El trance que pasó el maestro rural y dirigente sindical de izquierda Pedro Castillo entre la segunda vuelta del 6 de junio y su proclamación como presidente el 19 de julio fue un ensayo de las varias vías por las que su gobierno sería atacado y confrontado. La entonces candidata Keiko Fujimori abusó de las normas electorales para pedir –sin pruebas– la anulación de miles de votos de su competidor, mientras en las calles grupos de choque fujimoristas se manifestaban con banderas de la cruz de Borgoña y antorchas tiki para protestar contra un «fraude» –inexistente– y se declaraban defensores de la democracia, contra «el comunismo». A la vez, los congresistas de la ultraderecha y derecha, aliados de la lideresa fujimorista, anunciaban que establecerían una comisión investigadora del «fraude» y que impedirían la participación política de comunistas y el cambio de la Constitución de 1992 –una de las principales promesas electorales de Castillo–.
En ese contexto, la designación del sociólogo e intelectual de izquierda Héctor Béjar como canciller iba a requerir de apoyo político del Ejecutivo, cosa que no ocurrió: luego de dos semanas de críticas por parte de la oposición, la prensa capitalina, la Marina y militares en retiro el primer ministro, Guido Bellido, le pidió la renuncia al escritor de 85 años, quien a mediados de los años sesenta fue guerrillero del peruano Ejército de Liberación Nacional.
Esta no ha sido la primera derrota de Castillo frente a la amplia coalición que se ha conformado para petardear las acciones del campesino y rondero que juramentó el cargo de jefe de Estado el 28 de julio último y que nombró a su gabinete al día siguiente. En el lapso entre la campaña de la segunda vuelta electoral y el período de litigio ante el tribunal electoral –debido a los pedidos del fujimorismo de anular votos de Perú Libre–, se ha consolidado un bloque opositor que actúa por lo menos en cinco niveles: los medios de comunicación, los medios sociales –comúnmente llamados las redes–, la elite económica, la calle y el Parlamento.
En su discurso al asumir como ministro de Relaciones Exteriores, Béjar no mencionó el Grupo de Lima –el arco de países que desde 2017 presionaba con sanciones al régimen de Nicolás Maduro para promover un diálogo con la oposición– y planteó revitalizar la Comunidad Andina y la Unión de Naciones Suramericanas. También destacó como lineamiento de la diplomacia peruana la condena «a los bloqueos, los embargos y sanciones unilaterales que solo afectan a los pueblos». Ante ese anuncio, los congresistas conservadores promovieron un pliego interpelatorio a Béjar para que respondiera si Perú iba a retirarse del Grupo de Lima: la decisión de los congresistas fue saludada por casi toda la prensa capitalina. En simultáneo, se iniciaban las conversaciones sobre Venezuela en México promovidas por el Grupo de Contacto; sin embargo, la mayoría de los líderes de opinión de la elite peruana que no forma parte del nuevo gobierno cuestionaba el cambio de rumbo de la cancillería.
La presencia de Evo Morales en esos días en Lima fue otro factor de escándalo en los medios de comunicación: alertaron el miedo de que fuera un asesor en la sombra del presidente Castillo y las unidades móviles de los canales de televisión lo perseguían para mostrar en qué restaurantes comía y qué comía.
EL TERRORISMO Y LA «PACIFICACIÓN NACIONAL»
Sin embargo, el gran bloque anti-Castillo derrumbó a Béjar, en particular, causando un gran escándalo con la difusión en televisión de declaraciones que el sociólogo dio meses atrás en un par de charlas en línea. En febrero de este año, en un comentario suelto, dijo que el grupo terrorista Sendero Luminoso fue una creación de la CIA, pero que no tenía manera de demostrarlo. Y en noviembre, diez días después de la brutal represión policial contra manifestaciones ciudadanas en Lima, había deslizado otro comentario incidental mientras explicaba el papel de los agentes de inteligencia estatales durante las protestas: «… porque el terrorismo en el Perú lo inició la Marina y eso se puede demostrar históricamente y han sido entrenados para eso por la CIA», afirmó.
