Pocos analistas se atreven a opinar sobre el futuro del gobierno de Dilma Rousseff. En las últimas semanas la política brasileña ha dado giros de 180 grados en períodos no mayores a las 24 horas. La única constante en estos primeros ocho meses de gobierno de la dirigente del Partido de los Trabajadores ha sido la amenaza del impeachment, de juicio político a la jefa de Estado. Si hasta ahora se hablaba de este mecanismo como un fantasma que funcionaba fundamentalmente como medida de presión, y se lo había llegado incluso a descartar a partir de los pactos de último momento alcanzados por la presidenta a cambio de un giro copernicano en la orientación económica de su gestión (véase Brecha, 21-VIII-15), en estos momentos un posible “golpe a la paraguaya” se baraja como una amenaza concreta.
En efecto, a fines de agosto Rousseff pensaba que había zanjado esa posibilidad gracias al acuerdo que estableció con el presidente del Senado, Renan Calheiros, en el que aceptaba una serie de propuestas conservadoras conocidas como “Agenda Brasil” a cambio de apaciguar las tendencias golpistas en el Legislativo. La tranquilidad apenas le duró diez días. Mientras el Senado obedecía las órdenes impuestas desde arriba, la Cámara de Diputados, presidida por otro opositor, Eduardo Cunha, buscaba la forma de poder iniciar un proceso que conduzca al apartamiento de Rousseff del gobierno.
Las estrategias de la Cámara se concretaron la semana pasada, cuando se formalizó en el Congreso un Frente Pro Impeachment en el que se involucraron tanto diputados de partidos de oposición, como el derechista Dem, como otros de formaciones pertenecientes a la “base aliada” del gobierno, como el Psc, el Pmdb, el Ptb, SD. Todos ellos se encolumnaron detrás de un texto elaborado por el jurista y fundador del Partido de los Trabajadores Hélio Bicudo, en defensa del inicio de un proceso de impeachment.
Con toda una estrategia de marketing armada, el grupo también dio a conocer un sitio electrónico (www.proimpeachment.com.br) abierto para recoger firmas de ciudadanos y reforzar la decena de pedidos de juicio político a la presidenta que están sobre la mesa de Eduardo Cunha. Hasta el momento casi un millón de personas han firmado. Desde la web animan a los brasileños a colocar sus fotos pidiendo la salida de Dilma. En menos de una semana se ha dado forma a un gran álbum, como si se tratase de un evento de rocanrol.
Lejos del mundo de las redes, el apoyo que esta última petición ha tenido entre los parlamentarios comienza a preocupar a Rousseff y a su partido. Según Carlos Sampaio, líder del Psdb en la Cámara, alrededor de 280 diputados votarían a favor de un impeachment. En teoría les faltarían 62 votos para conseguir la mayoría especial que habilitaría sin cortapisas el juicio, pero un número muy elevado de votos positivos podría dar pie a que el tema pase a consideración del plenario, donde sólo hace falta reunir una mayoría simple de legisladores para concretar la medida.
DE NUEVO LA AUSTERIDAD. La constitución del Frente Pro Impeachment no pudo caer en mejor fecha para la oposición. Un día antes la agencia calificadora estadounidense Standard & Poors (S&P) rebajó la nota de Brasil a sus niveles de 2008. Los principales medios de comunicación nacionales no tardaron en usar la noticia para confirmar la tesis de “la debacle económica del país”, como anunciaba en sus titulares Folha de São Paulo.
El ministro de Hacienda, Joaquim Levy, conocido como “el querido de los bancos”, corrió a hacer un llamamiento a la calma y aseguró que la agencia habría podido precipitarse en su decisión. Pero S&P ratificó su veredicto, y bajó también la nota de una quincena de bancos brasileños debido a la previsión de un déficit primario de unos 30.500 millones de reales. Levy contrarrestó el argumento con el anuncio de un nuevo presupuesto para 2016 en el que se ahorrarían 26.000 millones de reales, dándole la bienvenida a la “austeridad”, en consonancia con la línea económica tan en boga en Europa.
