Siempre es igual: las denuncias que la sociedad civil palestina hace durante décadas son ignoradas por la comunidad y la opinión pública internacionales… hasta que las repiten voces occidentales o israelíes; entonces por fin el mundo escucha, y cree. En el último año esas voces «autorizadas» han hablado alto y acusado a Israel de ser un régimen de apartheid. En enero de 2021, la principal organización israelí de derechos humanos, B’Tselem, dio a conocer un informe titulado significativamente: «Un régimen de supremacía judía entre el río Jordán y el mar Mediterráneo: esto es apartheid». En abril, Human Rights Watch (HRW) publicó un extenso informe de 224 páginas para demostrar que Israel comete los delitos de lesa humanidad de apartheid y persecución, y abonó así la investigación abierta un mes antes por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (véase «La normalidad de Israel», Brecha, 21-V-21). Este mes, Amnistía Internacional (AI) presentó su propio informe, de 278 páginas, bajo el título: «El apartheid israelí contra la población palestina. Cruel sistema de dominación y crimen de lesa humanidad».
Las tres organizaciones dejan claro que el delito de apartheid, si bien debe su nombre afrikáner al régimen racista de Sudáfrica, está codificado en el derecho internacional. La Convención Internacional sobre el Crimen de Apartheid de 1973 y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) de 1998 definen el apartheid como un crimen contra la humanidad que consta de tres elementos principales: 1) la intención de mantener la dominación de un grupo racial sobre otro; 2) un contexto de opresión sistemática por parte del grupo dominante sobre el grupo oprimido; 3) actos inhumanos cometidos por el primero hacia el segundo. Y adoptan de la Convención Internacional sobre la Discriminación Racial su definición amplia de grupo racial, que comprende no solo los rasgos genéticos, sino también la ascendencia y el origen nacional o étnico. HRW además atribuye a Israel el crimen de lesa humanidad de persecución, tal como lo define el Estatuto de Roma: la privación grave de derechos fundamentales a un grupo racial, étnico o de otro tipo, con intención discriminatoria.
UN SALTO CUALITATIVO
Más allá de sus particularidades, los tres informes coinciden en que Israel impone un régimen de apartheid sobre la población palestina en todo el territorio que controla (y no solo en los territorios ocupados en 1967). Dice B’Tselem: «En toda la región entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, el régimen israelí implementa leyes, prácticas y violencia estatal con un diseño destinado a cimentar la supremacía de un grupo, el judío, sobre otro, el palestino». Y AI afirma: «Casi todas [las autoridades] de Israel, así como las instituciones […] participan en la aplicación del sistema de apartheid contra la población palestina en todo Israel y los territorios palestinos ocupados, y contra la población refugiada palestina y sus descendientes fuera del territorio».
Este cambio de perspectiva supone un salto cualitativo: las tres organizaciones elaboraron durante años informes que exclusivamente investigaban las violaciones de derechos humanos que Israel comete en los territorios ocupados en 1967: Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental. Incluso AI y HRW han sido criticadas por poner en pie de igualdad la violencia del ocupante y la del ocupado. Ahora, en cambio, afirman –al igual que B’Tselem– que Israel impone un mismo sistema de dominación, segregación y discriminación, mediante distintos estatutos jurídicos, sobre los distintos grupos en que mantiene fragmentada a la población palestina: dentro de Israel tiene menos derechos que la mayoría judía, en los territorios ocupados no tiene ningún derecho y, desde 1948, Israel prohíbe el regreso de la que se encuentra en el exilio.
Esto echa por tierra la mitología del movimiento sionista y sus aliados en el mundo, que presenta a Israel como un país civilizado y una democracia plena, que tendría apenas un problema con algunos territorios que ocupa temporalmente y solo por razones de seguridad, pero que va a solucionar apenas se den las condiciones. No importa que esa ocupación temporal dure ya 54 años ni que los líderes israelíes lleven más de una década explicitando que no van a devolver los territorios ocupados y que nunca existirá un Estado palestino.
ALCANCES Y LÍMITES
El informe de AI contiene dos aspectos que lo hacen notable respecto a los de B’Tselem y HRW. En primer lugar, afirma que Israel desarrolló este sistema de dominación desde su misma creación, en 1948, como Estado judío, mediante la limpieza étnica y la destrucción de 500 localidades palestinas (lo que los palestinos llaman la Nakba), con la intención de apoderarse de la tierra y los recursos naturales –que en un 90 por ciento estaban en manos palestinas– y de sustituir a la población árabe –que era, en 1948 y de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), casi el 70 por ciento del total– por población judía inmigrante.
