El cierre de los festejos por los 40 años de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo en el Centro Cultural Kirchner tuvo un sabor especial. Estela de Carlotto anunció, pasadas las diez de la noche del jueves 26 de octubre, la restitución de la identidad a la nieta número 125, hija de Lucía Tartaglia, una militante montonera secuestrada en noviembre de 1977 en la ciudad de La Plata, pero vista por última vez en el circuito de centros clandestinos de detención Club Atlético-El Banco-El Olimpo (Abo) de la ciudad de Buenos Aires. Allí quedó embarazada de otro detenido, Horacio Cid de la Paz, quien recuperó su libertad y salió del país en febrero de 1979 rumbo a Londres. Cid de la Paz declaró por vía consular en la causa 13/84, que dio origen al juicio a las juntas militares en 1985. El caso de la nieta 125, cuya identidad permanece en reserva, llegó a la justicia y la joven que hoy tiene 38 años finalmente aceptó hacerse los estudios en el Banco Nacional de Datos Genéticos para conocer su verdadera identidad. El mismo jueves 26 el juzgado recibió los informes y se comunicó con los familiares maternos de la joven. A la noche fue todo fiesta y por partida doble en el Centro Cultural Kirchner: mil personas escucharon a la banda de Gustavo Santaolalla, Ignacio Montoya Carlotto y a Magdalena Fleitas, vieron los videos con la historia de las Abuelas y celebraron las sucesivas intervenciones en palabras de las cumpleañeras. Tras el anuncio de la recuperación de la nieta 125, estallaron los aplausos. Entonces, la titular de Abuelas dedicó el logro “para los que nos hablaban de curro”, en alusión directa al presidente Mauricio Macri, quien en 2015, cuando asumió la presidencia, anunció el fin del “curro de los derechos humanos”.
VICTORIA EN MANO. Con su triunfo en las elecciones legislativas del pasado 22 de octubre el oficialismo argentino tomó un nuevo impulso para proponer cambios en materia de derechos humanos. Elisa Carrió, la ganadora en la elección de diputados nacionales por la Capital Federal (con el 50,9 por ciento de los votos), avisó en una reunión privada en plena campaña electoral que estaba dispuesta a impulsar desde el Congreso un proyecto de ley para revisar las condenas por delitos de lesa humanidad que no hubieran sido debidamente acreditadas durante los juicios orales. “Hay casos muy mal juzgados, sin pruebas”, aventuró el 13 de octubre ante el ocasional auditorio en el club Harrods Gath & Chávez, ubicado en el corazón del barrio de Belgrano. Uno de los asistentes al evento la grabó con su celular y compartió las imágenes con el portal informativo Infobae, que decidió publicarlo, curiosamente, recién el 29 de octubre. En el video Carrió reconoció que en 2003 había participado en el proyecto de ley para anular las leyes de obediencia debida y punto final –sancionadas en 1986 y 1987 bajo el gobierno de Raúl Alfonsín–, “pero –aseguró a los presentes– no para una venganza como la que llevó a cabo el kirchnerismo”. Desde el Instituto Hannah Arendt –que Carrió creó en 2003 y que desde entonces funciona como su búnquer de “formación cultural y política”– la legisladora anunció que ya están trabajando sobre el proyecto de ley para revisar las causas, las sentencias e incluso algunos de los juicios en curso por delitos de lesa humanidad. “Hace falta esperar y lograr los consensos para eso”, había dicho la diputada, micrófono en mano, durante la reunión. Parece claro que el tiempo del consenso para presentar esa reforma acaba de llegar. “Es seguro que (el proyecto de ley) estará en la Cámara de Diputados el año próximo, aunque quizá ingrese antes de fin de año”, indicó a Brecha un colaborador de Carrió que prefirió no revelar su nombre.
Resulta improbable que en este asunto Carrió actúe como una outsider, y que su propuesta no cuente con la venia del presidente, Mauricio Macri.
El gobierno de Cambiemos desarrolla una política ambigua en el terreno de los derechos humanos. Por un lado ha permitido ciertos actos asociados a la tradicional política de memoria, y por otro ejecuta acciones contrarias a ella, todo bajo el manto de la diversidad de opiniones. La organización de dos recientes encuentros lo ilustra bien.