Rousseff no quiso dar la cara a la hora de explicar los recortes y se limitó a decir que se trata de “tragos amargos”. A lo largo de esta semana fueron Joaquim Levy y su par de Planificación, Nelson Barbosa, quienes pasaron al frente y debieron precisar la manera en que se conseguiría ahorrar 26.000 millones de reales.
Entre las primeras medidas confirmadas figuran la congelación del reajuste salarial de los funcionarios públicos, la suspensión de los concursos públicos y recortes por 4.800 millones de reales en programas de vivienda popular como Minha Casa Minha Vida, y de 3.800 millones en el Programa de Aceleración del Crecimiento, dedicado a la construcción de grandes infraestructuras.
La mayor polémica se produjo con las propuestas vinculadas a la recaudación impositiva. El anuncio del retorno de la “contribución provisional sobre los movimientos financieros” (Cpmf), mediante la cual se cobraría un 0,20 por ciento sobre cada transacción económica, volvió a sacar a la luz el eterno debate sobre una reforma estructural del sistema impositivo. Levy prefirió no entrar en la discusión y se limitó a asegurar que esta medida permitiría costear el déficit del sistema de pensiones. Sus argumentos no convencieron a la oposición ni a sectores del PT, que recordaron cómo el Cpmf fue impuesto en la época de Fernando Henrique Cardoso y suspendido en 2007, bajo la presidencia de Lula. “Se trata de otro impuesto indirecto, y sabemos que son los más injustos, porque recaen sobre las personas de baja renta”, señaló el economista Marcio Pochmann.
Entre las pocas medidas anunciadas que defienden una tributación progresiva destaca la que se refiere al aumento del impuesto a la renta de las personas físicas (Irpf) sobre las operaciones de venta de inmuebles. Las otras comprenden reducciones de subsidios y exenciones fiscales a sectores como la industria química o los exportadores. Levy no ha querido ni oír hablar de una posible tasación de las grandes fortunas, o del fin de las exenciones fiscales al lucro de las empresas, una medida que según distintos economistas podría evitar recortes en las áreas sociales.
REACCIONES. Durante toda la semana pasada los movimientos sociales comenzaron a articular una agenda de movilizaciones contra el paquete fiscal de Rousseff-Levy. La congelación del reajuste del salario de los funcionarios públicos cayó como una bomba entre los sindicatos, y fue la Central Única de los Trabajadores (Cut, aliada al PT) la primera en proclamar una movilización.
Otro aliado del PT que ya ha anunciado que saldrá masivamente a la calle es el Movimiento de los Sin Tierra (Mst), preocupado por la posible fusión de los ministerios de Desarrollo Agrario y Desarrollo Social, lo que supondría una notable reducción del presupuesto para la agricultura familiar, que venía en caída libre desde la primera gestión de Rousseff. El Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (Mtst) vuelve a aparecer a su vez como uno de los más reivindicativos y también de los más afectados por los recortes, que han dejado al programa de vivienda Minha Casa Minha Vida casi sin presupuesto. Dentro del propio PT las tensiones se agudizan. Lula ha declarado que está en contra de los recortes sociales, y miembros del partido le han enviado cartas a la presidenta para que tenga en cuenta la historia de la sigla a la que representa.
Pero la mayor preocupación no viene tanto por los recortes ya anunciados sino por los que están en las gateras. La bomba de Standard & Poors y la campaña mediática sobre la crisis económica han allanado el terreno para acabar con gran parte de los avances sociales de la era Lula. Economistas y empresarios hablan sin pelos en la lengua de la “necesidad de recortes profundos” en educación y sanidad. A pesar de que hasta la semana pasada Rousseff aseguraba que ambos sectores eran intocables, la presión del lobby empresarial y bancario puede hacerla ceder de nuevo. “Los chantajes contra la presidenta se acumulan y ella se rinde ante cada uno de ellos. No se da cuenta de que cuanto más cede más le exigen, y la presionan con la posibilidad de un impeachment”, dice el periodista Mário Magalhães. Según el politólogo Pablo Ortellado, la oposición “no quiere que Dilma asuma recortes, quieren que firme el Tratado de Versalles”. El fantasma griego también planea sobre el mucho más poderoso Brasil.
