Por la presente, como intelectuales, activistas sociales y académicos, queremos manifestar nuestro profundo rechazo a la gravísima situación de violencia política estatal y de violación de los derechos humanos que atraviesa Nicaragua, responsabilidad del actual régimen de Ortega-Murillo, lo cual se ha traducido en unos trescientos muertos en los últimos tres meses.
La indignación, el dolor, el sentido de frustración histórica son dobles cuando semejante aberración política es producto de líderes y gobiernos que se dicen de izquierda. ¡Qué puede doler más que la ironía de un líder que se dice revolucionario, emulando las prácticas criminales de aquel dictador contra el que se supo levantar! Y esa indignación se hace más intensa aun cuando este panorama de violencia política estatal es completado con el silencio cómplice de líderes políticos y referentes intelectuales (auto)proclamados de izquierda. La connivencia de cierto establishment intelectual –una izquierda oficialista que suele arrogarse la representación exclusiva de la “izquierda” – ha mutado al calor del poder gubernamental en un sucedáneo del más desbocado cinismo.
Denunciar esta situación tan dolorosa como inaceptable, alzar la voz contra los atropellos a los más elementales derechos y libertades que el actual gobierno nicaragüense viene realizando, no es sólo un deber de solidaridad humanitaria, es también un acto y un llamado colectivo a defender la memoria revolucionaria; a procurar evitar la consumación de esta degeneración política en curso.
No hay peor latrocinio que la defraudación política de la esperanza de los pueblos.
No hay peor saqueo que aquel que va dirigido a depredar las energías rebeldes por un mundo justo.
No hay peor imperialismo que el colonialismo interno que se torna violencia opresiva revestido de retórica antimperial.
Todo eso está aconteciendo en Nicaragua. La tierra que fuera símbolo fértil de la esperanza emancipatoria a fines de los años setenta se ha convertido en un campo más de autoritarismo.
Se ha mancillado la memoria de una de las revoluciones más nobles y esperanzadoras de nuestra América, como lo fue y sigue siendo la de Sandino; la memoria de luchas anticapitalistas de un pueblo sufrido pero valiente, ahora pisoteada para (intentar) encubrir la típica violencia ordinaria de un régimen dictatorial más, de esos que sobran y se repiten en nuestra historia. El otrora líder revolucionario, honrado por la confianza de su pueblo, hoy se ha convertido en dictador, ciego de poder y con sus manos manchadas de sangre joven. Tal el paisaje violentamente amargo de nuestra querida Nicaragua.
Alzamos nuestra voz para condenar públicamente la dictadura en la que se ha convertido el gobierno de Ortega-Murillo. Expresamos nuestra solidaridad para con el pueblo y la juventud hoy, una vez más, levantados en resistencia. Para apoyar y acompañar sus exigencias de diálogo y de paz, de poner fin a un gobierno ilegítimo y criminal que hoy usurpa la memoria sandinista. Lo hacemos con la convicción de que no se trata sólo de “salvar el honor” del pasado, sino, sobre todo, de rescatar y cuidar las semillas emancipatorias del futuro, que hoy se han puesto en riesgo.
17 de julio de 2018
Primeras firmas: Alberto Acosta (economista, Ecuador), Maristella Svampa (socióloga y escritora, Argentina), Raúl Zibechi (ensayista y escritor, Uruguay), Horacio Machado Aráoz (politólogo, Argentina), Hugo Blanco (activista, director de Lucha indígena, Perú), Pierre Salama (economista, Francia), Raphael Hoetmer (historiador, Perú), Roberto Gargarella (abogado, constitucionalista, Argentina), Massimo Modonesi (Unam, México), Edgardo Lander (sociólogo, Venezuela), Arturo Escobar (antropólogo, ambientalista, Colombia-Estados Unidos), Pierre Beaudet (profesor de ciencias sociales, Quebec, Canadá), Gina Vargas Valente (socióloga, feminista, Perú), Decio Machado (sociólogo, periodista español radicado en Ecuador), Horacio Tarcus (historiador, Argentina), Juanca Giles Macedo (educador popular, Perú), Beatriz Sarlo (ensayista, Argentina), Paulina Garzón (activista, Ecuador), Carlos Antonio Martín Soria dall’Orso (abogado, docente y activista ambiental, Perú), Reinhold Sohns (economista, Alemania), Mateo Martínez Abarca (filósofo, secretario de Participación Ciudadana y Control Social, Ecuador), Manuela Lavinas Picq (profesora, Universidad San Francisco de Quito, Ecuador), Yaku Pérez Guartambel (presidente de la Confederación de Pueblos Kichwas de Ecuador –Ecuarunari– y de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas –Caoi–), Ramiro Ávila Santamaría (abogado, Ecuador), Pedro Machado Orellana (Ecuador), Juan Cuvi (Fundación Donun, profesor universitario, Ecuador), Pablo Solon (Fundación Solon, Bolivia), Enrique Viale (abogado ambientalista, Argentina), Boris Marañón (Unam, México), Elizabeth Peredo (psicóloga social, Bolivia), Carlos de la Torre (sociólogo, Ecuador), Carlos Zorrilla (Intag, Ecuador), Carolina Ortiz Fernández (Umsm, Perú), Carlos Castro Riera (presidente del Colegio de Abogados del Azuay, Ecuador), Manfred Max-Neef (Universidad Austral de Chile), Santiago Arconada Rodríguez (activista del agua, Venezuela), Santiago Cahuasquí Cevallos, (antropólogo, abogado, Ecuador), María Fernanda López (geógrafa, Ecuador), Pablo Ospina (historiador, Ecuador)…
(Enviar adhesiones a: declaracionurgentepornicaragua@gmail.com)
