El presidente de la república, Luis Lacalle Pou, se responsabiliza por la privatización del puerto. ¿Lo hará también por la privatización del agua potable?
En el gobierno de coalición hay un cogollo privatizador que parece funcionar casi con autonomía, como si sus proyectos no estuvieran condicionados por los vaivenes de la negociación política, como si en la estructura del Estado hubiera una especie de ministerio de colonias con una diplomacia de bajo perfil para el relacionamiento con las transacionales y el capital monopólico. El hecho de que algunos de esos proyectos fueran incluidos en la Ley de Urgente Consideración, de que estuvieran sujetos al escrutinio ciudadano en el debate sobre el referéndum y de que quizás ahora retomen vuelo no diluye la certeza de que los dos principales objetivos fueron impulsados directamente por la presidencia con un gran componente de sigilo, que revela, en el momento de conocerse los detalles, el sentido de culpabilidad por tamaño desastre: la concesión monopólica a una multinacional en el puerto de Montevideo y la privatización del agua. En cualquiera de los dos casos, las consecuencias para la soberanía son devastadoras y no parece haber un contrapeso político y social capaz de detenerlas. El hijo cumple el destino manifiesto del padre de privatizar Uruguay, pero lo hace por partes, de una manera más eficiente y provechosa para los intereses beneficiados.
El empuje privatizador cuenta con apoyaturas diversas, algunas más determinantes que otras, que se suman a pesar de que se expresan frente a hechos ya consumados. El escandaloso acuerdo con la empresa belga Katoen Natie –que otorgó el monopolio portuario– fue impulsado totalmente al margen de la Administración Nacional de Puertos (ANP), socio minoritario en el consorcio Cuenca del Plata, y después logró el apoyo de Cabildo Abierto, que hizo un ejercicio magistral de contradicción ideológica en el debate en el Senado: aprobó lo que denunciaba con gruesos tintes de nacionalismo antimperialista. Ahora, una mayoría de ministros del Tribunal de Cuentas (TCR) decretó convalidar el acuerdo –que firmó el entonces ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber– sin formular ninguna observación, incurriendo, a la vez, en la manifiesta contradicción de admitir al mismo tiempo la existencia de varias irregularidades que fueron señaladas por los asesores de la ANP e ignoradas por el presidente de ese directorio, Juan Curbelo.
«Yo estoy muy preocupado, porque en el TCR primaron las valoraciones políticas sobre las valoraciones jurídicas para sacarle las castañas del fuego al gobierno», declaró a varios medios el senador frenteamplista Charles Carrera, quien anunció que, a pesar de todo, el pronunciamiento del TCR será incorporado al expediente de la denuncia judicial que investiga el fiscal de delitos complejos Gilberto Rodríguez, quien inició la ronda de interrogatorios a los testigos. La declaración de Alejandra Koch, representante del Frente Amplio (FA) en el directorio de la ANP, será un elemento clave para determinar la responsabilidad de Curbelo. «El contrato entre el gobierno y Katoen Natie nunca fue tratado en el directorio y nunca hubo asesoramiento previo», dijo en la fiscalía, de acuerdo a lo recogido por La Diaria (21-IV-21). El testimonio del gerente del Área Jurídica Notarial, Edgardo Amoza, revela que Curbelo le ocultó al directorio un documento que ponía en cuestión la pretensión de Katoen Natie de gozar de derechos exclusivos para el operativo portuario y que fue la excusa que utilizó el gobierno para, supuestamente, impedir un juicio internacional contra el Estado por más de 1.000 millones de dólares.
La determinación de impulsar contra viento y marea la privatización de ciertas áreas estratégicas exhibe un modus operandi, inflexible aunque desaliñado, que tiende a repetirse. Si la concesión del operativo portuario en régimen de virtual monopolio afecta nada menos que el movimiento físico de exportaciones e importaciones, la pretendida privatización de OSE dejará en manos privadas el botín más grande de un bien social que atrae, como en su momento lo hizo el petróleo, la avidez del capital monopólico: el agua potable.
Un informe elevado a la dirección del FA por el integrante del directorio de OSE Edgardo Ortuño advierte sobre el peligro de un proyecto privatizador, encaramado en un contexto de recortes presupuestales que debilitan notoriamente al ente. Esa política presupuestal impulsada por el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el economista Isaac Alfie –una suerte de balcanizador del Estado, que invariablemente privilegia los intereses corporativos, ya sea los de los modestos empresarios vernáculos como los de las más grandes corporaciones mundiales–, significó para el ente una reducción del 25 por ciento del funcionariado (826 puestos de trabajo) y un recorte de inversiones por 240 millones de dólares respecto de lo previsto por la administración pasada. Con esas limitaciones –que no son ni circunstanciales ni inocentes– OSE debe resolver el dilema de la demanda de agua potable, que podría implicar un colapso en 2045. La solución prevista hasta ahora era instalar una represa sobre el arroyo Casupá que triplicara la disponibilidad de agua bruta embalsada. Según Ortuño, la obra tenía un costo de entre 80 y 100 millones de dólares y contaba con el financiamiento de la Corporación Andina de Fomento.
Pero el proyecto Casupá no previó la formidable oposición del proyecto Neptuno, una propuesta lanzada por Lacalle Pou en marzo del año pasado y anunciada en el Parlamento. Neptuno consiste en invertir 200 millones de dólares para edificar una nueva planta potabilizadora en el Río de la Plata que incluya la construcción de una toma de agua bruta en el estuario, en la zona de Arazatí (San José), la construcción de una estación de bombeo de agua tratada y la instalación de una tubería aductora de 80 quilómetros de longitud hacia el sistema de Montevideo.
Las empresas Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast fueron las encargadas de estudiar la factibilidad de Neptuno. A comienzos de abril el consorcio entregó el estudio final, que propone cinco opciones. La más simple es la construcción, para OSE, de la toma de agua en el Río de la Plata; la más ambiciosa, la construcción, la operación, la gestión y el financiamiento de toda la obra, manteniendo la propiedad de esta hasta su transferencia al Estado al final del contrato. En esta última opción, OSE le pagaría al consorcio un canon durante 30 años y perdería el control del suministro de agua potable del 60 por ciento de la población del país. Como era de esperar, esta fue la opción preferida de Alfie y fue sugerida para que la impulsara el Ministerio de Ambiente. Por ahora, el debate sobre la conveniencia de las posibles soluciones se concentra en el directorio de OSE, en el que una mayoría oficialista parece inclinarse por la solución más costosa y perjudicial para los intereses del país.
El hecho de que la privatización del agua por medio del mecanismo conocido como BOT (siglas en inglés de construcción, operación y transferencia) implique, además, una violación de la Constitución no parece ser un obstáculo insalvable para el gobierno, como no lo fue la inconstitucionalidad de otorgar el monopolio en el puerto por la vía de un decreto. La aplanadora privatizadora cuenta por ahora con el respaldo del presidente, quien, a propósito de la indagatoria judicial por Katoen Natie, adelantó en Twitter que la responsabilidad era enteramente suya. Hay que aclarar que el castigo por los eventuales delitos no es transferible, lo que lo pone a salvo de cualquier consecuencia.
