La decisión del presidente Alberto Fernández de prolongar el aislamiento obligatorio hasta el 13 de abril aumentó los interrogantes en torno a la situación sanitaria, económica y social en el país. Desde el punto de vista médico, los resultados indican una progresión bajo control de la pandemia con una tasa de mortalidad sostenida de un 2 por ciento respecto del total de infectados. Los casos positivos ya superan los 1.000 y comenzó a registrarse un número importante de contagios por transmisión comunitaria. La capital sigue siendo el principal foco y le sigue el Gran Buenos Aires. Entre ambos concentran el 60 por ciento de los casos, pero también las cifras más duras y riesgosas en términos de desempleo y pobreza.
INFORMALES, DESEMPLEADOS Y PRECARIZADOS. Al cabo de una semana de decretado el aislamiento obligatorio, el gobierno reparó en los problemas del sector informal de la economía. Con viviendas precarias y familias numerosas, ese sector recibió el anuncio de un bono de 5 mil pesos (77 dólares) para el mes de abril. La medida fue ampliada el jueves 26 con un subsidio especial de otros 10 mil pesos para aquellos inscriptos como monotributistas, una categoría fiscal que engloba desde el emprendedor individual que produce artesanías o vende servicios hasta los miembros de una cooperativa. Según datos de la Administración Federal de Ingresos Públicos, el padrón nacional para esta categoría oscila entre 3 y 4 millones de personas. Para percibir el subsidio es necesario inscribirse en la página web de la Administración Nacional de la Seguridad Social, que debió extender la fecha de recepción de formularios tres días más: sólo en los primeros dos días ya se habían anotado 9 millones de personas.
“Que los inscriptos superen el número de monotributistas y alcancen al 75 por ciento de la mano de obra activa total en la Argentina habla de las graves falencias en los ingresos de los trabajadores y en la distribución de la renta, dadas las necesidades que esta pandemia terminó por desnudar”, señaló a Brecha Enrique Martínez, coordinador del Instituto para la Producción Popular y extitular del Instituto Nacional de Tecnología Industrial bajo los gobiernos de Raúl Alfonsín, Néstor Kirchner y Cristina Fernández. “La situación de los sectores populares es grave. Todo el sector de pequeñas y medianas empresas, los cuentapropistas y los cooperativistas se ha quedado sin posibilidad concreta de producir y obtener ingresos”, agregó.
“En Argentina el sector cooperativo nunca logró constituirse en cadena de producción y valor propia; siempre dependió, en algún punto, de los grupos económicos concentrados. Hoy llega a esta instancia totalmente desprotegido. Para salir de esta situación hará falta no sólo la intervención estatal, sino la inteligencia para plantear una salida que contemple la producción y los ingresos. No hay que sacarles a los ricos para darles a los pobres; hay que permitir que los pobres trabajen y desarrollen sus propias capacidades”, enfatizó Martínez.
Los ministerios de Economía y Desarrollo Productivo, en las últimas semanas, establecieron medidas puntuales, como la reducción de tasas de interés para créditos blandos, la suspensión de impuestos para las pymes, el congelamiento del precio de los alquileres y de los créditos hipotecarios hasta el 30 de setiembre, con la idea de frenar la caída de la economía en los sectores bajos y asalariados. Una caída en la actividad implica mayores problemas en la vida cotidiana de millones de habitantes de las barriadas populares, que viven de trabajos ocasionales o de un salario en relación de dependencia, lo que implicaría una agudización del conflicto social.
LA CUARENTENA IMPOSIBLE. “En los barrios populares lo último que necesitábamos eran policías y gendarmes”, señaló a Brecha Ismael Jalil, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI). “Necesitamos hospitales ambulantes, ayuda social y dinero para que la gente pueda comer ante la pandemia. El encierro, tal como lo plantea el gobierno nacional, está pensado para las clases medias urbanas, y está bien. Pero en los barrios populares la gente vive en ranchos o con familia de seis o siete miembros hacinada en una habitación. La idea de quedarse en casa es suicida, y cuando salen, los meten en cana”, agregó.
