El fiscal de Corte, Juan Gómez, sabía que la decisión traería polémica. Que debería, como dijo uno de sus allegados, «bancar las críticas» y «comerse el garrón en silencio». La Fiscalía General de la Nación (FGN) dispuso el inicio de un sumario administrativo con separación del cargo y retención del 50 por ciento de los haberes contra el fiscal Raúl Iglesias, por el archivo exprés de unas 300 denuncias por delitos sexuales que habían sido tramitadas en su sede. La decisión se basó en el archivo de esas causas, pero también en el presunto incumplimiento de disposiciones de la ley contra la violencia de género y normas de protección a las víctimas del actual Código del Proceso Penal (CPP).
Sobre principios de mayo, el fiscal de Corte resolvió un enroque en las fiscalías de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia basada en Género. Silvia Lovesio pasó a la sede de Segundo Turno –especializada en violencia doméstica– e Iglesias a la de Cuarto Turno, que concentra la investigación de delitos sexuales. Iglesias tenía como carta de presentación el haber conseguido la primera condena por transfemicidio en Uruguay y asumía decenas de causas, entre ellas, el caso por la presunta violación grupal en Cordón.
Su primera intervención en su nuevo cargo fue controversial: anunció que solicitaría un cambio en las medidas cautelares impuestas a los tres jóvenes imputados en esa causa, que pasarían al régimen de prisión domiciliaria, al entender que no existía riesgo para el devenir de la causa ni para la víctima. Su recorrida por diversos medios de comunicación incluyó una entrevista en el programa La pecera, de Azul FM, ocasión en la que reiteró críticas a la indagatoria por el caso de la violación grupal y aseguró que en Uruguay hay fiscales militantes. Por ese motivo, la Asociación de Fiscales del Uruguay decidió pasar su caso al Tribunal de Conducta Gremial.
Su postura le valió los aplausos de sectores mediáticos, jurídicos y políticos que cuestionan la aplicación de la perspectiva de género en el Poder Judicial (que intenta ser minimizada con la expresión «ideología de género»), con el argumento de que su uso vulnera el principio de igualdad de las partes en el proceso. Un argumento que es utilizado en forma recurrente por la defensa de imputados por delitos sexuales o de violencia doméstica y que tiene adeptos dentro del Poder Judicial.
Por esas intervenciones públicas de Iglesias, también se supo que en pocos días archivó unas 300 causas que estaban en investigación, lo que fue criticado por la Intersocial Feminista. La defensa de la víctima de la violación grupal, en tanto, lo denunció en la vía administrativa. Se afirmó que Iglesias incumplió con su deber de protección a las víctimas en casos de violencia sexual, que incluye, entre otras cosas, informar sobre el avance de la indagatoria o eventuales cambios en las medidas cautelares de los imputados. De esto último, dijeron, se enteraron por la prensa.
El fiscal de Corte, por tanto, solicitó información a los servicios internos sobre los hechos. Con todos estos elementos sobre la mesa, Gómez dispuso el inicio del sumario administrativo contra Iglesias, quien optó por llamarse a silencio para evitar cometer errores como los que pudo haber cometido durante su raid mediático. Sin embargo, allegados a Iglesias dijeron a Brecha que el fiscal defenderá «a muerte su postura», por lo que presentará los recursos administrativos necesarios para que se desestime la investigación en su contra.
Pero, en otro plano, la decisión reavivó las críticas que desde parte del oficialismo se ciernen sobre la gestión de la FGN, que tenían como centro al exfiscal de Corte Jorge Díaz y que ahora se focalizan en Gómez, percibido por algunos como una línea de continuidad de su predecesor. En este contexto, la senadora Graciela Bianchi planteó la citación del fiscal de Corte a la Comisión de Asuntos Administrativos del Senado para que explique la decisión contra Iglesias: «Lo que está queriendo hacer el fiscal Gómez es dar una señal a los otros fiscales de que no pueden tener actitudes o conductas de independencia técnica, cosa que yo vengo diciendo hace años, cuando todavía estaba el fiscal Díaz» (Telenoche, 21-VI-22). En ese momento, Gómez deberá romper con su silencio.
