La crisis española tiene muchas vetas y consecuencias. Una de las más fuertes es la de los “desahucios”, o desalojos. Es tal vez la que traduce con mayor violencia la dimensión de la crisis, porque es el reverso perfecto de lo que fuera la España de la bonanza, crecida en torno a la “burbuja inmobiliaria”. Hacia fines de los noventa y comienzos de los dos mil más del 10 por ciento del PBI español correspondía al sector de la construcción. “La locomotora española era de ladrillo”, titulaba recientemente el diario madrileño El País para dar cuenta de aquellos “años dorados”. Cuando la burbuja estalló, los legos, los ladrillitos de plástico, volaron en mil pedazos. Y decenas de miles de españoles que se habían endeudado ante bancos que les ofrecían créditos “baratos” para todo y que ellos tomaban pensando en la eternidad de la bonanza, quedaron de patitas en la calle. Literalmente.
El sueño de la “casita propia” se revirtió en pocos años. Según datos que acaba de publicar el Banco de España (el Central español), en 2013 unos 50 mil españoles debieron entregar a los bancos sus viviendas por no poder pagar sus hipotecas, bastantes más que el año anterior. En 80 por ciento de los casos esas casas eran la residencia principal de los deudores. Cada día son desalojadas a lo largo y ancho del país unas 174 personas, mientras hay más de un millón de viviendas vacías. En la España de hoy, donde 6 millones de personas están desocupadas mientras el gobierno, siguiendo a pie juntillas el recetario de la troika FMI-Banco Central Europeo-Comisión Europea, no para de recortar el presupuesto destinado a políticas sociales, “quedarse sin casa equivale a perder una de las últimas seguridades que tenían los ciudadanos”, afirmó la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH, asociación que reúne a los “desahuciados”), al comentar los datos oficiales. Máxime cuando “ya no hay margen ninguno para seguir endeudándose”; el conjunto de los hogares españoles debe hoy lo que nunca: más de 820.000 millones de euros.
A fines del año pasado la Fundación del Español Urgente, una asociación patrocinada por un banco, el BBVA, y una agencia de prensa, EFE, para “propiciar el buen uso del lenguaje en los medios de comunicación”, elegía como la palabra del año en el país a “escrache”. “‘Escrache’ reúne cualidades en dos aspectos: es una palabra con un origen no del todo cierto, pero muy interesante, que ha llegado al español de España desde el de Argentina y Uruguay, y que se convirtió en protagonista de la actualidad y en el centro de una polémica en la que se cruzaban los elementos lingüísticos y los políticos”, decía por entonces el director de la fundación, Joaquín Muller. Los escraches españoles, a diferencia de los rioplatenses, nunca tuvieron que ver con denuncias de prácticas represivas sino precisamente con los desalojos. La mayoría de ellos han sido auspiciados por la PAH y han tenido lugar frente a las casas de directores de bancos o de políticos acusados de “no hacer nada en favor del derecho a la vivienda de los españoles”. Ahora mismo, en plena campaña para las elecciones al Parlamento Europeo, los principales dirigentes del Partido Popular están siendo escrachados. “Votar al PP es votar contra el derecho a la vivienda y a favor de los desahucios”, dice la PAH.
