Durante el amanecer del lunes 17 de mayo, la marraqueta –el tipo de pan más común en las mesas del pueblo de Chile– sabía «más crujiente y el té más dulce», como reza un viejo adagio popular, atribuido al técnico de fútbol Luis Álamos, que refiere a la agradable sensación del día después de un triunfo del club más popular del país: Colo Colo. Del mismo tenor fue la reacción de la ciudadanía al día siguiente de los resultados de la histórica megaelección de alcaldes, concejales, gobernadores y convencionales constituyentes. Esta última votación, en particular, concentró el interés masivo, por ser la salida política que ofreció la elite política para encauzar el descontento popular expresado en la revuelta a partir del 18 de octubre de 2019.
Aunque solo sufragó el 43,35 por ciento del padrón electoral (en el plebiscito del 25 de octubre de 2020 lo había hecho el 50,9), la votación del 15 y el 16 de mayo inclinó la balanza a favor de las fuerzas transformadoras dentro de la convención que redactará la nueva Constitución. Las agrupaciones no partidarias, con 48 representantes, aparecen como la fuerza política más numerosa dentro del órgano constituyente. Esto sin considerar 40 opciones independientes que se presentaron transversalmente en distintas listas de partidos políticos, ni los 17 escaños reservados para pueblos originarios. Del mismo modo, la lista Apruebo Dignidad –que aglutina al Frente Amplio, el Partido Comunista y otros conglomerados al margen del duopolio político que dominó la escena después de la dictadura de Pinochet– también celebró al obtener 28 plazas.
A la inversa, la lista derechista Vamos por Chile, afín al presidente Sebastián Piñera, no consiguió el tercio de representantes que requería para, teóricamente, bloquear las reformas. Según la ley 21.200, que habilitó el proceso constituyente, «la Convención deberá aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas por un cuórum de dos tercios de sus miembros en ejercicio» y Vamos por Chile obtuvo solo 37 de los 52 escaños necesarios. Los partidos de centro-izquierda de la ex-Concertación, agrupados en la Lista del Apruebo, tampoco sacaron cuentas alegres: apenas lograron 25 cupos dentro de la convención, lo cual fue interpretado como una rotunda derrota.
Con la suma de estos factores, comenta a Brecha la jefa de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Chile, Claudia Heiss; «La convención quedó configurada para reflejar las demandas de la ciudadanía durante el estallido. Es muy valioso que no se parezca mucho al Congreso, pese a que fue electa con las mismas reglas de base de este. La convención tiene paridad de género (algo inédito en el mundo), tiene 17 escaños reservados para pueblos indígenas y eligió a cerca de un tercio de independientes. No tiene el mismo nivel de elitismo social del Congreso. También hay una gran diversidad de orígenes socioeconómicos: un tercio estudió en escuelas municipales, otro tercio en escuelas particulares subvencionadas y el otro tercio en escuelas particulares que no son de elite».
DESDE UNA AJEDRECISTA A UNA CIENTÍFICA
El vasto espectro de perfiles entre los 155 delegados quedó expuesto también en la pluralidad de actividades u ocupaciones. No obstante, prevalecen los y las abogadas (61); el resto abarca desde ingenieros hasta una dueña de casa. Hay periodistas, matronas, profesores, actores, una asistente de párvulos, una machi, un mecánico automotriz, una geógrafa, entre otros. También está la tetracampeona chilena de ajedrez, Damaris Abarca, quien consiguió un cupo como independiente dentro del pacto Apruebo Dignidad. Ella es una de las 77 mujeres que estarán en la convención.
«La distribución que quedó ha sido muy positiva, ya que nadie alcanzó el tercio de freno, menos la gente de la opción rechazo, que no quería cambios. Me interesa instalar una mirada feminista, los derechos de las mujeres, los derechos de niños y niñas, y también el deporte y la ciencia como un derecho social», plantea a Brecha Abarca, representante del Distrito 15, que incluye a comunas de la región de O’Higgins, en la zona central del país.