Sendero Luminoso fue el responsable del 43 por ciento de las casi 70 mil víctimas fatales del conflicto armado interno que vivió el Perú entre 1980 y 2000, según el informe final de la Comisión de la Verdad: la agrupación maoísta intentó obtener el poder mediante acciones de violencia. Sin embargo, Béjar se había referido a acciones violentas con fines político-ideológicos –es decir, atentados terroristas– que protagonizaron marinos en los años setenta, durante el gobierno de Francisco Morales Bermúdez, el militar de derecha que sucedió al general Juan Velasco Alvarado, quien gobernó durante la primera fase del gobierno militar, entre 1968 y 1974.
Velasco había llevado a cabo la reforma agraria y de la educación, oficializó el uso del quechua y su régimen había preferido comprar a Rusia insumos militares, entre ellos helicópteros y aviones, en vez de tener como proveedores a Estados Unidos y Francia. Su gobierno fue una dictadura de izquierda, a diferencia del resto de los regímenes militares del Cono Sur.
Tras su renuncia como canciller, Béjar ha explicado que, en el contexto de la Guerra Fría y del avance del Plan Cóndor en Sudamérica, en 1975 un grupo de marinos peruanos se insubordinó contra el comandante de esa institución, pues no era conservador, y colocaron una bomba que destruyó parte de su casa. Asimismo, marinos atentaron con explosivos contra dos embarcaciones pesqueras cubanas en el Callao en 1977 –bombas kappa colocadas por buzos expertos de la Marina, según el periodista César Hildebrandt, quien cubrió los hechos–. Y hubo otras acciones armadas contra un establecimiento comercial, contra la embajada de Cuba y otros blancos civiles, explicó Béjar esta semana en la prensa, aludiendo a hechos registrados en libros auspiciados por la propia Marina y en cables diplomáticos estadounidenses que hizo públicos Wikileaks.
Sin embargo, los medios que hicieron eco de la frase de Béjar de noviembre –de que la Marina inició el terrorismo– prefirieron no detallar a qué hechos refería: optaron por llamarlo «el canciller del terror» o descalificarlo como «indigno» para el cargo de canciller por atentar contra la imagen de la Marina, y de inmediato abrieron los micrófonos a militares en retiro que son actualmente congresistas de oposición, o a políticos casi jubilados del Partido Aprista y a otros líderes de opinión.
Salvo el exreportero y entrevistador Hildebrandt –actual director de un semanario–, los periodistas de Lima se plegaron a un comunicado de la Marina de Guerra, que consideraba una «afrenta» la declaración del canciller y la calificaba como «carente absolutamente de veracidad», en especial, porque se salía del discurso normalizado por el fujimorismo y las Fuerzas Armadas: que en el Perú solo Sendero Luminoso ha cometido terrorismo. Según el fujimorismo, los partidos políticos no progresistas y los militares en el retiro, en Perú no hubo terrorismo de Estado: ni antes ni después de 1980.
«La Marina deplora afirmaciones de esta naturaleza que pretenden distorsionar la historia de la pacificación nacional, reafirmándose en el cumplimiento de su misión constitucional de continuar la lucha contra el terrorismo, dentro del marco legal vigente», señalaba el comunicado de la institución naval, emitido el lunes, al día siguiente de difundidas las declaraciones de noviembre de Béjar.
El sociólogo cuenta que el Ministerio de Defensa le pidió que presentara disculpas públicas a la Marina (véase entrevista en este número). Él respondió que explicaría sus argumentos al responder el pliego interpelatorio del Congreso. Horas después, el primer ministro le pidió la renuncia, sin mediar explicación. El pliego, además de las preguntas sobre la eventual salida de Perú del Grupo de Lima, incluía otras sobre su etapa como guerrillero, en los primeros años de la década del 60, como por ejemplo, si había conocido al Che Guevara.
