Islandia ya era uno de los países más avanzados en materia de igualdad de derechos. Lo será aun más desde este año que comienza, tras la promulgación de una ley que prohíbe a las empresas de al menos 25 empleados remunerar un mismo trabajo de manera diferente según la identidad sexual, el origen nacional o la religión. Todas esas compañías (tanto privadas como estatales) deberán disponer de un certificado de “paridad salarial”, y si no cumplen los requisitos para obtenerlo pagar una multa “disuasoria”.
Según el último Informe Global sobre la Brecha de Género, del Foro Económico Mundial (Fem)), Islandia ocupa desde 2015 el primer lugar mundial en materia de igualdad salarial entre hombres y mujeres (la brecha entre unos y otras es hoy de 15 por ciento), por delante de otros países del norte de Europa, como Noruega, Finlandia y Suecia. Pero esa realidad está lejos de ser general. Por el contrario, la brecha se ha ido ensanchando en el mundo, y el propio Fem, que reúne a empresarios y grandes capitostes del mundillo económico y político, calculó que al ritmo actual tardará más de dos siglos en cerrarse. Islandia piensa absorberla en cuatro años con esta medida. La diferencia entre lo que ganan hoy hombres y mujeres por ejercer un mismo trabajo en una misma empresa es de 58 por ciento en promedio a escala mundial, de acuerdo al documento del Fem, que toma en cuenta 117 países. América Latina es una de las regiones del planeta más desiguales en esta materia, encabezada por Brasil, que desde la llegada de Michel Temer a la presidencia va camino a ensanchar aun más el foso. En Uruguay la brecha es de 26 por ciento. Ese dato equivaldría a que las mujeres estuvieran regalando unos tres meses por año de ingresos. El nuestro es el tercer país menos desigual de esta región: le ganan Bolivia (21 por ciento) y Ecuador (20 por ciento).
Los islandeses son tan conscientes de estos temas que el año pasado habían salido a las calles a exigir que se cumpliera la ley que acaba de ser promulgada por la primera ministra, Katrin Jakobsdottir. El parlamento, que cuenta con casi 40 por ciento de mujeres, la había aprobado en abril.
Cabe recordar que Islandia, que apenas tiene unos 330 mil habitantes, ya se había distinguido por medidas como no rescatar con fondos estatales a los bancos privados fundidos durante la crisis de 2008.