UN CURIOSO EVENTO ESTUDIANTIL. Entre el 22 y el 24 de setiembre el Ministerio de Cultura auspició un encuentro de estudiantes de ciencias sociales de universidades de todo el país bajo el título “Ideas. Pensemos juntos el futuro”. Según denunciaron los propios convocados, en el evento les fueron planteados ejercicios sobre enunciados como “hay que aceptar cierto grado de impunidad para la paz”, “para reconciliarse es necesario cierto grado de impunidad”, “la democracia es la dictadura de las mayorías” o “la memoria genera acciones de horror, tóxicas”. En el encuentro se le preguntó a cada participante sobre sus filiaciones políticas y si había participado en la marcha contra la decisión de la Corte Suprema de computarles a los condenados por delitos de lesa humanidad dos años de condena por cada año cumplido en prisión. Entre los 13 invitados internacionales que dieron conferencias magistrales se encontraban el filósofo francés Bernard Henri Levy –renegado del mayo francés de 1968, ahora amigo y consejero del ex presidente francés Nicolas Sarkozy– y David Rieff, hijo de la ensayista estadounidense Susan Sontag, un crítico de arte y periodista que considera necesaria una dosis de olvido especialmente en situaciones de guerras y genocidios, y para quien los “derechos humanos fueron un invento de la izquierda europea derrotada tras la Segunda Guerra Mundial”, según confesó a Brecha. Curiosamente, también participaron del evento el escritor nicaragüense Sergio Ramírez, ex vicepresidente de su país durante el primer gobierno sandinista en 1979, y el editor de la revista francesa Charlie Hebdo, Gerard Biard, entre otros intelectuales y científicos.
El ministro de Cultura, Pablo Avelluto, quien organizó el encuentro, señaló que su intención era “provocar, desafiar los lugares comunes de nuestras ideas, detectar los nuevos temas y los nuevo problemas para construir nuevos puntos de vista”. Según el programa de ese evento, la memoria no parecería ser parte del menú de propuestas para la Argentina contemporánea.
AMBIVALENCIA. Sin embargo, con menos de una semana de diferencia, fue organizado un encuentro muy diferente en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. En los edificios de la vieja y emblemática Escuela de Mecánica de la Armada (Esma) –el principal centro de detención y tortura de la Armada durante la dictadura de 1976– tuvo lugar el evento “Arte, memoria y política. X Seminario Internacional políticas de la memoria”, organizado anualmente por el Espacio Memoria, que depende de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Dicha secretaría es actualmente conducida por el polémico Claudio Avruj, acusado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) por la familia de Santiago Maldonado de ser responsable de la suerte corrida por el joven muerto. Avruj no participa ni asiste a estos encuentros, pero sí habilita ese espacio. Entre los más de 50 invitados que participaron de las mesas de debates e instalaciones artísticas se encontraban las Madres de Plaza de Mayo, intelectuales, docentes universitarios, académicos y autores sudamericanos (como Alejandro Gamboa y Alejandra Arenas Grisales, de Colombia; Rubem Fonseca de Oliveira, de Brasil; Luciano Sáez Fuentealba, de Chile). En esta ocasión fue presentado el libro La lucha por el pasado. Cómo construimos la memoria social, de la socióloga Elizabeth Jelin, quien rescata el valor de la memoria en permanente movimiento de acuerdo a las fluctuaciones sociales.
LA FIGURA DEL “TERRORISTA”. Las contradicciones del gobierno no impiden que lleve adelante una política que retoma la senda represiva, más cercana a la filosofía de la dictadura de 1976, de la que pretendieron apartarse los gobiernos de Raúl Alfonsín y Néstor Kirchner. Con la legitimación que representan los últimos resultados electorales, el gobierno considera la posibilidad de instalar, como en otros tiempos, dos figuras a perseguir con el aparato represivo estatal: el narcotraficante y el terrorista.
