“Levanto la vista y veo huellas. No es una ni son dos, son decenas. Qué digo decenas, son cientos. Pienso en las miles de personas que habrán pasado por aquí en estos días, en este año. Todavía estoy en Nicaragua, quizás a 300 metros de Costa Rica, pero aún no sé exactamente dónde estoy.
Soy Marvia Padilla y desde ayer en la noche estoy tratando de huir de mi país, Nicaragua. Nací en León, justo cuando esa ciudad se convertía en bastión de una revolución, hace casi cuarenta años. Estudié derecho, aunque aún no he egresado. En León tenía una floristería, un “asado” (que es como un establecimiento donde preparamos comida por las noches), y, además, soy cantautora.
Ahora ya han transcurrido ocho horas desde que salí de una casa de seguridad en la que me encontraba desde hace varios meses en Chichigalpa, 100 quilómetros al norte de Managua.
Decidí huir de mi país ayer a la noche, el 8 de setiembre de 2018, justo unas horas después de que tres hombres con armas blancas me persiguieron en el centro de León, después de una manifestación en el parque central de mi ciudad. Yo soy líder activista del Movimiento de Autoconvocados Azul y Blanco.
Salí anoche hacia Managua en bus, luego viajé hasta Rivas, una ciudad más al sur. Allí contactamos a una persona que podría ayudarnos a pasar a Costa Rica. Son grupos organizados dedicados a cruzar personas, “coyotes”, como se les conoce popularmente. Queríamos irnos al otro lado a como diera lugar y pagamos para ello. Creíamos que si íbamos a la frontera de forma regular, nos detendrían y probablemente no contaríamos la historia.
Levanto la mirada y sólo veo fango y bosque. Trataremos de cruzar en un punto ciego a un quilómetro del puesto fronterizo Peñas Blancas.”
En el último año, un número inédito de solicitudes de refugio inundó Costa Rica. Según la Dirección Nacional de Migración y Extranjería de Costa Rica, fueron más de 29.500 los nicaragüenses que solicitaron refugio en ese año y otros 26 mil tienen citas pendientes para formalizar la solicitud. De ahí se extrae la cifra de 55 mil personas refugiadas en Costa Rica que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) difundió este 16 de abril. De acuerdo con esa organización, entre abril de 2018 y abril de 2019 salieron de Nicaragua más de 60 mil personas.
Santiago Navarro, integrante del Centro de Derechos Sociales del Migrante, explicó a este semanario que hasta ahora la llegada a Costa Rica de nicaragüenses se daba, principalmente, por factores económicos o de estudio. “Era una migración forzada, pues no tenían trabajo u oportunidades de sobrevivencia en su país, pero podían optar cuándo migrar. Ahora la condición es distinta. La mayoría de las personas llegan al país a solicitar refugio. Un solicitante de refugio se diferencia del migrante económico, entre otros aspectos, porque no tiene tiempo para tomar la decisión de salir del país, su vida corre peligro, ya sea por su orientación política, sexual, religiosa u otras razones. Para estos casos existen protocolos internacionales de derechos humanos que deben ser atendidos”, sostuvo Navarro.
Ante tal emergencia, Raquel Vargas, directora de Migración en Costa Rica, dijo a Brecha que se ha aplicado una estrategia de atención que convocó a 37 instituciones gubernamentales para que se analizaran todos los escenarios. “Los plazos se mantienen altos, pero hay que tener presente que, una vez recibida la solicitud, se da inicio a la revisión y el análisis por la Comisión de Visas Restringidas y Refugio”, aclaró Vargas. De todas maneras, Navarro se quejó de que en Costa Rica “hay un limbo legal administrativo: la institucionalidad estatal está desbordada” y por eso no se han podido procesar todas las solicitudes. La Dirección General de Migración y Extranjería negó ese extremo y afirmó que todas las solicitudes serán procesadas en un margen de tiempo de 18 meses. “Se valora la posibilidad de emitir la resolución definitiva de cada caso en 2020 o 2021. De todos modos, a partir de la solicitud de refugio, las personas ya se encuentran regulares en el país”, dijo la directora de la institución.