Además, destaca un hecho a menudo soslayado: como elemento central de su estrategia demográfica, Israel niega el derecho al retorno de la población refugiada. Al subrayar su derecho al retorno, AI recoge el reclamo palestino de que este es central para acabar con el apartheid.
No obstante, las críticas palestinas han señalado que ninguno de los tres informes mencionados se atreve a recordar que el apartheid es inseparable del colonialismo ni que en la base de ambos está el sionismo, en tanto ideología racista y supremacista. La semana pasada, Adalah Justice Project, una organización de derechos humanos palestina en Estados Unidos, preguntó a AI a través de Twitter: «¿Es posible acabar con el apartheid sin acabar con el proyecto colonial de asentamiento sionista?».
La doctora en política y estudios internacionales palestina Lana Tatour fue categórica en una reciente columna en Middle East Eye: es fundamental «incluir el reconocimiento del sionismo como la ideología racial que impulsa el colonialismo de asentamiento y el apartheid en Palestina. Negarse a reconocer los fundamentos raciales del sionismo al hablar del apartheid israelí es como negarse a abordar la supremacía blanca al hablar del movimiento Black Lives Matter». Y el activista Mohammed El-Kurd, mundialmente célebre como vocero del barrio Sheikh Jarrah de Jerusalén, sostuvo, a propósito del asesinato de tres palestinos en Nablus esta semana: «Aquí es donde el análisis del apartheid se queda corto: el proyecto colonial sionista en Palestina siempre ha consistido en eliminar a los nativos y su resistencia».
CRONOLOGÍA DE UNA MALA PALABRA
En cambio, la sociedad civil palestina lleva décadas describiendo y denunciando el apartheid israelí como producto del colonialismo y de la ideología racista del sionismo. En su comentario al informe de HRW, en un ensayo publicado por el European Journal of International Law, la abogada de derechos humanos y profesora adjunta de estudios internacionales en la Universidad Rutgers Noura Erakat señala que el intelectual palestino Fayez Sayegh desarrolló en los sesenta una teoría sobre el componente racista del colonialismo de asentamiento sionista, plasmada luego en la resolución 3.379 de la Asamblea General de la ONU (1975), que condenó al sionismo como una forma de racismo (y que fue rescindida en 1991 como parte de los compromisos de Oslo). Erakat también reseña los trabajos publicados en 2008 por una serie de ONG palestinas de derechos humanos, así como el documento estratégico de la sociedad civil palestina organizada en el movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) para la Conferencia de Revisión de Durban (Ginebra, 2009).
Un mérito indudable -que la propia AI reconoce- en el reconocimiento internacional del apartheid sufrido por el pueblo palestino lo tiene el movimiento BDS, que desde 2005 denuncia las leyes, políticas y prácticas discriminatorias que rigen dentro de Israel, en los territorios ocupados y en el exilio. Los informes de B’Tselem, HRW y AI deben verse en el contexto de esos esfuerzos palestinos sostenidos por más de 20 años ante organismos como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Corte Internacional de Justicia y la CPI. La criminalización israelí de las principales organizaciones palestinas de derechos humanos (véase «Algo habrán hecho», Brecha, 4-XI-21) demuestra la eficacia de esa labor para hacer visible el apartheid.
En 2009, el Consejo de Investigación de Ciencias Humanas de Sudáfrica publicó un extenso informe titulado «Occupation, Colonialism, Apartheid?: A re-assessment of Israel’s practices in the occupied Palestinian territories under international law», en el que expertos y organizaciones internacionales (incluyendo las ONG palestinas Al-Haq y Adalah) analizan las prácticas israelíes según las definiciones de colonialismo y apartheid a la luz del derecho internacional. En 2011, fue la sesión del Tribunal Russell sobre Palestina llevada adelante en Sudáfrica la que acusó a Israel de practicar el apartheid.