EL PODER VUELVE A LA CÁMARA. Mientras los movimientos sociales organizaban sus movilizaciones contra el ajuste económico, la Cámara de Diputados discutía el cronograma exacto para llevar a cabo el ansiado impeachment. El martes 15 el debate en el Congreso estuvo única y exclusivamente centrado en ese punto. Las peleas entre diputados petistas, que hablaban de golpe, y de la oposición fueron monumentales. La sesión concluyó con la victoria de los “golpistas”, que consiguieron que el presidente de la Cámara les concediera una prórroga de diez días para entregar una petición de impeachment lo más completa posible, “con el mayor número de argumentos y documentos” en su apoyo, según dijo el propio Eduardo Cunha.
El documento elaborado por Hélio Bicudo y Miguel Real Júnior presenta como motivo principal de una eventual destitución de la mandataria las llamadas “pedaleadas fiscales”, es decir el uso de préstamos bancarios para maquillar el presupuesto general. También hacen mención al escándalo de corrupción de Petrobras, y recuerdan la investigación abierta en el Tribunal Superior Electoral sobre posibles delitos electorales cometidos por la presidenta y su partido.
“Si conseguimos la apertura del proceso de impeachment tenemos asegurada la caída de la presidenta”, se congratuló el líder del Psdb en la Cámara, Carlos Sampaio. “Los brasileños saldrán a la calle, igual que pasó con Fernando Collor de Melo.” Aécio Neves, candidato presidencial de ese partido en las pasadas elecciones, está a favor del proceso pero lo mira con distancia. El propio ex presidente Fernando Henrique Cardoso, líder histórico de esa formación política, le aconsejó en una cena privada comportarse “como Getúlio Vargas en la Segunda Guerra Mundial: estar a favor pero no meterse demasiado”.
El fin de semana pasado Dilma Rousseff se mostró clarividente en una entrevista radial: “Utilizar la crisis económica para llevar a cabo un impeachment es la versión moderna de golpe de Estado”.
[notice]Una visión desde Argentina
Lecciones brasileñas
Para cierto progresismo, Lula sigue siendo Gardel por las glorias del pasado. Haber sacado a millones de brasileños de la pobreza es un logro que seguramente amerita el pedestal, pero resulta imposible desconocer que su pupila, Dilma Rousseff, está aplicando, con resultados desastrosos, un nuevo ajuste ortodoxo de consecuencias impredecibles para la continuidad de su gobierno. Un ajuste que Lula defiende con fruición y que, para empezar, ya llevó a la economía a la recesión, aumentó el desempleo y deterioró todos los indicadores sociales. A pesar del esfuerzo fiscal, la confianza de los mercados que frenaría la fuga de capitales no apareció y el real se devaluó fuertemente. El único resultado cierto fue situar a la economía un piso más abajo. No es un dato nuevo, es un proceso más conocido que la ruda, dirían en el campo. Los ajustes expansivos son casos excepcionales y muy particulares, como cuando se creó la eurozona. Claro que allí existió un factor que no suele estar presente en las economías periféricas. Se estaba creando una nueva moneda de reserva mundial teniendo como respaldo a un grupo de los países más desarrollados del planeta, lo que generó una afluencia masiva de capitales. No parecen condiciones muy fáciles de reproducir. Luego está la derecha vernácula (argentina), cada vez con menos capacidad de reacción. La visión de nuestros liberales “centristas” frente al caso brasileño fue decir: “¿Vieron?, teníamos razón”. El lector se preguntará, seguramente, en qué tenían razón.
