La ley 19.830 parecía representar un antes y un después en la operativa del Poder Judicial (PJ). Aprobada en 2019 con el voto de la amplia mayoría del sistema político, estableció dos paradigmas centrales para la carrera judicial: la obligatoriedad de los concursos de ingreso y ascenso de los jueces y el posible rechazo de un traslado frente a un cambio de materia. Sin embargo, esa reforma quedó por el camino.
Por unanimidad, una Suprema Corte de Justicia (SCJ) integrada1 declaró inconstitucionales aspectos centrales de la ley, por considerar que violentan la autonomía administrativa del PJ. Del texto solo quedaron tres artículos en pie: el que fija el régimen de licencia de los jueces, el que define sobre qué asuntos deberán abstenerse y el que los liberó de responsabilidad civil por ...
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