Antes de que se creara el país, antes incluso de la colonización, mi familia se dedicaba literalmente a pescar y alimentarse del río. En 2005 se construyó una represa que liberó toxinas químicas en el agua y mi comunidad empezó a enfermar: mi abuela murió, mi abuelo murió, mis primos murieron, uno tras otro, porque el agua estaba contaminada», cuenta Aysha en voz baja a Brecha.
Después de los atentados del 11 de setiembre de 2001, esta joven de la tribu Moshiha-bala del norte de Pakistán tuvo que migrar a Estados Unidos, tras los reiterados ataques y atentados suicidas de las organizaciones terroristas y las campañas de las fuerzas armadas de su país y de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte). Para 2009, 3 millones de personas habían tenido que abandonar sus hogares en las zonas fronterizas con Afganistán, menos de una décima parte del total de personas que han sido desplazadas en el mundo por la llamada guerra contra el terror. Y los números siguen creciendo. Según el informe anual Tendencias Globales, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, a fines de 2021 el número de personas desplazadas por distintas guerras, violencias, persecuciones y violaciones a los derechos humanos ascendió a 89,3 millones, un 8 por ciento más que el año anterior y más del doble que hace diez años.
La realidad detrás de la mayoría de estos conflictos es la óptica extractivista del sistema económico, la sed de petróleo, gas, minerales o campos de cultivo y la sobreexplotación de la tierra, que abanderan el saqueo de recursos en los países más biodiversos. Pese a la centralidad de este tema para la protección del medioambiente, no es esto lo que ocupa el centro de la 15.a Conferencia de las Partes (COP15), que este miércoles comenzó a sesionar en la ciudad canadiense de Montreal. A pesar de ello, la COP15 en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) de la ONU es vista por activistas como Aysha, miembro de la Red Global de Jóvenes por la Biodiversidad (GYBN, por su sigla en inglés), como un escenario en el que, de todos modos, se puede avanzar en decisiones vinculantes en el ámbito internacional que impacten en la pérdida acelerada de biodiversidad que se registra en las últimas décadas.
En 1992, en la llamada Cumbre de la Tierra, celebrada por la ONU en Río de Janeiro, se identificaron tres procesos biofísicos de alto riesgo: la desertificación, la pérdida de biodiversidad y el cambio climático. Desde entonces, se desarrollan periódicamente las conferencias de las partes –una abocada al cambio climático (que se celebra anualmente); la otra, a la biodiversidad (que suele tener lugar cada dos años)–, reuniones que congregan a los gobiernos de todo el mundo para revisar los avances en la aplicación de los convenios internacionales relativos a estos temas.
La COP de la biodiversidad es el órgano rector encargado de examinar la aplicación del CDB, un acuerdo presentado hace 30 años y ratificado por 180 países, que busca crear estrategias para frenar la pérdida de ecosistemas y especies a través de su implementación en políticas nacionales y locales. La actual edición, la número 15, es la más importante de esta década, pues en ella se está negociando el plan estratégico para la diversidad biológica de los próximos diez años.
Durante la conferencia, también se revisará el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, un acuerdo complementario al CDB que entró en vigor en 2003. De esta revisión se desprenderá el rumbo que tomarán, en la próxima década, los organismos genéticamente modificados, así como otras tecnologías similares, teniendo en cuenta sus eventuales efectos adversos para la diversidad biológica y la salud humana.
También se discutirá el protocolo de Nagoya sobre el acceso a los recursos genéticos y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización, así como la propuesta de la llamada meta 30 × 30, que busca la protección del 30 por ciento de las tierras y mares del mundo, excluyendo de esos espacios las actividades humanas dañinas.
Al margen de estas discusiones, jóvenes que integran la GYBN, como Aysha, portavoz de la juventud en la conferencia, ven con gran preocupación el poco avance en el cumplimiento de lo ya acordado, como las metas Aichi. Se trata de 20 objetivos globales para el período 2011-2020, establecidos como parte del CDB para afrontar la extinción masiva de especies y la degradación de los ecosistemas. En setiembre de 2020, un informe de la ONU reveló que la comunidad internacional fracasó en cumplir todas y cada una de esas metas. En ese momento, algunas ONG vinculadas al medioambiente hablaron de «una década perdida para la naturaleza».
Buena parte de la comunidad científica llama Antropoceno a la época actual, caracterizada por el profundo impacto de la huella humana en el planeta y un proceso de extinción acelerada en casi todos los tipos de vida. Según el último informe del grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre el marco pos-2020 relativo a la biodiversidad, «en la actualidad, más del 70 por ciento de la tierra del planeta ha sido transformada, más del 60 por ciento de los océanos y más del 80 por ciento de los humedales se han visto afectados, mientras que más de un millón de especies se enfrentan a la extinción».
Al igual que en otras conferencias de la ONU sobre el estado del planeta, a la COP15 han llegado delegaciones de varios sectores de la sociedad, entre ellos representantes de grupos indígenas, movimientos sociales de las juventudes y las mujeres. Sin embargo, asisten como observadores y no tienen voto en estos espacios, lo que dificulta un verdadero acceso a la justicia ambiental.
«La narrativa del movimiento climático se circunscribe a las emisiones de carbono, las compañías petroleras, las comunidades y el uso de la tierra, pero nadie está hablando de la relación global de todos estos aspectos, de cómo, por ejemplo, las compañías petroleras son la razón por la cual mi país y otros de la región han sido bombardeados. Nuestros países están completamente devastados. Mi trabajo en esta conferencia es asegurarme de que esta historia no se olvide», afirma Aysha.
Los grupos como el que ella integra han llamado a que estas negociaciones se basen en las realidades que viven las comunidades en sus territorios y en la necesidad de construir una sociedad equitativa e inclusiva, sobre todo para los grupos que se han visto directamente afectados, además de que se den garantías reales a los defensores ambientales en los países del Sur Global, donde regularmente son asesinados.
«Vengo de la parte de mi país con mayor biodiversidad: tenemos glaciares, bosques, ríos, cientos de especies de pájaros, pero ahora quienes ofrecen trabajos allí son las organizaciones terroristas, que incluso reclutan a niños. La única alternativa de muchas familias es darles drogas a sus hijos para que no sientan hambre. La situación es horrible, pero aquí no se habla de eso y cómo eso va de la mano con la protección de los ecosistemas. A nivel internacional hay quienes tienen el privilegio de elegir en qué se centra la conservación, y la mayoría de ellos, por desgracia, son ciegos a nuestras realidades.»
