Considerado el «superpolicía» de los sexenios de Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012), ambos del Partido Acción Nacional (PAN), Genaro García Luna será sentenciado por el juez federal Brian Cogan el 27 de junio. Y, para no pasar el resto de su vida en la cárcel y perder sus bienes y activos financieros, le queda la opción de aceptar ser testigo cooperante en caso de que los fiscales estadounidenses se lo vuelvan a solicitar después de que sea sentenciado.
Es decir, la última opción de quien fuera el principal ejecutor de la llamada «guerra a las drogas» de Felipe Calderón es delatar a otros ex altos funcionarios mexicanos, incluidos tres exprocuradores generales, mandos militares y policías federales, exgobernadores y funcionarios públicos estatales que han sido mencionados en juicios por narcotráfico en Estados Unidos.
Cabe consignar que el sonado juicio de Nueva York excluyó la participación de agencias de Estados Unidos, pese a que varias de ellas, como son los casos de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Control de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, por sus siglas en inglés), llevaron adelante documentadas actividades encubiertas e ilícitas en México, como lavado de dinero y contrabando de fusiles de alto poder para el cártel protegido por García Luna (los operativos Dejas las Armas Caminar, y Rápido y Furioso). De allí que, junto con García Luna, la fracasada guerra contra las drogas –iniciada por el presidente de Estados Unidos Richard Nixon en 1971– debió haber estado en el banquillo de los acusados.
EL IRRESISTIBLE ASCENSO DE GARCÍA LUNA
García Luna, quien fue detenido en Texas el 10 de diciembre de 2019, enfrenta una condena mínima de 20 años de prisión y una máxima de cadena perpetua. Su historial devela que entre 2001 y 2012 –primero como director de la Agencia Federal de Investigación con Fox y después como secretario de Seguridad Pública de Calderón– fue un individuo consentido de secretarios de Estado y titulares de la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos.
En octubre de 2006, dos meses antes de iniciarse el gobierno de Calderón, se celebró una discreta reunión en Cuernavaca, Morelos, en la que participaron la entonces administradora de la DEA, Karen Tandy, y David Gaddis, director de la agencia en México, y por la parte mexicana el entonces secretario de Seguridad Pública de Fox, Eduardo Medina Mora y el director de la Agencia Federal de Investigación, García Luna. Allí se diseñó la guerra a las drogas de Calderón al amparo de la Iniciativa Mérida. Iniciado el sexenio, Calderón designó procurador a Medina Mora y secretario de Seguridad Pública a García Luna.
De acuerdo con la acusación formal y otros documentos registrados ante el Tribunal Federal neoyorkino, mientras ocupaba altos puestos de gobierno en el área de seguridad García Luna recibió millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa a cambio de otorgar «protección» a las actividades del grupo criminal, entre ellas, el traslado de drogas e información de agencias de seguridad pública sobre sus investigaciones, así como de otros cárteles rivales.
Lo anterior fue ratificado el 13 de febrero, cuando el testigo estrella de la fiscalía, Jesús el Rey Zambada (hermano del jefe histórico del cártel de Sinaloa, Ismael el Mayo Zambada), afirmó que en dos ocasiones, a finales de 2006, le había entregado personalmente sendos pagos de soborno a García Luna en maletines que contenían 3 y 5 millones de dólares en efectivo. Describió también envíos de cocaína en aviones, trenes y submarinos en complicidad con policías bajo la supervisión de García Luna. El cártel y los hombres de García Luna controlaban también el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, por donde pasaban voluminosos cargamentos de drogas. Asimismo, de acuerdo con documentos financieros obtenidos por el gobierno estadounidense, cuando el acusado se mudó al estado de Florida en 2012 tenía una fortuna personal millonaria.
La acción del Departamento de Justicia en contra de García Luna no deja de ser un misterio, ya que eran públicos sus nexos con funcionarios de alto nivel en Washington.
El irresistible ascenso de García Luna al mundo de los servicios clandestinos y las acciones encubiertas se dio durante el calderonismo, al amparo de la Iniciativa Mérida y del exjefe regional de la DEA Gaddis, período en el que, ya como secretario de Seguridad Pública, se codeó con la cúpula de la administración de Barack Obama. Entre otros, con Leon Panetta y David Petraeus, ambos exjefes de la CIA y del Pentágono; Eric Holder, del Departamento de Justicia; Janet Napolitano, de Seguridad Interna; James Clapper, de Inteligencia Nacional; Michele Leonhart, directora de la DEA; Ronald Noble, jefe de Interpol, y el zar antidrogas Gil Kerlikowky.
Considerado uno de los artífices de la guerra no convencional de Estados Unidos en México –que originó una catástrofe humanitaria–, los vínculos orgánicos de García Luna con la DEA y la CIA habrían cristalizado a finales de 2010, cuando él y otros altos funcionarios mexicanos del área de seguridad (incluidos miembros de las Fuerzas Armadas) se integraron al Grupo Bilateral de Trabajo México-Estados Unidos para Objetivos de Alto Valor. Según un informe de la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas, que depende de la Casa Blanca, el grupo de trabajo bilateral supervisaba el intercambio de «inteligencia sensible» sobre los principales grupos criminales mexicanos y coordinaba «operaciones tácticas» dirigidas contra objetivos de «alto valor» en México. Datos a los que, en teoría y como jefe de sector, tuvo acceso García Luna, incluidos los nombres de informantes y agentes encubiertos de un programa financiado por la agencia antidrogas DEA.
