El año que terminó fue el segundo en el que se verificó una disminución de la conflictividad laboral. Todo indica que en el año actual esta tendencia se revertirá y habrá un crecimiento significativo de los conflictos. ¿En qué se apoya esta afirmación? La respuesta a esta pregunta se basa en el informe anual de las relaciones laborales del año 2017, elaborado por el Instituto de Relaciones Laborales de la Universidad Católica,1 dado a conocer en el mes de diciembre.
Como siempre, las relaciones laborales son el resultado de las estrategias que desarrollan los tres actores: gobierno, trabajadores y empresarios. Cada uno tiene sus objetivos particulares y para alcanzarlos desarrollan negociaciones y conflictos. Una comprensión de estos procesos requiere conocer el contexto en el que se despliegan esas estrategias y las acciones previsibles, de acuerdo a como percibe cada parte la realidad.
LA ECONOMÍA RETOMÓ EL DINAMISMO CON ALERTAS. Todo indica que el producto bruto interno en este año crecerá una cifra en el entorno del 3 por ciento. Consultoras privadas e incluso el Fmi coinciden en esta estimación. No llega al dinamismo del 5 o 6 por ciento de años anteriores pero se supera el magro 0,4 por ciento de 2015.
Por lo tanto, la negociación salarial de este año se hará en un contexto de dinamismo económico. El consumo interno y las exportaciones fueron los motores que arrastraron el crecimiento. Debe tenerse presente que en 2016 aumentaron los salarios y las pasividades reales. Existen, al mismo tiempo, algunas señales preocupantes, como la baja de la inversión, factor clave en el mantenimiento del dinamismo, y también el descalce de la generación de empleo y el crecimiento de la economía. Esto último significa que en los últimos años pese a que la economía (más o menos) creció, no se generaron nuevos puestos de trabajo. Se aportaron varias hipótesis explicativas, como que los sectores que más crecieron no son los más ocupadores, un componente tecnológico, opciones de empresarios de aumentar maquinaria y no empleos, etcétera. Sin duda, este es un tema que estará en el trasfondo de la negociación salarial.
NEGOCIACIONES DE 2018 Y ESTRATEGIAS. Este año se convocarán unos doscientos ámbitos de negociación privados (grupos o subgrupos de consejos de salarios), unos 190 en el segundo semestre. Además, habrá discusión presupuestal en la que existirán demandas diversas, y entre ellas están las salariales.
El gobierno probablemente proponga moderación en los crecimientos salariales en el sector público porque el déficit presupuestal ya es superior a sus estimaciones y en el privado porque aunque no afirme que los salarios son la causa de la inflación, quiere evitar un efecto inercial. Por otra parte, su propuesta en la ronda anterior, a pesar de las afirmaciones en contrario, trajo aumento de salarios reales, básicamente por la reducción de la inflación. Es probable que mantenga su propuesta, incluso con cifras menores de incremento, dado que en aquel momento, cuando fueron calculados los ajustes salariales, la inflación rondaba el 10 y ahora oscila en el 7 por ciento.
Por su parte, los empresarios afirman que existen problemas de competitividad que se acentuarían si los salarios crecieran, y se agravaría el problema de la generación de empleo (quizá porque optarían por más máquinas y no por más trabajo), por lo que se suman a la moderación.
El Pit-Cnt, según afirmaron algunos dirigentes, cree que el salario real debe crecer si crece la economía, lo cual ocurrirá en este año. A su vez la que se desarrollará en este 2018 es la última negociación importante en la actual administración, pues la siguiente será con el gobierno que resulte de las elecciones de 2019. Este año es percibido como la última oportunidad en el actual gobierno.
Esto indica que los actores sociales deberán encarar la negociación salarial con estrategias y objetivos enfrentados: de ahí que lo más razonable es prever que se producirán conflictos superiores a las anteriores instancias.
DOS TEMAS PENDIENTES. Dos temas podrían agravar la situación si el gobierno decidiera enfrentarlos en este año: la denuncia empresarial en la Oit y el compromiso con Upm. En la Conferencia de Oit de Ginebra en 2017, abierta por Tabaré Vázquez, los empresarios supeditaron la inclusión de Uruguay en la “lista negra” a la presentación de un informe técnico sobre la disputa por parte de la Oit. El informe de los expertos fue elaborado luego de recibir las posiciones de las partes (la Oit no recibió la del Pit-Cnt) y además visitó el país su director general, Guy Ryder.
Si bien hay avances, se mantienen dos discrepancias: la competencia de los consejos de salarios (en el mencionado documento, la organización internacional considera que deben limitarse a la definición salarial) y la regulación de ocupaciones y piquetes (se considera que deben respetarse los derechos de los trabajadores no ocupantes y de los empresarios). Esto último genera las mayores diferencias, por la oposición radical del Pit-Cnt, que entiende que esa disposición no es aplicable en la práctica. Hubo declaraciones de dirigentes muy duras contra la Oit y su secretario general.
En cuanto a los acuerdos con Upm, el gobierno se comprometió –como una de las condiciones para que la pastera decida realizar la inversión– a regular (por ley, decreto o convenio) las ocupaciones y piquetes (mismo tema que se dirime en la Oit) así como la prevención de conflictos. Si el gobierno decidiera resolver estos dos asuntos, sin duda, tendrá nuevos enfrentamientos con el movimiento sindical, cuya posición ha sido muy firme. El problema es que si bien no hay en la Oit una fecha límite para resolver el conflicto, sí las hay, si no hay cambios de plazos, frente a Upm.
TEMAS ESTRUCTURALES QUE SEGURAMENTE LA NEGOCIACIÓN NO INCLUIRÁ. Si bien los acuerdos de los consejos de salarios abordan muchos aspectos (lo que es cuestionado por la Oit), lo central son los ajustes salariales, es decir, los aspectos distributivos, dado que el nivel salarial incide en la distribución del ingreso nacional. Dos asuntos que, pese a ser de importancia estructural para el país, han estado ausentes en las rondas pasadas, previsiblemente lo seguirán estando: el de la productividad y el del cambio tecnológico.
Uruguay es de los países de peor ubicación en América Latina en cuanto a la productividad. No existen discrepancias en que, a largo plazo, la competitividad –y, por tanto, los empleos y los ingresos– dependen de la productividad. Los países donde el crecimiento de la productividad es un objetivo de Estado y se cuenta con instituciones para lograrlo, lo hacen con participación activa de los actores, es decir, por medio de la negociación. Pese a las palabras reiteradas, nuestro país tiene avances muy limitados en este tema.
Vinculado a esto último, aunque de naturaleza diferente, es el acelerado cambio tecnológico que se esta produciendo en el mundo, alterando las competitividades relativas. Es claro que en el país que no asuma firmemente este tema se producirá un atraso, porque la introducción de la nueva tecnología determina un gran crecimiento en la productividad. También debería ser un tema a ser negociado por gobierno, trabajadores y empresarios, en forma activa, como ocurre en los países de relaciones laborales más maduras. Ambos temas estructurales probablemente quedarán pendientes.
* Economista. Director del Instituto de Relaciones Laborales de la Universidad Católica.
- “Las relaciones laborales en 2017 y perspectivas para 2018”, de Rodríguez, J M, Cozzano, B, Mazzuchi, G. Ucudal, 2017. Disponible en: www.ucu.edu.uy
