Amaneció Manini y, en pocas horas, la flor y nata del Poder Ejecutivo se amontonó a patotear una carta en la que Mario Layera daba razones para apoyar la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC). Guido Manini Ríos dio el tono, Javier García, Luis Heber y Luis Lacalle Pou amplificaron el juicio y la orden de silencio. Layera fracasó y debe callar. Grito, fustazo y patada en los riñones. ¿Otro episodio de la crispada farándula política? ¿Una disputa barata entre milicos? Manini versus Layera, excomandante (del Ejército) contra exdirector nacional (de Policía). Prefiero pensarlo como una confrontación política seria entre dos personas que ahora ejercen ciudadanías civiles, pero hasta hace poco manejaron los recursos de violencia del Estado. Prefiero destacar que se enfrentan políticamente a propósito de cómo creen (uno y otro) que debe ejercer el Estado su violencia.
Este enfrentamiento a propósito del referéndum se enmarca dentro de lo que pomposamente se nombra como asuntos de seguridad. Pero la LUC no trata temas de seguridad, sino de violencia estatal. No insinúa abordajes integrales o innovadores en materia de seguridad, sino lo que sus redactores consideran usos más eficientes de la violencia del Estado. Suyo es el derecho de legislar así, y nuestro el de querer derogar esas leyes. Pero la furia gobernante no se dirige hacia un nosotros abstracto, sino que se desata contra las opiniones del señor Mario Layera. Digo furia porque Manini, García y Lacalle no refutan ninguna razón de las muchas expuestas por Layera. Lo descalifican y ordenan su silencio. Cabe pensar qué es lo que tanto perturba. ¿Es que la carta de Layera desnuda la fragilidad de la LUC en materias de seguridad? ¿Molesta la referencia a los derechos humanos y el Estado de derecho, asuntos tan ajenos al discurso fronterizo de Manini? ¿Los desacomoda una voz autorizada que se atreve a decirles que no? ¿Para estos gobernantes la hipótesis de fracaso anula el ejercicio del derecho de opinión? A propósito, ¿quiénes serían los exitosos en materias de seguridad?, ¿cuándo ocurrió y dónde se puede leer su currículum?
No me corresponde aventurar la evaluación de Layera, su gestión, aciertos o errores. Ni siquiera podría intentarlo, porque mi biografía contiene marcas de violencia ejercida por la Policía durante la dictadura, que representan una barrera irrevocable para poder extender ninguna admiración hacia el desempeño de esa institución. Esa barrera no me impide respetar a un funcionario del Estado que tomó responsabilidades operativas de alta complejidad en una institución cargada de déficits democráticos y procuró construir capacidades para garantizar seguridad y derechos de la población mediante el uso de la fuerza desde un enfoque basado en derechos. Así lo describen quienes compartieron o siguieron de cerca su gestión en una larga trayectoria.
Para terminar, quiero destacar otro significado de la intervención de Layera en un debate político que implicaba más riesgos que beneficios personales. Su carta seguida de la automática y violenta reacción son una señal de cultura política que dibuja los límites del democratismo del bloque gobernante. Nada nuevo, pero importa dejar marcado este momento. Pare, piense y no se olvide. No hay que olvidar esta señal después de que pasen los votos y las cuentas. No hay que perder esta marca cuando las zancadillas dejen lugar al palmoteo complaciente del sistema, cuando las agencias y los comandos digieran castigos o premios y preparen nuevas tareas. No deben extraviarse las imágenes de cómo afronta esta elite gobernante la contradicción y el conflicto… ¡de ideas! Imaginemos su reacción a cualquier emergente conflictiva, de las tantas que producen nuestras sociedades. La tercera década del siglo XXI es una góndola global donde se exponen, sin filtro ni pudor, las violencias disponibles en nuestras sociedades. Nuestras violencias contemporáneas no son casualidades, accidentes ni caprichos, sino procesos de fondo y largo aliento. La gestión social de las violencias es un desafío colectivo que tiene la misma jerarquía y está superpuesto con las grandes encrucijadas civilizatorias y ambientales. El temperamento que adoptan las elites democráticas para la gobernanza de la violencia recorta márgenes y describe el modelo de sociedad posible. Desde marzo de 2020, el bloque gobernante uruguayo no se destaca como administrador prudente de las violencias que atraviesan a la sociedad, sino como agente de amplificación y fogoneo. No me quejo; describo y anoto que el mayor desafío del campo opositor es no silenciarse ni tampoco asimilarse a la lógica de trincheras, violencia automática y descalificación. Para decirlo con una fórmula fácil y sin ingenio, si la política ocurre a lo Manini o a lo Layera.
