El gobierno de izquierdas en España puso otra vez sobre la mesa el debate sobre la renta básica universal. Aunque todavía está lejos de la propuesta original de sus impulsores, la ley que se aprobó este mes se adentra en un camino que ya recorren varios países, con experiencias que cuestionan muchas de las críticas habituales a este tipo de medidas, como la de que fomentarían el parasitismo. La discusión esconde ideas muy diferentes sobre el trabajo y el poder.
La crisis pandémica ha puesto sobre la mesa algo que, en realidad, no necesitaba de ella para resultar evidente: los seres humanos no están en igualdad de condiciones para afrontar los desastres y si no hay una intervención externa –la mano visible del Estado, por llamarla de alguna manera–, las desigualdades y las precariedades se agravarán y se llegará a un punto en que esa situación no les será funcional ni siquiera a los que más tienen. Como es habitual en las grandes crisis, hubo un momento utópico en el que muchos pensaron que el espacio para implementar alternativas reales podía comenzar a ser llenado. Duró poco. Ya se está viendo que, de no mediar algo parecido a una revolución –sea lo que sea que eso signifique hoy–, la “nueva normalidad” tenderá a confluir cada vez más con la “vieja normalidad”. Los debates actuales se están centrando más bien en los paliativos.
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En España costó una barbaridad que saliera el ingreso mínimo vital (Imv). Formaba parte del acuerdo de principios pactado por los socialistas del Psoe y Unidas Podemos. Pero, mientras que los segundos querían que se pareciera lo más posible a una renta garantizada para todos, los primeros preferían que se concentrara en los más pobres de los pobres. Comenzó a aplicarse en junio y no supuso un cambio radical: desde ahora, por tiempo indeterminado, alrededor de 2,5 millones de personas que forman parte de algo menos de un millón de hogares podrán acceder a una renta de 461,5 euros en caso de estar solas y de 1.015 euros en caso de integrar familias de cinco miembros. Podrán cobrarlo quienes viven solos y ganan menos de 200 euros mensuales o quienes integran familias de cinco miembros y ganan hasta 450 euros. Deberán ser españoles o extranjeros que residan legalmente en el país desde hace menos de un año, lo que excluye a los clandestinos, buena parte del total de inmigrantes. Y está muy lejos de abarcar a todos los pobres.
Dispositivos de este tipo ya existen en otros países europeos gobernados por fuerzas de centroderecha. Al español, el Fondo Monetario Internacional lo vio con buenos ojos: su portavoz, Gerry Rice, lo consideró “esencial” (20minutos.es, 5-VI-20) y felicitó al gobierno por adoptarlo. No le gustó, eso sí, que viniera acompañado de la derogación de la reforma laboral del Partido Popular, que flexibilizaba el mercado de trabajo en favor de los empresarios, una opinión que compartió el presidente de la confederación patronal, Antonio Garamendi, a quien tampoco le cayó bien que el Imv sea permanente (“Se puede llegar a montar un país de subvencionados”, dijo el 28 de mayo a la prensa).
En el contexto español, de todas maneras, el Imv sí es un paso adelante, dijo el vicepresidente de Asuntos Sociales y líder de Podemos, Pablo Iglesias. España es uno de los tres países de la Unión Europea, después de dos repúblicas bálticas, con la brecha más grande entre ricos y pobres. Para Iglesias, el Imv “camina hacia la reducción de las desigualdades”. Podemos hubiera querido, sin embargo, que, más que de ingreso mínimo, se hablara de renta básica, una propuesta que plantea desde su creación, en 2015.
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El Imv es más bien “un ingreso para pobres”, dijo Daniel Raventós, coordinador de la Red Renta Básica de España y militante de la asociación Attac, que se creó para promover la tasación de las transacciones financieras. El ingreso mínimo es mejor que nada, claro, pero está a años luz de comenzar a dar vuelta la tortilla de las desigualdades. Si se tiene en cuenta que en 2019 oficialmente había en España 10 millones de personas bajo el umbral de la pobreza y que esta renta llegará a los 2,5 millones, el 75 por ciento de los pobres quedará por fuera, señaló este economista, quien en mayo estuvo entre los 41 expertos citados por la Comisión de Reconstrucción Social y Económica, creada por el Parlamento para definir una salida a la crisis pandémica (lamarea.com, 22-V-20).