OTROS LODOS
Iglesias integra la directiva de la Asociación de Fiscales del Uruguay. Desde ese lugar, tuvo un activo rol gremial durante los primeros meses de implementación del CPP, junto con el exfiscal Gustavo Zubía, cuando la línea más crítica de la gestión de Díaz asumió las riendas del sindicato. Por eso no extrañó que el hoy diputado colorado fuera uno de los primeros en salir en su defensa.
En sus redes sociales, Zubía aseguró que Iglesias era «un valiente fiscal, [que] se alza contra un sistema que funciona bajo presión y tolera miles de archivos de algunos y no acepta muchos menos de otros», y que su «pecado mortal» fue decirle no a los grupos de presión. Zubía intentó incluso desacreditar el informe del Departamento de Políticas Públicas, que dio lugar al sumario administrativo contra Iglesias.
Ese informe determinó que el universo de causas archivadas incluyera denuncias presentadas entre 2017 y 2022 y que, en la mitad de ellas, el tiempo entre que un integrante del equipo ingresara a la carpeta de investigación en el Sistema de Información del Proceso Penal Acusatorio del Uruguay (Sippau) hasta su archivo fuera de dos minutos; en otras se demoró apenas cinco minutos. También que el 27 por ciento de las causas archivadas tuviera calificación como prioridad «grave-alta» por parte del sistema de DPA (Depuración, Priorización y Asignación), la unidad que distribuye las denuncias entre los fiscales (El País, 21-VI-22). El día con mayor cantidad de casos archivados fue el 30 de mayo, con 71, al tiempo que el 31 de mayo se archivaron 51.
El legislador colorado consideró que el tiempo de permanencia en el sistema informático previo al archivo era «un argumento falaz», ya que el tiempo de permanencia en el Sippau «no es de estudio», sino que sería el lapso que el fiscal se toma para ingresar al sistema y notificar la decisión de archivar. Los fiscales, dijo Zubía, tienen otras formas de analizar las causas, entre ellas, por el Sistema de Gestión de Seguridad Pública y en el expediente en papel.
Sin embargo, fuentes de la fiscalía explicaron a Brecha que hoy en día ya no existe la carpeta física como herramienta de trabajo. «Todo el trabajo se hace a través del sistema –el Sippau –, toda la evidencia está allí; las audiencias tienen audio y filmación, solo se deben buscar las pistas con las declaraciones. Hay expedientes judiciales, pero no son lo habitual. Además, imprimir es un gasto innecesario, que insume mucho tiempo, por eso se imprime solo lo que sea necesario, como un documento que sea difícil de analizar y que haya que subrayar o estudiar en profundidad», ilustró un fiscal a este medio. «El expediente en papel es un vestigio de la cultura inquisitiva», agregó.
Pero el inicio del sumario administrativo reavivó el debate en torno a la gestión de la fiscalía. Sobre este punto también se refirió Zubía, quien aprovechó para pasarle un mensaje al presidente de la república, Luis Lacalle Pou, y al resto de la coalición gobernante sobre la necesidad de designar un nuevo fiscal de Corte y cambiar la estructura jerárquica del servicio, con la creación de un triunvirato, un planteo que estuvo sobre la mesa en reiteradas oportunidades.
Sin embargo, por ahora, sus planteos encuentran poco eco entre sus aliados en el gobierno. Por mandato legal, Gómez puede permanecer en el cargo hasta 2025, cuando cumpla 70 años, y es una figura que genera adhesiones en varios actores del sistema político, incluido en la Torre Ejecutiva. Además, la designación de un nuevo fiscal de Corte requiere del voto de tres quintos de la Cámara de Senadores. La coalición gobernante tiene 18 senadores, por lo que le falta un voto. Eso la obligaría a negociar con la oposición, que por estas horas mantiene una firme postura de defensa de la fiscalía ante los embates del oficialismo.
