El acuerdo del gobierno con la multinacional de origen belga Katoen Natie, que le otorga la concesión de la Terminal Cuenca del Plata (TCP) hasta 2081, aún deja mucha tela para cortar. Desde 2001 la empresa tiene el 80 por ciento de las acciones de la TCP; el 20 por ciento restante le corresponde al Estado uruguayo a través de la Administración Nacional de Puertos (ANP). El nuevo acuerdo es un punto de inflexión en la compleja dinámica portuaria, con repercusiones políticas, económicas y jurídicas. En este último aspecto, los fundamentos del gobierno se muestran a media luz y la ubicuidad de algunos protagonistas del acuerdo difumina sus límites de pertenencia. ¿Quién es quién y por quién habla cada uno?
El 21 de abril el ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, com...
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