El gobierno multicolor y en especial el presidente blanco, Luis Lacalle Pou, han insistido en quitarles trascendencia a los episodios ocasionados a partir de las actividades delictivas desarrolladas por el exjefe de la custodia presidencial Alejandro Astesiano, a pesar de que todos los indicios apuntan a responsabilidades de las altas esferas gubernamentales.
Con el paso de los meses y las semanas (el affaire se conoció a fines de setiembre), el esfuerzo del Ejecutivo ha estado dirigido a sostener el desconocimiento de los pasos del custodio al margen de la ley. Ello estuvo jalonado desde la primera conferencia presidencial, apenas se conoció su detención, en la que Lacalle afirmó que era un «excelente profesional» y que no conocía sus antecedentes (pues de lo contrario no le hubiera asignado la custodia de su familia), hasta su última declaración sobre que se «comieron un garrón», lo que debe entenderse como que fueron estafados en su buena fe. Sin embargo, Lacalle y sus colaboradores inmediatos estaban avisados de la catadura del personaje que durante 20 años gozó de la confianza del presidente y su familia.
Lo impactante es que, en la medida en que avanza la investigación fiscal y se accede a los chats del celular de Astesiano (aunque no a todos: se quitaron de la investigación los intercambiados con el presidente y hoy se sabe que tenía más de un aparato), queda claro que el exjefe de la custodia presidencial tenía, además del tema de los pasaportes, una amplia cartera de negocios y servicios, entre ellos, la posibilidad de acceder al espionaje de dos senadores de la oposición, además de acelerar gestiones de diplomáticos de Emiratos Árabes Unidos para que el número tres del gobierno árabe pudiera reunirse con Lacalle Pou.
Desde la Torre Ejecutiva se afirma el carácter de charlatán y fabulador del custodio, pero nadie explica por qué, si esa era su característica, empresarios (como los españoles que pretendían venderle insumos al Ministerio del Interior, agencias de seguridad privadas radicadas en Estados Unidos o diplomáticos de otros países) tenían su teléfono como referencia en las gestiones a realizar con el gobierno uruguayo. Ello no es posible sin una delegación presidencial para esas acciones. Tampoco sus actividades se pueden explicar sin la existencia de contactos firmes con otras dependencias del Estado, por ejemplo, con las jerarquías del Ministerio del Interior, relaciones que incluso utilizaba para resolver problemas de su entorno familiar y que, además, le permitían recibir dinero, como en el caso de Vertical Skies, cuando mediante Western Union recibió el pago por espiar al senador Charles Carrera. Casualmente, 15 días después de ese cobro, el ministro del Interior, Alberto Heber, presentó una denuncia contra Carrera porque atendió en el Hospital Policial a un damnificado civil que en 2012 quedó inválido luego de recibir un disparo efectuado desde la casa de un subcomisario de La Paloma, en medio del festejo de su cumpleaños. Es decir que hubo una investigación policial de un hecho ocurrido diez años antes y del cual se conservaban grabaciones ilegales. Nadie puede pensar, seriamente, que Astesiano es una réplica uruguaya de Snowden, por lo que la investigación debe dirigirse más hacia arriba y buscar cómo pudo acceder a El Guardián, de acuerdo a lo que manifestó a un empresario sojero argentino.
De paso corresponde afirmar que se mantiene el espionaje en democracia y que esos servicios mantienen un funcionamiento autónomo, al que recurre la derecha cuando lo entiende necesario.
De los chats de Astesiano se desprende el cobro de comisiones por la información brindada a los empresarios que pretendían venderle insumos al Ministerio del Interior. Entonces la interrogante es si el exjefe de la custodia presidencial era el encargado de la «caja chica» y del trabajo «sucio» contra la oposición. Lo que sí parece evidente es que su papel excedía el de asegurar las contingencias riesgosas que pudiera vivir el presidente. Su actividad se asemeja a la de Rasputín, el monje ruso que gozaba de la confianza de Nicolás, el último zar, y que desplegaba todo su accionar en la corte zarista. Rasputín terminó asesinado por la aristocracia rusa, pues su existencia «quemaba» antes los ojos de la población eslava y fungía negativamente para la suerte del monarca.
Heber el miércoles, en entrevista con Telenoche (Canal 4), dijo que solo se había registrado un ingreso ilegal en la ficha de Carrera, de parte de una funcionaria de Aceguá, a la que de inmediato se le había iniciado un sumario, pero que a la ficha de Bergara nadie ingresó. La pregunta es si la Policía tiene fichas de todos los legisladores e incluso de los ciudadanos y cuán legal es eso en democracia, aun cuando no hayan cometidos delitos. Y con qué criterios se arman esas fichas.
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Lacalle Pou, tan afín tiempos ha a las conferencia de prensa, ha desechado esa conducta, no hay un atisbo de autocrítica y se ha limitado en su comparecencias en público a repetir el latiguillo de «ustedes me conocen» para dar a entender que es inocente ante todo este maremágnum de acontecimientos.
En filas de algunos referentes de la oposición y también de politólogos, el análisis de la situación es que, si bien preveían un gobierno neoliberal, ideológicamente dispuesto a retirar al Estado del quehacer económico, les sorprende que en su accionar aparezcan fuertes indicios de corrupción o manejos turbios. Es más, indican que, frente a esos episodios, lo que constatan es que el gobierno acelera sus planteos programáticos, soslayando una respuesta a los insucesos que lo involucran. Se refieren al acelerador puesto en la transformación de la educación, en la reforma de jubilaciones y pensiones, y en la prioridad en las inversiones privadas, como en el caso del proyecto Arazatí o Neptuno, en la privatización del pórtland o en favorecer los negocios de los grandes consumidores de energía en detrimento de UTE.
Lo mismo ocurre en materia de política exterior, en la que sus anuncios de un tratado de libre comercio con China y Turquía son, por ahora, solo eso. La última iniciativa es la firma del Acuerdo del Transpacífico, a despecho de la postura de sus tres socios del Mercosur (Argentina, Brasil y Paraguay), que ya han manifestado su postura contraria al ingreso unilateral de Uruguay. Tampoco se sabe qué ocurrirá con la cumbre del Mercosur prevista para esos días, en la que el país deberá pasar la presidencia pro tempore a Argentina. El Acuerdo del Transpacífico tiene sus mayores reparos en lo referente a la propiedad intelectual, con la consecuencia negativa para los productores de medicamentos nacionales y la situación de los monopolios estatales, en especial en lo referido a las compras públicas. Además, de concretarse, Uruguay no podrá discutir los contenidos, porque, si lo aceptan, es con base en lo ya resuelto.
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Por lo tanto, el panorama gubernamental es seguir adelante, dejando de lado cualquier análisis de lo ocurrido con Astesiano, e insistir con la lógica del «marido engañado», sin tener en cuenta la afectación de la institucionalidad que el affaire ha provocado y las responsabilidades de quienes lo apañaron.
También la oposición, al caso el Frente Amplio (FA), tiene sus problemas. Por un lado, debe cuidar la institucionalidad, a la vez que busca ser implacable con esas desviaciones del poder y el entramado montado, con la aquiescencia de Presidencia, por uno de los hombres de mayor confianza del presidente y su entorno inmediato.
Los primeros pasos son buscar un pronunciamiento del Senado sobre el espionaje a dos de sus senadores. Para el cierre de esta edición estaba prevista una sesión especial de dicha cámara. El FA convocó a los ciudadanos a las barras y a rodear el Palacio Legislativo.