También figura en la convención Cristina Dorador, bióloga e investigadora de la Universidad de Antofagasta, ciudad de la que es oriunda, que aboga por una constitución ecológica que garantice el derecho humano al agua en un país marcado por la privatización del recurso hídrico y que reúne siete de las nueve condiciones de vulnerabilidad a la crisis climática, según datos de la Organización de las Naciones Unidas. «Creo que vamos a lograr los cambios, porque hay muchas candidaturas que vienen desde los territorios desde hace mucho tiempo. La incorporación de los pueblos originarios permitirá una discusión de alto nivel, debido a su relación con la naturaleza. No tenemos que atrincherarnos previamente en cómo van a actuar ciertos grupos de poder, que aquí son minoría. Hay que consensuar, pero tampoco podemos dejar de mover los límites», dice a este medio Dorador, quien obtuvo la primera mayoría en el Distrito 3, inscrita en la lista Movimiento Independientes del Norte.
Independiente como ella, aunque integrante de la Lista del Pueblo, un bloque que surgió en el mismo proceso para canalizar la representatividad a los movimientos sociales dentro de la convención, es Constanza San Juan, licenciada en Historia y vocera del Movimiento por el Agua de Guasco Alto, que jugó un papel central en el cierre definitivo del proyecto minero Pascua Lama, en la alta cordillera de la región de Atacama. «Estamos comprometidos por un mandato colectivo y popular de las asambleas territoriales de Atacama. Nuestros grandes tópicos son transitar a una sociedad antineoliberal, una democracia directa y un Estado solidario. Nuestro discurso ha permitido que los partidos políticos tengan que correr el cerco», dice la representante del Distrito 4, que clama por que las sesiones de la convención sean en diferentes regiones y transmitidas en directo, para asegurar transparencia, y que «haya mecanismos directos de comunicación con la población de los distintos distritos».
Hasta ahora, el único espacio designado para el funcionamiento de la convención es la sede del ex-Congreso Nacional en Santiago y su trabajo se extenderá por nueve meses desde su instalación en junio o julio de este año, prorrogable a 12 meses. Si el texto final se aprobara en el plebiscito de salida (el que será obligatorio, a diferencia del voto voluntario que rige en la actualidad), la Constitución que sucederá a la de Pinochet entrará en vigor durante el primer semestre de 2022, con un nuevo presidente de la república en ejercicio.
Para la politóloga Heiss, la diversidad en la composición de la constituyente no solo aporta legitimidad al proceso, sino que «lleva a tomar mejores decisiones», pues «tener distintos puntos de vista permitirá que no haya tanto sesgo en la deliberación». En ese sentido, pese a la orientación izquierdista de la mayoría de los miembros de la asamblea, esto no necesariamente se expresará en la nueva carta magna. «El mundo de los independientes no es una fuerza homogénea. La lista de los Independientes No Neutrales tendrá posiciones más moderadas. Uno puede decir que la mayoría está a la izquierda, pero no es lo mismo la izquierda desarrollista que la ambientalista, son visiones distintas. Esta convención no pasará la aplanadora, como creen algunos sectores de la derecha. Yo creo que aquí no hay un clivaje derecha/izquierda, sino más bien elite/ciudadanía», añade Heiss, quien ha estudiado en profundidad la Constitución de 1980 vigente en Chile.
Heiss cree que el agua como derecho humano quedará consagrado en el nuevo texto. Sobre los derechos sociales, sin embargo, asegura que habrá un cierto margen de incertidumbre. «Seguramente el derecho a la salud, a la vivienda quedarán mucho más robustos, pero no basta con establecerlos en la Constitución. Después se necesitan las políticas públicas, las reformas tributarias y las leyes. La Constitución no va a materializar por sí misma esos derechos sociales, pero orientará al sistema político a una concepción más comunitaria».