LA OPOSICIÓN EN CONTEXTO
Pero la actividad en bloque contra el gobierno de Castillo no es solo una disputa de la elite político-económica partidaria del modelo neoliberal contra un grupo de políticos que antes estuvo fuera del poder y que quisiera reemplazar la Constitución de 1993, impulsada por el gobierno de Fujimori. No asistimos solo a la colisión de la derecha y la ultraderecha contra un gobierno con vocación de izquierda. No vemos solo los choques de los tecnócratas y empresarios –que han quedado fuera de la toma de decisiones– contra dirigentes e invitados de un partido semidesconocido y regional a quienes se sumaron en el gabinete un puñado de profesionales, con mayor o menor experiencia de gestión. El Ejecutivo carga ahora el lastre de nuevas investigaciones fiscales contra Vladimir Cerrón –el creador y secretario general del partido oficialista Perú Libre– y contra Bellido: las pesquisas son por lavado de dinero y por terrorismo.
Castillo hizo campaña desde enero como candidato de última hora de Perú Libre, fundado por el exgobernador regional de Junín, el médico marxista-leninista Cerrón, quien no pudo postular a la presidencia porque tiene una condena por corrupción en su gestión como autoridad política. La formación obtuvo 37 escaños en el Congreso de 130 miembros, es decir, es hoy la primera minoría.
En la oposición hay más experiencia en el uso de la política para lidiar con investigaciones fiscales por corrupción y lavado de activos. El maestro rural llegó al gobierno con una diferencia de 44.263 votos respecto de la conservadora Keiko Fujimori, para quien la fiscalía ha pedido en marzo 30 años de prisión por los delitos de lavado de activos, obstrucción a la Justicia y organización criminal por haber recibido millonarios fondos de Odebrecht en sus campañas electorales de 2011 y 2016, aportes que no declaró a las autoridades electorales ni al sistema financiero. La fase previa al juicio oral contra Fujimori, su esposo y una treintena de personas de su partido, Fuerza Popular, empezará a fines de este mes.
Por otro lado, en el Congreso varios de los líderes de bancadas aliadas del fujimorismo están investigados por corrupción o por lavado de activos, como el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, líder del partido Podemos Perú, quien asiste al Congreso con comparecencia restringida luego de que le anularon la prisión domiciliaria, lo que le permite ejercer como legislador. El nuevo presidente de la Comisión de Fiscalización del Parlamento, Antonio Aguinaga, es el médico personal de Alberto Fujimori y tiene una acusación fiscal por delitos contra la vida y lesiones vinculados con las miles de esterilizaciones forzadas hechas durante el gobierno de Fujimori, en el que Aguinaga fue ministro de Salud. Las víctimas de esa política pública están a la espera de que un magistrado abra el juicio oral contra el autócrata y sus exministros del ramo.
Es decir, la oposición en el Parlamento tiene otros problemas para los que necesita hacer causa común contra Castillo. No es solo porque ha llegado al poder un gobierno de izquierda con una agenda orientada hacia los excluidos del sistema. Por otro lado, un entorno internacional favorable a las causas de la ultraderecha ha respaldado las versiones del «fraude» que promueven la excandidata y acusada por lavado de activos Fujimori y el ultraderechista Rafael López Aliaga, del partido Renovación Popular.
Desde 2016, los grupos conservadores hacen campañas contra los ministros de Educación para eliminar el enfoque de género en la educación, pues sostienen que hay una «ideología de género» que pretende «homosexualizar» a los escolares. El nuevo presidente de la Comisión de Educación en el Parlamento cree en las terapias de conversión de homosexuales y es parte del movimiento llamado Con mis Hijos no te Metas.
Casi la mitad de los parlamentarios del partido oficial son maestros, varios de ellos son muy cercanos a Castillo desde que, como líder sindical, encabezó una huelga magisterial en 2017. Dada esa conformación de la bancada oficialista, se esperaba que uno de los congresistas de Perú Libre presidiera la Comisión de Educación, en vista de que otra de las ofertas electorales clave del maestro rural fue incrementar la inversión en ese rubro y lograr que la educación fuera reconocida en la Constitución como un derecho fundamental. Por ello, la caída de Béjar no es la primera derrota del gobierno del maestro rural. No liderar la Comisión de Educación y no tener a nadie en la mesa directiva del Legislativo han sido otras señales del inicio con mal pie del primer presidente campesino de Perú.