La migración nicaragüense a Costa Rica no es novedosa: desde hace casi cien años, miles de personas viajan del norte al sur para trabajar en el campo, la construcción, la seguridad o el servicio doméstico costarricense. Organizaciones de defensa de personas migrantes estiman en 500 mil la cantidad de nicaragüenses que viven en ese país, un 10 por ciento de la población total. Para Quxabel Cárdenas, activista por los migrantes en Costa Rica y fundadora de la organización Enlaces Nicaragüenses, existen en el país miles de familias binacionales. “El tema de migración dejó de ser un tema de población extranjera para ser un tema de integración, ya que más de 100 mil costarricenses han nacido de padre y madre nicaragüenses, pero la cifra podría ser de 250 mil si se tiene cuenta a los hogares binacionales”, aseguró Cárdenas a Brecha.
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“Hace un momento pasé por un retén militar nicaragüense. Sentí pánico. Pensé que hasta ahí llegaríamos y que nos devolverían y nos encarcelarían o nos matarían. La persona que nos llevaba me preguntó si me preocupaba algo. Le dije que sí, que me perseguía el gobierno y que corría riesgo de que me encarcelaran.
—Tomá mi cédula –me dijo.
Y pasé con la cédula de ella. Ahora, caminando, pienso en mi familia, en mis compañeros, en los muchos que no han podido huir y que enfrentan a un gobierno que los persigue, los encarcela o tortura.”
La recepción de nicaragüenses en Costa Rica es conflictiva. El aumento del ingreso de personas refugiadas ha generado una respuesta negativa de un sector de la sociedad costarricense, que ha llevado a una escalada del discurso xenofóbico a tal punto que, en agosto de 2018, se realizó por primera vez de manera abierta y pública una manifestación costarricense contra los inmigrantes. Para Guillermo Acuña, sociólogo de la Universidad Nacional, esa violencia discursiva “se está haciendo notable a nivel físico. Es decir, en las últimas manifestaciones que tuvimos en la capital tuvimos enfrentamientos violentos entre la población”.
Carlos Sandoval, especialista en temas de migración y académico de la Universidad de Costa Rica, ve con preocupación no sólo el crecimiento de los sentimientos xenofóbicos, sino la colaboración de algunos medios de comunicación en ese auge. “El malestar no nace espontáneamente. Hay algunos temas que han servido como desencadenante de este momento de xenofobia y hostilidad hacia los nicaragüenses. Por ejemplo, la percepción de que los extranjeros son responsables de la violencia, del deterioro de los servicios de salud, de la falta de empleo, constituye el núcleo duro de muchas noticias falsas, a veces incluso fomentadas por los medios”, dijo Sandoval a Brecha. Agrava ese malestar la frágil situación económica de Costa Rica, con un déficit fiscal cercano al 7 por ciento, un desempleo de cerca del diez por ciento y una pobreza estancada en un 20 por ciento desde hace más de treinta años.
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“Somos ocho personas y la que nos ayudó a pasar la frontera desapareció de un momento a otro, aunque le habíamos pagado para que nos llevara de forma segura hasta San José. Caminamos por un bosque por varias horas hasta ver una carretera. Todavía no sabemos dónde estamos, no tenemos geolocalizador, pero al ver los automóviles en el camino ya sólo se ven placas costarricenses.
—¡Estamos en Costa Rica! –grito aliviada.”
En los últimos años, la economía nicaragüense venía en alza. Según datos del Banco Mundial, la incidencia de la pobreza, en 2005, estaba en 48 por ciento y, en 2016, el gobierno de Daniel Ortega había logrado bajarla a 25 por ciento. El ingreso nacional bruto per cápita, el valor de todos los bienes y servicios producidos en el país dividido entre la población, en 2005, estaba en 1.180 dólares y, en 2017, llegó a 2.130, un dato que no refleja la desigualdad, pero que da cuenta de un crecimiento económico del país. Este auge coincidió con un cogobierno tácito entre el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido político liderado por Ortega. Durante más de diez años, integrantes de la gremial patronal ostentaron cargos en comisiones, comités o juntas directivas de instituciones públicas. Esa alianza entre el sector privado y el gobierno, que fue admitida en medios nacionales e internacionales por José Adán Aguerri, presidente del COSEP, se terminó en abril de 2018, justo cuando iniciaron las protestas.
Ya habían sucedido varias manifestaciones contra la intención gubernamental de construir un canal interoceánico y ante la débil respuesta al incendio en la reserva forestal Indio Maíz. Pero fue el 18 de abril que se encendió la mecha con el descontento generado por la reforma de la seguridad social. Una vez retirado ese cuestionado proyecto de ley, las protestas continuaron, pero ahora contra la permanencia de Ortega en el poder. El empresariado, la Iglesia Católica, antiguos cuadros del sandinismo y partidos de todo el espectro político apoyaron las revueltas.