Según datos relevados por CORREPI, desde el inicio del aislamiento obligatorio se produjeron 500 mil notificaciones por violar la cuarentena. 13 mil personas, en su mayoría jóvenes de entre 18 y 30 años, terminaron en las comisarías. “Violar la cuarentena fue la excusa policial para caerles a los pibes que tenían otras causas”, señaló Jalil. A raíz de estas denuncias, tanto el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, como los intendentes de los principales municipios del Gran Buenos Aires plantean una variante para la consigna oficial “no salgas de tu barrio”. “Es difícil pedirle a la gente que vive de changas callejeras que no salga de su casa, porque así no puede sobrevivir”, remató Jalil.
DILEMA FRENTE A LOS PODEROSOS. Frente a la emergencia sanitaria, el presidente Alberto Fernández reorganizó su agenda. Había asumido con la idea de reconstruir un país endeudado cuyo tema central era la negociación con el Fmi y los acreedores, y terminó enfrentado a una pandemia mundial cuyos alcances aún no se perciben totalmente. Si el tema excluyente del último mes fue el acelerado avance del coronavirus, la tarde del viernes 27 abrió un nuevo frente de tormenta.
Mientras pequeños empresarios, cooperativistas y sectores del comercio cuentapropista reclaman al gobierno medidas complementarias ante un inminente corte de la cadena de pagos, “los grandes grupos económicos concentrados aprovechan la situación y buscan que la cadena de pagos se corte para promover una vuelta a la actividad”, señaló a Brecha Francisco Cantamutto, licenciado en Economía e investigador del Conicet. El grupo multinacional Techint –dedicado a la ingeniería y construcción de grandes obras– decidió despedir a 1.450 obreros no renovándoles el contrato, lo que generó las primeras discusiones sobre cómo sostener la actividad económica en un contexto de aislamiento de la mano de obra.
La Asociación de Empresarios Nacionales –que reúne a pequeños y medianos empresarios ligados esencialmente a abastecer el mercado interno– reclama al gobierno medidas más severas contra los bancos y las grandes empresas, por ejemplo, la obligación de pagar a las Pymes toda la facturación en un plazo máximo de 15 días y los créditos de los bancos a la mitad de la tasa actual para evitar el corte de la cadena de pagos.
“Es hora de que los grandes empresarios ganen un poco menos”, dijo en ese sentido el presidente Fernández en su mensaje del domingo pasado, al extender el plazo de aislamiento hasta el 13 de abril. Para Cantamutto, la popularidad del mandatario indicada por los últimos sondeos presentados en marzo debería ser aprovechada para rediscutir los términos de las relaciones sociales y económicas de Argentina: “Es necesario hacer partícipes del salvataje a los grandes bancos y a las grandes empresas, implementar un impuesto a las grandes fortunas y a los fondos en el exterior que puedan ser identificados por el Banco Central, además de suspender el pago de la deuda externa”.
El economista Claudio Katz, investigador del Conicet y docente de la Universidad de Buenos Aires, fue más allá: “Es muy probable que el manejo de esta crisis defina la tónica, conservadora o progresista, del quinto peronismo. Alberto proviene del primer sector, pero se amoldó al segundo por el liderazgo de Cristina Fernández. La redefinición en curso hace tambalear su proyecto inicial de repetir el equilibrio de Néstor, incorporando ingredientes de institucionalidad alfonsinista a la coalición gobernante”.
Sin embargo, anota Katz, “Fernández logró hasta ahora afianzar la hegemonía que introdujo al inicio de su gestión. Ya consiguió el acompañamiento de la oposición, la tregua de los medios de comunicación y el continuado sostén del electorado, que apostó a superar la pesadilla del macrismo. Cuenta, además, con la aprobación de los científicos y sanitaristas, que ejercen una influencia mayúscula en la coyuntura actual. La derecha ha perdido gravitación”. A pesar de eso, “el escenario puede cambiar si las respuestas a la crisis son inadecuadas. La población evalúa con enorme atención la gestión oficial del vendaval económico y sanitario”.
