“Dos linajes solos hay en el mundo, como decía una agüela mía, que son el tener y el no tener.”
Sancho Panza
En 1871, un grupo de estancieros liderados por don Domingo Ordoñana entendieron la importancia de dar organicidad y proyección directa al poder terrateniente uruguayo y fundaron la Asociación Rural del Uruguay. A los pocos años, esta organización dotaría de programa a la dictadura del coronel Latorre (1876-1879), y no sería la última vez que una asociación empresarial escribiera un plan de gobierno. Entre los ilustres hombres que acompañaron la obra de don Domingo se encontraba, según diversas fuentes, el doctor Juan José de Herrera.
En 1915, más de cuatro décadas después y en el contexto de lo que luego sería el Alto de Viera a las reformas batllistas, la fundación de la Federación Rural del Uruguay (otra forma gremial de proyección del capital agrario) tendría entre sus ideólogos a otro Herrera: Luis Alberto (hijo de Juan José, abuelo de Luis Alberto y bisabuelo del actual presidente). Este, 16 años después y en alianza con el riverismo liderado por Pedro Manini Ríos (fundador del periódico La Mañana –renacido en 2019 como semanario– y abuelo de Guido), apoyará la reacción conservadora, clerical y antibatllista que en 1933 da inicio a la dictadura de Gabriel Terra.
El riverismo (coloradismo antibatllista) y la Federación serían, a su vez, la cuna política del estanciero Domingo Bordaberry (padre de Juan María y abuelo de Pedro), propietario del medio donde más tarde Benito Nardone (Chico Tazo) iría a espolear la fibra reaccionaria de la pequeña y mediana propiedad rural, al preparar el Interior y la ruralidad uruguaya para confluir en un nuevo “momento antibatllista”, que tendría su victoria electoral en 1958. Ese año la alianza entre la Liga Federal de Acción Ruralista y el herrerismo se impusieron al Partido Colorado al obtener seis de los nueve integrantes del colegiado. De esa alianza herrero-ruralista salió electo senador Juan María Bordaberry, a la postre presidente por el Partido Colorado y más tarde dictador por las Fuerzas Conjuntas.
A contramano del discurso meritocrático, en Uruguay el poder y la riqueza se traspasan desde la cuna. La representación de las fuerzas sociales que gravitan fundamentalmente en torno a la gran propiedad rural se recrea y se reedita intergeneracionalmente bajo la forma de linajes. El caso del herrerismo es quizá el más evidente. Si bien Luis Lacalle Pou inició en sus tiempos de diputado una maniobra política de distanciamiento del golpeado herrerismo-lacallismo con la creación de Aire Fresco, su llegada a la presidencia no es otra cosa que el regreso del viejo herrerismo, en alianza con los herederos del coloradismo riverista y el impulso del medio y pequeño capital rural expresado en el movimiento Un Solo Uruguay, que si bien no forma parte del gobierno, tuvo un rol fundamental en el desgaste del gobierno progresista y en la preparación de las condiciones para este nuevo momento antibatllista al que estamos asistiendo.
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Se repite una vieja fórmula ideológica conocida como “teoría del derrame” y que puede resumirse en las palabras del exministro de Economía Alejandro Végh Villegas, colorado antibatllista que en 2009 apoyó la candidatura del Partido Nacional: “Para que los pobres sean menos pobres, los ricos tienen que ser más ricos”.En conferencia de prensa, el presidente, Luis Lacalle Pou, informó que –aun en esta situación excepcional– su gobierno no afectará con impuestos a los sectores más ricos de la población porque ellos son el “malla oro” que nos va a sacar a todos de la crisis.
Pero el malla oro (la inversión privada) no parece dar señales de que pueda cumplir el rol que el presidente le asigna. Desde 2013, la inversión privada se encuentra en caída. Luego de que entre 2005 y 2012 se duplicara; entre 2013 y 2019 la formación bruta de capital fijo privada (indicador para medir los niveles de inversión del sector privado) acumuló un retroceso del 27 por ciento.
Los datos procesados por Gabriel Oyhantçabal (para su tesis doctoral sobre la relación entre renta agraria, tasa de ganancia y salarios en la economía uruguaya) muestran el conjunto de la inversión y dejan ver la caída de las inversiones a partir de 2013. Incluso evidencian que durante 2018 y 2019 la inversión en capital fijo ni siquiera alcanza a superar la depreciación del capital ya instalado, por lo que la inversión neta es negativa.
¿Esto nos habla de que el empresariado ya no está logrando ganancias? No necesariamente. La información que aporta Oyhantçabal indica que la tasa de ganancia promedio del conjunto de la economía bruta de impuestos e intereses no ha descendido drásticamente en el período considerado y se mantiene en el entorno del 13-14 por ciento anual. (véase gráfica)
Probablemente, la caída de la inversión no tenga que ver únicamente con la leve caída de la tasa de ganancia, sino con el deterioro de las expectativas en el sector real (es decir, el que incrementa la capacidad productiva) y un desvío hacia otras formas de valorización de los activos. En este sentido, resulta relevante desviar la mirada hacia un área un tanto opaca y poco frecuentada en el debate público: el fenómeno de la formación de activos de agentes locales en el exterior.
Si tomamos como referencia el mismo período analizado para la evolución de la inversión local (2013-2019), tenemos que el total de activos privados en el extranjero en ese período se incrementó un 28 por ciento. Es decir, en el mismo lapso que la inversión privada caía en Uruguay, se multiplicaban los activos de privados uruguayos en el extranjero.
Los activos que tienen en el exterior agentes privados residentes en Uruguay son aproximadamente 42.000 millones de dólares al cierre de 2019. Si a este monto le restamos los activos relacionados con las “sociedades dedicadas principalmente a la compraventa” (presumiblemente empresas que se dedican al negocio del trading: compraventa de mercancías como modalidad de inversión en activos de corto plazo), que difícilmente podemos decir que se trata de una fuga de dólares de Uruguay hacia afuera sino de las operativas de un negocio global, y, además, restamos los “créditos y anticipos comerciales”, llegamos a un monto de entre 24.000 y 26.000 millones de dólares, que sería una estimación razonable de la magnitud del desvío de excedentes nacionales para inversión en el extranjero. En esa cifra hay desde inversión directa, como tierras en Paraguay o compra de acciones de empresas en el extranjero, hasta depósitos en cuentas bancarias y portafolios de inversión bajo diversas modalidades financieras.
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Parece claro que, si en condiciones medianamente estables, el capital privado no ha sido una respuesta para las necesidades de reinversión de nuestro país, menos lo será en una situación completamente excepcional e incierta como la que estamos atravesando. Por eso, cuando el actual presidente, en una de sus primeras comparecencias públicas desde el inicio de una pandemia, afirma que no tocará las ganancias del capital porque ello sería perjudicial para todos, no parece estar expresando una estrategia de salida de la crisis consistente ni una respuesta seria y a la altura de la situación, sino más bien un linaje: el de la gran propiedad.
La contracara de esto es que, a casi dos meses del inicio de la pandemia, tenemos un plan de contingencia de proporciones notoriamente insuficientes con recursos menores al 1 por ciento del Pbi y un plan de asistencia alimentaria a la medida de las necesidades calóricas de una familia de ciudadanos liliputienses. Van quedando claras las prioridades del nuevo gobierno. Más allá del photoshop electoral, es cada vez más nítido que la coalición multicolor aparece para expresar la energía social de la gran propiedad en defensa de lo suyo. De ahí su potencia para personificar políticamente este nuevo momento antibatllista. De ahí también su límite.
