar en la atención cotidiana de adolescentes en conflicto con la ley pierde fuerza.
Volviendo al caso, al insistírsele a Villaverde sobre el corto período que la funcionaria desempeñó funciones dentro del Sirpa y cómo, teniendo en cuenta lo antedicho, esto no fue impedimento para su traslado, el director afirmó que en la Comisión Delegada manejan entre 40 y 70 pedidos de traslado por semana. Sin embargo, según afirmó López, no había ningún pedido pendiente de traslado de la capital al Interior previo al pedido de su mujer.
La noticia ya había circulado en la interna del sindicato. López no tardó en contestar a las acusaciones en una carta publicada en Facebook, en la que reconoce que desde el sindicato “se hacen cientos de gestiones con las autoridades para agilizar traslados”, pero aclara que ni como sindicato ni como agrupación (se refiere a la lista 10, mayoritaria, a la cual pertenece) tienen exclusividad para hacerlo. Afirma que tanto las otras agrupaciones, como las autoridades, también las hacen porque el “amiguismo y el clientelismo” son un dato de la realidad de la institución. López confirmó a Brecha que fue él quien publicó esa carta en la red social, y también declaró: “Hice las mismas gestiones para compañeros que hubo que trasladar, hablar con las autoridades para ver si podemos agilizar los traslados. La misma gestión que hizo el sindicato para que la compañera de Maldonado pudiera venir a Montevideo se hizo para mi mujer”.
Este caso ha ido arremolinando una serie de tejes y manejes a su alrededor, de acusaciones cruzadas y enchastres varios, cuya publicación en estas páginas sólo las teñirían de amarillo. Los traslados claramente no obedecen a ningún tipo de idoneidad para la tarea, y como terminó afirmando López, “no se estudia en ningún lado para ingresar al inau, ni para los servicios de seguridad ni para los diurnos”.
Así, queda un eterno sujeto omitido, permanentemente a la sombra, como si se lo hubiera tragado la tierra, o una puerta doble, bien gruesa, igualita a la de una cárcel. n
* Véase Brecha, 11-I-13.