No se trata de generalizar. Hay tantos blancos como etiquetas circulan desde el comienzo de los tiempos con divisas. No todos son blancos como güeso de bagual, definición que se le atribuye a Aparicio. No todos son blancos las 24 horas del día, como pedía Ferreira Aldunate. No todos son blancos pillos, como escribió con resentimiento Luis Alberto de Herrera («no le den a [Juan José] Gari el Banco República porque se lo lleva con rueditas»). No todos son blancos baratos, como regañó Wilson en 1971. No todos son blancos turbios, como sanciona la nueva etiqueta que circula en las redes. Y no todos son ingenuos, corruptos, mala leche, mentirosos, epítetos que se vienen acumulando en las últimas discusiones parlamentarias. A no asombrarse, entonces, porque las calificaciones más hirientes provienen del propio partido, de sus prohombres. Y eso es, quizás, una virtud que otros partidos deberían tener en cuenta, siempre que sea para corregir y no para barrer debajo de la alfombra.
La definición «blancos turbios» es, de todas las opciones, la que más calza para vestir al conjunto de funcionarios que han impulsado en muy breve tiempo un desmantelamiento profundo, sea material de bienes o intangible de valores éticos. La turbiedad expresa la capacidad de esconder, pero también la voluntad de disimular, el arte de eludir. La turbiedad es la cualidad de una política viscosa, una jalea espesa de medias verdades y falsedades que hace de la mosqueta una herramienta de la impunidad. Es como crear una dimensión donde nada es demostrable, pero todo es posible. Exactamente igual que la desaparición forzada.
Como corresponde a la turbiedad, hasta la inocencia se impregna de su atributo. Y, porque es turbio, no sabemos si esa gelatina perversa fue previa a lo que esconde o si fue posteriormente cocinada para esconder. Habrá que ver en cada caso: la suma de los interrogantes está condensada en el pacto firmado por el gobierno con la belga Katoen Natie para la entrega del puerto de Montevideo. Y el estilo se repite en los proyectos de privatización de ANTEL y ANCAP, en los favores a las tabacaleras, en el cúmulo de «formalidades» que permitieron la entrega del pasaporte al narcotraficante Marset y, finalmente, la contratación de un delincuente para asegurar la seguridad (¿negación de la negación?) del presidente de la república. Lo que asombra es cómo se ha reiterado el mecanismo y cómo, al parecer, no se desgasta el método, por más recurrente que sea. La estrategia de turbiedad sigue dando dividendos.
Pero ¿cómo calza en este esquema el pedido de juicio político a la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse? Por cierto que comparte la brumosa intensidad de los otros antecedentes turbios. Pero aparecen distintas turbiedades. El edil que estuvo a la cabeza de la iniciativa, Javier Barrios Bove, es el mismo abogado que secundó a Carlos Julio Pereyra en la investigación del vino envenenado que en 1978 cobró la vida de la madre del actual ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Es el mismo que ofició de suplente del diputado Jorge Gandini y que ha llevado la voz cantante en los últimos cuestionamientos a la intendencia. ¿Fue iniciativa propia?
Barrios Bove parecía muy indignado el día que ofreció la conferencia de prensa para explicar las razones por las cuales 13 ediles de la oposición decidieron impulsar el juicio político a Carolina Cosse. La indignación partía del hecho de que la intendenta no había concurrido a la citación del cuerpo para dar explicaciones de algo que, al comienzo, quedó en el olvido ante tamaño despropósito. Barrios explicó que esa actitud implicaba una violación de la Constitución y revelaba el «ninguneo» de la jerarca hacia el cuerpo, como si la Constitución previera un castigo bíblico a quienes consideraran a los ediles como legisladores de segunda categoría. Después, sumergiéndose en la turbiedad, afirmó que esa no concurrencia era «la gota que desbordó el vaso». La misma turbiedad amparó otra excusa. La acusación de que la intendenta no contestaba los pedidos de informe tuvo su vuelta de tuerca cuando Cosse afirmó que se habían contestado todos los pedidos. Barrios aclaró que la intendenta se había apresurado a contestarlos en el período «ventana» entre el llamado a sala y el planteo de solicitud de juicio político.
Como toda turbiedad, es imposible determinar si la solicitud que la Junta de Montevideo elevó al Senado de la república es consecuencia de una «calentura» espontánea pero colectiva (13 ediles enojados con la misma intensidad y al mismo tiempo es una improbabilidad) o si obedece a una decisión política «orejana». Destituir a un gobernante elegido por una cómoda mayoría absoluta de sus gobernados (no por los restos rejuntados de una coalición) con base en subjetivismos es un paso temerario que los senadores no parecen dispuestos a dar, aun en el caso de que tuvieran las mayorías especiales, de las que carecen.
Las reacciones en la coalición multicolor sugieren un cuestionamiento, por desmesurado, a la decisión de los 13 ediles, y los gestos de reprobación deben medirse con la vara que obliga a cierta solidaridad. Así, el ministro de Defensa Nacional, Javier García, consideró equivocada la medida y lo hizo saber a los correligionarios que lo consultaron: «Pero fracasé exitosamente», admitió. En tonos similares, como una abuelita que regaña la inconducta de su nieto, se manifestaron otros voceros nacionalistas y de la coalición. El presidente Luis Lacalle no opinó, a diferencia de lo que hace habitualmente, quizás debido a que desde el Frente Amplio se machacó con la interpretación de que el pedido de juicio político es una cortina de humo para desviar la atención del «escándalo Astesiano» y las ramificaciones de la actividad criminal desde el cuarto piso de la Torre Ejecutiva. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, calificó de «humo de baja calidad» y «política de barro» el ataque a Carolina Cosse.
Hay quienes creen que el paso en falso de los ediles de la oposición fortalece a Cosse en la pulseada que mantiene con el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, por el posicionamiento preelectoral. Y hay quienes sostienen, también, que los 13 ediles secundaron a (o fueron manipulados por) Laura Raffo, atornillada a la departamental de Montevideo del Partido Nacional, rampa de lanzamiento de sus ¿desmesuradas? ambiciones presidenciales. La excandidata a intendenta de Montevideo –que reitera la mención a Casavalle como si viajara diariamente desde su residencia en Carrasco– no habría cometido ningún error de cálculo si, como aducen algunos blancos, fue la autora intelectual de esta mayúscula turbiedad.