El Imv tiene muchos otros bemoles. Primero que nada, el de la trampa de la pobreza: “Cuando se es perceptor de un subsidio condicionado, existe un fuerte desincentivo a buscar trabajo remunerado si ello implica la pérdida total o parcial del subsidio […]. Hay una estigmatización socialasociada a tener que significarse en las ventanillas de la administración como pobres, culpables, enfermos o fracasados”. Además, siempre opera el fantasma de las restricciones presupuestarias: “Cuando llega una crisis, las administraciones recortan el presupuesto, lo que afecta los subsidios condicionados. Se dan muchos casos de personas a las que les habían concedido un subsidio y se lo han retirado, o de repente les exigen más condiciones para acceder a él”. Con una renta básica universal (Rbu), piensa Raventós, nada de eso ocurriría.
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De la posibilidad de implementar una Rbu se habla en Europa hace varios años. La crisis coronavírica la ha traído al primer plano. Y no siempre de la mano de figuras o formaciones políticas identificadas con la izquierda. Allá por comienzos de abril se viralizó un editorial del Financial Times, medio referente del liberalismo si los hay, que decía que la renta básica y otras “políticas hasta ahora consideradas excéntricas, como los impuestos a la riqueza, deben empezar a considerarse” en el período poscovid. Tres años antes había sido evocada como “una medida positiva, necesaria, aplicable y, probablemente, inevitable” en el marco del Foro Económico Mundial, la cita anual que se dan políticos, grandes empresarios y representantes de organismos financieros internacionales en la montañosa y muy pituca ciudad suiza de Davos. Y en Sillicon Valley se la mencionó como una posible solución ante el avance de la robotización y la destrucción de una gran cantidad de fuentes de trabajo. Muchos años antes, adalides del liberalismo como Milton Friedman y Friedrich von Hayek también habían defendido una forma de renta básica.
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Iniciativas sobre la Rbu hay muchas. Algunas se concretaron; la mayor parte de ellas fue destinada a promover la empleabilidad. La que más repercusión tuvo fue la finlandesa, pero también las hubo en Irán, Kenia, Alaska, Alemania, Canadá, Holanda y Noruega. En Alaska comenzó en los setenta y consiste en entregar a cada ciudadano un cheque anual por un monto calculado en función de los ingresos generados por el petróleo. En épocas de pozos gordos llegó a representar casi 2 mil dólares por cabeza al año. En 2011, cuando eliminó los subsidios a productos y servicios básicos como el pan, la electricidad, el agua y la nafta, el gobierno de Irán puso en marcha, a su vez, un sistema de transferencia de efectivo, que consiste en entregar a cada familia el equivalente a algo menos de la tercera parte de sus ingresos mensuales.
En Canadá se hicieron dos experimentos. Al más amplio se lo llamó Mincome y se desarrolló en la localidad agrícola de Dauphin entre 1974 y 1979. Permaneció casi oculto hasta que en 2011 se conocieron sus detalles, cuando la socióloga Evelyn Forget reunió la documentación existente y publicó el paper “The town with no poverty” (el pueblo donde no existía la pobreza). La adhesión a Mincome era voluntaria y podían participar quienes estuvieran por debajo de cierto nivel de ingresos. Si tenían otras rentas, se las descontaba de la renta básica, pero de manera tal que “siempre hubiera un incentivo para trabajar más horas en vez de menos”. “Estabas mejor trabajando que no trabajando”, explicó Forget.
Según la socióloga, el experimento probó que los presupuestos de quienes sostienen que una renta básica fomenta el parasitismo son falsos. “Lo más importante para un pueblo agrícola dependiente, con altos índices de autoempleo, fue la estabilidad y la previsibilidad [que les ofreció Mincome]. Las familias sabían que podían contar con algo de apoyo sin importar lo que pasara con los precios de la agricultura y el clima. Sabían que una enfermedad, una discapacidad o algún evento económico impredecible no iba a ser devastador económicamente”, contó. Los jóvenes pobres pudieron dedicarse a estudiar, las parejas cuidaron mejor a sus hijos. Hubo, sobre todo, un efecto de “multiplicación social”, que llevó a que mejorara el rendimiento educativo del conjunto de los jóvenes en Dauphin; se redujeran el estrés, la violencia doméstica y los problemas de salud, y “aumentara la realización personal de la gente”.