Bajo esta singular perspectiva Brasil “tuvo que hacer un ajuste” por sus excesos del pasado. Esta sería la visión sanitarista del ajuste, algo así como el ayuno después de la comilona. El detalle de que como consecuencia del ajuste hasta se perdió el ponderado grado de inversión parece un dato accesorio. La idea es que al final del camino de las mejoras sociales está siempre el ajuste inevitable. Si no funciona en absoluto para alcanzar los objetivos declarados no importa, porque el objetivo real de los ajustes es siempre el disciplinamiento de la mano de obra, la mejora de la competitividad vía menores salarios, lo que se consigue bajando el nivel de actividad y el empleo. No es que los ortodoxos sean brutos.
A pesar de los hechos, Lula se paseó la semana pasada por Argentina hablando de las bondades del ajuste fiscal. Su discurso llegó a un primitivismo prekeynesiano. Sostuvo que él fue un trabajador durante 27 años y nunca gastó por encima de su salario, uno de los silogismos contables más elementales de la ortodoxia.
Claudio Scaletta (Economista argentino. Publicado en Cash, suplemento de Página 12. Brecha reproduce fragmentos.)
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Fractura política en tiempos de cólera
El decenio del Partido de los Trabajadores (PT) en el gobierno federal no atisbó un mínimo sentido para una idea tan exótica como la de poder popular –o de poder de los de abajo–. La narrativa (o contranarrativa) que se venía gestando desde la segunda mitad de los ochenta acerca de la ampliación de la ciudadanía y del robustecimiento institucional del espacio público (no sólo del Estado) –que animó la primera década y media de existencia del mismo Partido de los Trabajadores– ha sido tronchada en algún momento, domesticada y reducida al gueto de legitimidad corporativista y clientelar de las Ong.
El neodesarrollismo por el que el PT –o lo que se llamó el “lulismo”– pretendió entonces legitimarse como alternativa amena al orden señorial no tuvo jamás cosa alguna que ver con el andamiaje de los derechos, pero sí con una ideología hedonista dimanada de un cierto proletariado urbano –de donde surgió Lula da Silva– cebado en los valores del “milagro económico” de la dictadura militar; una ideología lastrada en la masificación del consumo y en el espejismo de la suficiencia de las oportunidades individuales.
Así, este proyecto encontró su cauce en una suerte de política de distribución (y reificación simbólica) de bonos (sea cual sea su forma específica): “bono automóvil” en lugar de una política de transportes; “bono vivienda” en lugar de una política de gestión del espacio urbano; “bono universidad” en lugar de una política de educación –educación no en el sentido del entrenamiento de la mano de obra, sino de la formación intelectual de las personas– y todo un largo etcétera.
En esta lógica de los bonos, la “política” se vuelve una política por omisión, expresión elemental de un laissez faire no mucho más que asistencialista. Así que si por fuerza de alguna crisis económica o cambio de gobierno se acaban los bonos, se acaban también los derechos. La “inclusión” no es mucho más que una farsa espasmódica. Esto no llega, evidentemente, a ser siquiera un proyecto socialdemócrata. Es antes bien un glaceado socialdemócrata, en el que, a diferencia de la socialdemocracia clásica, no entra ni pizca de gravamen sobre el capital (incluido el financiero) o el gran patrimonio.
La crisis política reciente en la que se metió el país ha sido deflagrada por la crisis de gestión económica del agotamiento del proyecto neodesarrollista del PT: simplemente no hay más condiciones, fiscales o financieras, si no se alcanza al capital y a las grandes fortunas, para seguir distribuyendo bonos, por el hecho de que tampoco hubo una política productiva más allá de la reprimarización de la economía. El explícito y contundente giro neoliberal, con su mantra de la austeridad fiscal, en la política económica del segundo gobierno de Dilma Rousseff no es más que la testificación definitiva de que, para el PT, el capital (más que todo el financiero) y las grandes fortunas son intocables.
Ricardo Cavalcanti-Schiel (Antropólogo, investigador de la Universidad de Campinas. Tomado de Diagonal, Barcelona, por convenio. Brecha reproduce fragmentos).
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