Debido a su participación en ese grupo, García Luna también tuvo acceso a la identidad de un equipo altamente confidencial financiado por Washington: las Unidades de Investigaciones Sensibles, integradas por policías mexicanos presuntamente «incorruptibles» a los que se encargaban tareas de alta peligrosidad, cuya identidad y misión él conocía. Existen testimonios de exagentes estadounidenses que señalan que varias veces estuvieron a punto de detener al Chapo Guzmán, y se les escapaba…
EL BÚNKER DE CONSTITUYENTES
Un espacio de poder desde donde García Luna compartió información de inteligencia con la CIA y la DEA era el búnker de constituyentes, instalado en la sede de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la Ciudad de México, construido bajo tierra durante el gobierno de Calderón con recursos públicos y tecnología de última generación adquirida en el marco de la Iniciativa Mérida. Desde allí funcionaba la Plataforma México, una red de interconexión de telecomunicaciones para el resguardo y el procesamiento de datos. Allí operaban más de 15 mil conexiones simultáneas y 40 millones de transmisiones protegidas de información (en el lugar había alrededor de 600 estaciones de intervención telefónica). En otra área, restringida para quienes no tuvieran doble certificación por parte de la CIA y la DEA, se daba seguimiento en tiempo real a las operaciones secretas de los dos países contra el crimen organizado transnacional.
De acuerdo con el diario El Financiero, esa era «la base de inteligencia criminal más importante de América Latina», y la confiabilidad que tenía «permitía que las visas Global Entry de Estados Unidos tuvieran en ella su primer control de seguridad». Dentro del búnker se erigió un centro de mando estratégico para el presidente Calderón, quien, en caso de una «emergencia extrema», podría mantenerse al frente del país y gobernando «sin quedar desconectado, por ejemplo, en un terremoto devastador con una magnitud superior de nueve».
¿Y LOS CÓMPLICES DE GARCÍA LUNA EN ESTADOS UNIDOS?
El 8 de febrero, el juicio dio un giro inesperado debido a que la parte acusadora decidió poner fin a las comparecencias de testigos cuando apenas había declarado un tercio de los que había programado originalmente, lo que dejó en la oscuridad aspectos claves del caso, entre ellos, el papel que desempeñaron agencias y funcionarios de Estados Unidos en la descomWposición de las instituciones de seguridad mexicanas. Ese final anticipado y abrupto dejó sin resolver la sospecha de que el Departamento de Justicia buscó encubrir la vinculación de las agencias de inteligencia (CIA), combate a las drogas (DEA) y control de armas (ATF) con las redes criminales del narcotráfico en México.
Del juicio tampoco podrá obtenerse información sobre las probables responsabilidades de Fox y Calderón sobre el involucramiento del exjefe policial con la delincuencia ni se contará con datos adicionales sobre los nexos ilícitos de García Luna con consorcios establecidos, empresarios y medios informativos.
Durante el juicio, la defensa de García Luna, encabezada por César de Castro, intentó esgrimir a favor de su cliente documentos que evidenciaban su cercanía con 26 altos funcionarios de Estados Unidos. El juez Cogan solo le permitió presentar cinco fotografías de esas relaciones. Los elegidos fueron el expresidente Obama, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, el exsenador republicano John McCain, el exdirector del FBI Robert Swan Mueller y el expresidente de la Cámara de Representantes John Boehner. La lista incluía a directores de la DEA, fiscales generales y jefes de la comunidad de inteligencia mencionados antes. Pero ninguno de esos personajes fue investigado durante el juicio.
¿Usó García Luna sus influencias para que algún político o agente estadounidense apoyara sus actividades delincuenciales?
No deja de ser curioso que la prensa hegemónica, tanto en Estados Unidos como en México, minimizara o silenciara el juicio. Tras conocerse el fallo, en México los comentaristas de los principales consorcios mediáticos sincronizaron sus opiniones sobre tres líneas de base: insistir en que a García Luna se lo juzgó sin pruebas suficientes, sembrar la idea de que quien fue juzgado en Nueva York fue el Estado mexicano –no los gobiernos del PAN, principal fuerza opositora al gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO)– y advertir que AMLO capitalizaría la culpabilidad del expolicía, como evidentemente ocurrió: el veredicto en contra de quien fue una pieza clave de Fox y Calderón en materia de seguridad es un maná político caído del cielo para el jefe del Ejecutivo y un duro golpe a la credibilidad del PAN.
Como conclusión, podría decirse que durante varios años pudo aplicarse a García Luna la famosa frase atribuida a Franklin Delano Roosevelt para referirse al dictador nicaragüense Anastasio Somoza: «Tal vez sea un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta»; era la época en la que Estados Unidos hacía y deshacía en América Latina y el Caribe, instigando golpes de Estado o colocando dictadores. Pero, parafraseando a Carlos Quijano en 1979, a la caída de Somoza, ahora podría decirse «García Luna a los leones», aunque a este todavía le queda la opción de ser testigo cooperante en contra de quien la DEA elija, para seguir debilitando a México en función de los intereses imperiales.