El líder sandinista va por su tercer mandato consecutivo al frente del país. En la elección más reciente, en 2016, consiguió el 72 por ciento de los votos válidos en una elección con la participación de más del 60 por ciento del padrón electoral. Antes había triunfado en 2011 con 62 por ciento y en 2006 con 38 por ciento. Mucho antes, entre 1979 y 1990, había gobernado Nicaragua como resultado de la revolución que sacó del poder a la familia Somoza tras una feroz dictadura de 40 años.
Para el historiador Pablo Morales, docente de la Universidad de Costa Rica, “las críticas a Nicaragua se dan en el marco de una disputa en la región sobre la democracia y lo que ella implica. A los efectos de la legislación nicaragüense, Daniel Ortega no es un dictador. Ese mote es utilizado como discurso político contra Ortega, pero es un presidente constitucional. Muchas fuerzas externas juzgan la cultura política nicaragüense a partir de criterios foráneos, y eso no es válido. En Nicaragua es normal que las instituciones estén vinculadas al partido de gobierno, tal como era en Costa Rica hace pocos años. Puede ser un error, pero es la cultura política del país”. El actual gobierno sandinista ha creado más bienestar social que el anterior, opinó Morales en diálogo con Brecha: “Ortega obtiene su legitimidad porque en esta segunda etapa de su gobierno ha generado incluso más obra social que la hecha en la primera, durante el período revolucionario, porque ahora no hay una guerra”.
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“Dejé atrás a tres hijos: uno de 7 años, otro de 16 y una de 20. También dejé a mi mamá. Dejé una vida hecha allá, con mucho trabajo y labor social. En Nicaragua me persiguen por varios delitos que me endilgan, como incitación al odio. Incluso me han enjuiciado en ausencia, pero yo sé que es persecución política. He estado en contra del régimen desde hace varios años, organicé tranques y movilizaciones. El Movimiento Azul y Blanco es muy heterogéneo, hay de todo dentro de él. Yo soy pacifista, pero sé que hay personas que quieren tumbar al gobierno por las armas.”
El FSLN es todavía el partido más grande de Nicaragua, el más organizado. La oposición, aunque beligerante, no tiene una organización partidaria única, unida. Está dividida en corrientes, partidos minoritarios, estudiantes, otros movimientos sociales y empresariado. Una encuesta de CID Gallup mostró en setiembre de 2018, en pleno auge de las protestas, que aunque el 61 por ciento de la población demandaba nuevas elecciones, el FSLN conservaba todavía un 21 por ciento de apoyo. El siguiente partido en la lista era el Liberal Constitucionalista, con un 4 por ciento.
En las calles de Managua puede verse constantemente a personas particulares con la bandera roja y negra, del FSLN. La oposición dice que son personas que trabajan para el gobierno y que están obligadas a llevarlas, pero ellos lo niegan. Josefina es sandinista y acusó al gobierno de Estados Unidos de generar “caos y confrontación” en el país. Dijo a Brecha que el gobierno de Ortega es “el que más ayuda ha llevado a las familias pobres” y que por eso lo quieren tumbar. En cambio, Jorge, con la cara tapada con un pañuelo blanco y azul, calificó a Ortega de “dictador” y “corrupto” y pidió que se realicen elecciones anticipadas. Alexandro, por su parte, votó por el FSLN, pero ahora cree que ambos bandos cometen errores. La represión no es la solución, pero la violencia en contra del gobierno tampoco, opinó. Marvia Padilla no está de acuerdo con las elecciones anticipadas y piensa que la oposición no tiene articulación política para ganarlas. De hecho, ya se ven en las calles carteles que dicen “Daniel 2021”, que es la fecha en la que deberán realizarse nuevas elecciones, según el cronograma electoral regular, y en las que, probablemente, Daniel Ortega vuelva a ser candidato.
“Llegué a San José. Aún no me siento a salvo, pero estoy más tranquila. No conozco nada ni a nadie aquí. Trajimos dinero para 15 días, pero no creo que nos alcance para ese lapso. Todo es más caro en Costa Rica. Ahora soy una de las 8.252 que ya obtuvo la cita para formalizar la solicitud de refugio en 2019. Estoy buscando trabajo para poder sobrevivir y no pienso abandonar la lucha en Nicaragua. De todas formas, veo difícil que Ortega se vaya. Durará hasta las elecciones de 2021 y podría incluso ganarlas, así que todavía no vemos una salida a esta encrucijada.”