A ello se dispone el ministro de Defensa, Oscar Aguad, un radical amigo del general Luciano Menéndez, condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad. El 17 de julio pasado asumió la cartera ministerial y ya liquidó la ley de medios del kirchnerismo. El ministro avisó que tiene la intención de “reestructurar a las fuerzas armadas para ponerlas a tono con los nuevos tiempos”, lo que incluye la posibilidad de que participen en la lucha contra el terrorismo. Para eso deberá modificar legislación del gobierno de Kirchner, que impide que los militares lleven a cabo ese tipo de acciones, limitando su rol a repeler ataques de otros estados. La aparición de la organización Estado Islámico (EI) daría pie a la modificación de esa norma para habilitar nuevas tareas de inteligencia interna que detecten posibles nexos de agentes terroristas dentro del país. Al frente del área de inteligencia para casos de terrorismo será designado José Luis Vila, un ex agente de la Side en tiempos del gobierno de Fernando de la Rúa, y de fluidos contactos con la Cia.
Las reformas en el ámbito militar no terminan ahí. Aguad plantea reubicar bases y unidades militares de las tres fuerzas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) de acuerdo con las negociaciones entabladas con Washington en pos de avanzar hacia ejercicios militares conjuntos en el Cono Sur durante 2018. La inminencia de la cumbre de la Organización Mundial del Comercio (Omc), que comienza el 10 de diciembre en Buenos Aires, en la que participarán delegados de 164 países, y el encuentro del G 20, cuyas reuniones preliminares se iniciarán a fines de noviembre y se extenderán a lo largo de 2018, con la visita de líderes mundiales como Donald Trump, Angela Merkel, Emmanuel Macron y Vladimir Putin, obligan a acelerar los tiempos y las medidas.
SEGURIDAD Y DEFENSA. Aguad planea trabajar en sociedad con su par del Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich, no sólo para los eventos internacionales sino para el control del terrorismo y el narcotráfico. La ley antiterrorista votada por el Congreso en diciembre de 2011 –en pleno gobierno de Cristina Fernández– sigue vigente y el macrismo no tiene pensado eliminarla. Por el contrario, junto con la ley de defensa, espera complementar el trabajo de militares y fuerzas de seguridad, como Gendarmería, en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, diluyendo las fronteras entre ambas leyes. “El narcotráfico es una de las fuentes de financiamiento del terrorismo internacional”, expresó en un discurso el presidente Macri antes de las elecciones. “Y tenemos la responsabilidad de luchar contra ambos flagelos”, añadió.
En los próximos días ingresará al parlamento un paquete de proyectos de ley provenientes de diferentes ministerios. Aguad y Bullrich colarán entre ellos “las demandas de las fuerzas de seguridad, que vienen reclamando mayor poder de acción en los operativos, pero siempre dentro del marco de la legalidad”, aseguraron fuentes de Defensa a Brecha. Estos reclamos están asociados al caso de Santiago Maldonado, que está fresco y aún irresuelto judicialmente. Gendarmería es justamente una de las fuerzas involucradas en la acción en la que el joven perdió la vida. La iniciativa parece venir del poder coercitivo del Estado macrista, al que el jurista Eugenio Zaffaroni, en una entrevista reciente, le atribuyó “una impronta totalitaria”. Las declaraciones de Zaffaroni coincidieron con la renuncia el pasado lunes de la procuradora general de la nación, Alejandra Gils Carbó, en respuesta al acoso judicial y los pedidos de renuncia del propio Macri y sus ministros Marcos Peña y Germán Garavano. Gils Carbó tuvo una gestión de cinco años en los que la Procuraduría sobresalió en materia de juicios de lesa humanidad y lucha contra el lavado de activos. Desde su llegada al gobierno, Macri reclamó su renuncia pese a que según la Constitución su mandato expiraba recién en 2019. El nuevo oficialismo asegura que es una funcionaria kirchnerista, y la acusó de corrupción en la adquisición del inmueble donde funciona la Procuraduría, además de cuestionarla penalmente por el nombramiento de fiscales suplentes que adscribían partidariamente a una agrupación ligada al gobierno anterior.
Ahora las elecciones del 22 de octubre dejaron vía libre al oficialismo, tal vez para hacer realidad la frase pronunciada por Macri en agosto de 2007 cuando ganó la elección presidencial: “se acaba la era de los derechos humanos y empieza la de las obligaciones”.
