«Vertical descendente: el acoso laboral se produce desde un superior o jefe/a hacia un subordinado/a.» Esta es una de las tres modalidades que identifica el Protocolo de Actuación en Situaciones de Acoso Laboral en Funcionarios y Funcionarias del INISA. Las otras dos son «vertical ascendente» –realizado por subordinados hacia un superior jerárquico– y «horizontal» –entre compañeros de similar jerarquía–. El director de la División Gestión y Desarrollo del Capital Humano, Pablo López Sellanes, acumula tres denuncias por acoso laboral en su contra en la primera de esas modalidades.
López ingresó en 2012 a trabajar como educador en lo que en aquel momento era el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SIRPA). En 2016, cuando el SIRPA ya se había convertido en el INISA, pasó a cumplir funciones administrativas. Su actual responsabilidad como director le fue asignada en junio de 2020. El 22 de marzo de 2021 fue presentada la primera denuncia de acoso laboral en su contra, por parte de una funcionaria que en ese momento era jefa de la Sección Concursos, bajo la órbita de su dirección. En el informe elaborado por la unidad jurídica del organismo constan algunas de las acusaciones contra López, como «persecución», «denigración» y «maltrato psicológico». El director «es jactancioso con que tiene el control de Rossana de Olivera [presidenta del INISA, de Cabildo Abierto] y de [Sandra] Etcheverry», en aquel momento representante del Partido Nacional en el directorio, luego reemplazada por Rosario Pérez. «Quiere demostrar que tiene vínculos y trabajamos todos con miedo… hace una manipulación constante de poder», dice la acusación.
El primer informe de jurídica del organismo recomendó iniciar una investigación administrativa, «atendiendo a que actualmente no se encuentra conformada la comisión» de atención a situaciones de acoso, creada mediante el protocolo aprobado en 2019 y a la que se habría derivado la denuncia si hubiera estado operativa. También recomendó, como medida cautelar, «la reubicación de la presunta víctima a fin de brindarle las debidas garantías». Ambas recomendaciones fueron adoptadas por el directorio, pero la denuncia no prosperó. De acuerdo con un posterior informe de jurídica –que constató la violación de la reserva, dado que el denunciado tomó conocimiento del caso de manera informal–, los cinco testigos propuestos por la denunciante negaron haber presenciado las situaciones de acoso señaladas. El sumariante dictaminó que «no existió el acoso señalado» y, amparado en esa conclusión, el directorio resolvió archivar la denuncia el 9 de marzo de 2022.
El caso también llegó a la justicia civil. Ante el juzgado especializado en familia de sexto turno, la denunciante dijo que López «siempre se metió con mi condición de mujer, intelectual, corporal, etcétera», y detalló algunos de los destratos. Ante el mismo juez, López negó las acusaciones y contraatacó: señaló que cuando asumió funciones como director «comenzamos a evaluar uno a uno a los funcionarios, hasta llegar al área de concursos, donde está la denunciante, y es allí donde comienza el problema por indicarle un sinnúmero de irregularidades y falta de profesionalismo». El denunciado describió algunas de estas faltas y circunscribió los posteriores «llamados de atención» estrictamente «a lo laboral». Entre tanto, sin entrar en el fondo del asunto, la Justicia dispuso como medida cautelar la prohibición del acercamiento y la comunicación del denunciado y la flexibilización del horario o el lugar de trabajo de la denunciante. Así, la funcionaria fue trasladada de área, pero en junio de este año dio cuenta del «desacato de [las] medidas cautelares», pues el 17 de mayo –cuando estas fueron prorrogadas– López le envió un mail solicitándole la creación de un expediente, afirma un documento presentado ante el juzgado de familia. Actualmente hay por este caso una denuncia judicial en curso por daños y perjuicios contra el INISA, luego de que fracasara una audiencia de conciliación.
A la misma instancia llegó una segunda denuncia presentada por otra funcionaria en diciembre de 2021, contra López y otro funcionario de la misma dirección. Esa denuncia está siendo analizada por la Comisión Permanente de Atención a Situaciones de Acoso Laboral del organismo, finalmente conformada. En ese caso también se dispuso el traslado de la denunciante a otra área. En el acta de la audiencia de conciliación en la Justicia se señalan malos tratos por parte de los funcionarios denunciados, quienes habrían calificado el trabajo de la denunciante como «un mamarracho», «desorganizado», «una porquería», y le habrían sacado paulatinamente «tareas que anteriormente hacía, de acuerdo a las funciones y tareas a su cargo». La denunciante había sido promovida previamente a jefa del área de calificaciones por el propio López.
¿SERÁ LA VENCIDA?
La tercera denuncia es reciente. Fue presentada a fines de julio de este año por una funcionaria a la que López llevó a trabajar como su asistente, para que oficie como nexo entre los tres departamentos y las nueve secciones que abarca la división que dirige. En su denuncia, la funcionaria narra que, «desde el inicio de su gestión, el señor López manifestó la importancia de la organización a nivel estructural de la División, asignando los puestos vacantes en las jefaturas de los Departamentos y reconociendo económicamente [a] aquellos compañeros que realizaban tareas cuya responsabilidad se encontraba por encima de su grado». Una de las secciones en las que esto último sucedía era Registro y Control, desde donde fue solicitada, en diciembre de 2020, la adecuación de grado para los referentes de las tres áreas que la integran. «El señor López al recibirlo decidió no elevarlo y me pidió que realizara una carátula para generar un nuevo expediente en el que irían dichas solicitudes» y que «redactara el informe para elevar», dice quien era entonces asistente de López. Ese expediente fue «archivado posteriormente desde la División sin contener ningún tipo de informe». «La situación respecto al reconocimiento de los grados de estos compañeros se fue dilatando y generando grandes molestias a la interna de dicha sección, las que se pusieron de manifiesto en las reuniones informales con el Director, sin obtener una respuesta satisfactoria, dando lugar a diferentes tipos de manipulaciones» de su parte, abunda la denuncia.
Otro episodio involucra a una funcionaria a la que el director le había propuesto ocupar la jefatura de Concursos, luego de que la primera denunciante fuera desplazada de ese cargo. Después de demorar sostenidamente esa designación, López planteó a su equipo, con molestia, que esa funcionaria solicitó pasar a trabajar bajo la dependencia de la gerencia general. Posteriormente convocó a la funcionaria y la increpó, «poniéndola en una situación de incomodidad y hostilidad frente a todos sus superiores», dice la tercera denuncia. Pero más adelante la gerencia general informó que ese traslado no había sido resuelto a espaldas del director, sino luego de varias reuniones entre él y esa gerencia. «Estas situaciones dejan entrever el doble manejo de información que realiza el señor López con todos los funcionarios que integran esta división, generando inestabilidad, malestar y un alto grado de manipulación», ahonda la denuncia, que adjunta capturas de pantalla de expedientes y correos electrónicos y sostiene que, luego de que comunicó su malestar, el director fue dejando a su asistente sin tareas. También señala que ya no puede ingresar con su usuario a la computadora que utiliza y que se le dieron de baja los permisos para acceder al sistema de expedientes, además de relatar un episodio de violencia verbal.
Ante el juez de familia, y consultado por el traslado de área de la primera denunciante, López dijo que «no fue el procedimiento estándar, ya que siempre se traslada al “agresor” y no a la víctima». Está por verse si el directorio del INISA le otorga una tercera excepción, que ya devendría regla.