En la ONU, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial acusó a Israel de practicar el apartheid en los territorios ocupados en su informe de 2012. En el de 2019, extendió la acusación a todo el territorio israelí. En un exhaustivo informe de 2017, la Comisión Económica y Social para Asia Occidental describió el régimen de apartheid israelí. La presión de Israel obligó al secretario general de la ONU, António Guterres, a retirar el informe de la web de la comisión, lo que llevó a la renuncia de su directora, la jordana Rima Khalaf; no obstante, conceptos claves expuestos allí, como el de ingeniería demográfica, han sustentado los trabajos posteriores.
También acusaron a Israel de aplicar el apartheid los líderes sudafricanos Nelson y Winnie Mandela, el expresidente de Sudáfrica Kgalema Motlanthe, varios legisladores de ese país (incluyendo a Nkosi Zwelivelile Mandela, nieto del expresidente), el exministro sudafricano Ronnie Kasrils (judío y militante de la causa palestina) y el arzobispo y premio nobel de la paz Desmond Tutu. El prestigioso jurista John Dugard, también de origen sudafricano, durante su mandato como relator especial de la ONU para los derechos humanos en los territorios ocupados afirmó en un informe de 2007 que las prácticas israelíes tenían características de colonialismo y apartheid, tesis que desarrolló en un trabajo académico en 2013.
Paradójicamente, ya el ex primer ministro y fundador de Israel David Ben Gurion había advertido tras la ocupación de 1967: «Será mejor que Israel se deshaga de los territorios y de su población árabe lo antes posible. Si no lo hace, se convertirá pronto en un Estado de apartheid». En 1976 el entonces premier, Isaac Rabin, hizo una advertencia similar. En 2007 el primer ministro, Ehud Olmert, y en 2010 su par, Ehud Barak, advirtieron que si no se negociaba una solución de dos Estados con los palestinos, Israel se enfrentaría a una lucha al estilo de la sudafricana y sería el fin del Estado judío.
Revisar los vínculos
Reconocer que existe un apartheid en el siglo XXI tiene consecuencias legales y políticas. Por eso Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI) terminan sus informes con exhaustivas recomendaciones dirigidas al Estado de Israel, a la Autoridad Palestina (a la que AI llama a suspender su «coordinación de seguridad» con Israel), a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a la Unión Europea, a la Corte Penal Internacional, a Estados Unidos, a los demás Estados y a las empresas implicadas en la región para que reconozcan el apartheid y actúen en consecuencia.
Al igual que HRW, y en línea con lo que la sociedad civil palestina está exigiendo desde hace tiempo, AI pide a la ONU que, así como jugó un rol clave para acabar con el apartheid sudafricano, nombre un enviado o un comité específico para investigar el apartheid israelí y restablezca el funcionamiento del Comité Especial contra el Apartheid, que dejó de funcionar en 1994.
Además, exhorta al Consejo de Seguridad de la ONU a imponer diversas sanciones selectivas a Israel. La principal de ellas –que reclama desde hace años– es un embargo militar total. Llama también a todos los Estados a cortar sus vínculos militares con Israel, así como a revisar los vínculos comerciales y de otra índole que mantengan con ese país, y a presionar diplomáticamente para que Israel cumpla las múltiples recomendaciones del informe.
Que los informes de B’Tselem y de HRW no despertaran una reacción tan furibunda de Israel como lo ha hecho estos últimos días el de AI puede deberse precisamente al peligro que supone una organización orientada a hacer campañas globales, con miles de activistas y grupos locales repartidos por todo el mundo (véase en este número «De los síntomas a las causas»). De cobrar fuerza, podría ser un respaldo sin precedentes para el movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones, que lleva casi dos décadas impulsando campañas. El momento sudafricano no llegó aún para Palestina, pero hoy se ve mucho más cerca.
Gobierno amigo
A pesar de los informes de Human Rights Watch, B’Tselem y Amnistía Internacional, y de las recomendaciones de esta última, el canciller uruguayo, Francisco Bustillo, visitará Israel en misión oficial entre el 27 de febrero y el 1 de marzo. Según señaló a comienzos de enero al semanario Búsqueda el embajador israelí en Uruguay, Yoed Magen, en esa visita Bustillo firmará varios acuerdos de cooperación con el gobierno de Israel. Para Magen, el de Uruguay es un «gobierno amigo» que ha pasado a integrar la «mayoría moral» con la que Israel cuenta para rechazar las resoluciones en su contra en los foros internacionales.