Resultados similares de bienestar se constataron en Alaska, Irán y Kenia. También en Finlandia. El experimento finés se llevó a cabo en 2017 y 2018 por iniciativa del gobierno conservador de la época, y sus primeros resultados comenzaron a conocerse el año pasado. Involucró a 2 mil personas, elegidas al azar entre desempleados de larga data de entre 25 y 58 años que cobraban el seguro de paro y otras prestaciones, a las que se les dio unos 620 dólares libres de impuestos. “Se vio que aquellos que percibían este ingreso tendían a incrementar su participación en el mercado de trabajo y que la ventaja era mayor en quienes estaban más desvinculados del tejido social”, señala un artículo de la periodista Mar Calpena publicado el 12 de mayo en la revista digital española Ctxt. Otro artículo, de Alberto Tena, especialista en políticas sociales por la Universidad Complutense de Madrid, publicado en febrero de 2019 en la misma revista, observa que, luego del caso finés, “quienes quieren probar que recibir dinero de forma incondicional empujaría a no participar activamente de la sociedad deberían empezar a mostrar alguna evidencia empírica al respecto”. En el gobierno, en cambio, hubo quienes consideraron la experiencia “demasiado cara” y “poco concluyente” respecto al objetivo inicial. Investigadores del Instituto de Seguridad Social de Finlandia criticaron el sesgo “empleocentrista” del propio plan piloto y de las evaluaciones posteriores del gobierno.
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Como demuestra el caso de Finlandia, escribe Alberto Tena en Ctxt, las discusiones sobre los diferentes tipos de Rbu “esconden debates ideológicos de calado”. “Para quienes defendemos que la renta básica tiene que convertirse en una herramienta de emancipación, su implementación debe ir pareja con la defensa y la ampliación de los mecanismos de renta indirecta, como son los principales ejes del Estado de bienestar: salud, educación y dependencia”, dicen Daniel Raventós, Bru Laín y Nuria Alabao (Sinpermiso, 13-IV-20). La diferencia entre una renta básica de izquierda y una de derecha, apuntan, reside en cómo se financia y las medidas que deben acompañarla. Ellos proponen financiarla con impuestos a los más ricos, recortes en gastos como los de defensa y el combate al fraude y la evasión fiscal. En España, recordaron, sindicatos, asociaciones y movimientos sociales presentaron recientemente el Plan de Choque Social, que incluye una renta básica universal e incondicional y “una multitud de medidas para hacer frente a la magnitud de la catástrofe social y económica actual”,y “apunta más allá de las draconianas condicionalidades y las medidas disciplinarias que acompañan las ayudas para pobres”.
El dinero, si se quiere, se encuentra. En una entrevista (El Salto, 3-IV-19) Raventós trajo a colación lo que dijo 20 años atrás un empresario catalán en una radio: “Yo una renta básica la considero muy muy peligrosa, porque no es un problema de financiación. Hacemos números y sale. Lo que pasa es que les daría un poder de negociación muy importante a los trabajadores. ¿Para qué se lo vamos a dar?”. Y sí, dijo el economista: manejada con una perspectiva poscapitalista, la Rbu es “una medida muy conflictiva, porque una parte poderosa sale perdiendo, no sólo desde el punto de vista económico”. De ahí las enormes resistencias que provocan algunas de sus versiones.
Por lo pronto, una encuesta hecha en mayo en España por la consultora Ipsos arrojó que el 56 por ciento de los consultados apoyaría la entrega de un “ingreso incondicional y universal de 715 euros mensuales a todos los adultos”, financiado mediante una reforma fiscal. Pero por ahora, dicen Raventós, Alabao y Laín, “está ganando la banca”.
