Aparte

Hace 20 años el cineasta Mario Handler documentaba, cámara en mano, la cotidianeidad en los márgenes más pobres de Montevideo. Una madre soltera, una prostituta, jóvenes en tempranos conflictos con la ley, eran los protagonistas del documental Aparte. Su estreno en 2002 sacudió a la sociedad uruguaya con la exhibición descarnada de los efectos socioculturales de la crisis económica de principios del milenio. La película –que en Uruguay llegó a superar a Matrix en taquilla– contenía escenas filmadas por los propios protagonistas, a los que el director les cedía la cámara.

Paralelamente, por lo menos desde 1992, crecía en Uruguay (en principio, al sur y al este) una forma opuesta de segregación habitacional: los barrios privados o cerrados, donde la circulación está restringida a los residentes o a quienes ellos autoricen. La desigualdad entre estos enclaves apartados no sólo radica en lo evidente (el nivel socioeconómico de sus habitantes), sino en la información que se tiene acerca de ellos, sobre los que en Uruguay hay muy pocos estudios académicos y ningún documental. En esto coinciden quienes, con grandes dificultades para acceder a la información, se han abocado a su estudio en Uruguay.

Este fenómeno de radicalización de la segregación espacial creció a impulsos de la globalización neoliberal a partir de la década del 70 y se consolidó en las grandes ciudades de Latinoamérica en los años ochenta. A Uruguay, como tantas cosas, llegó un poco más tarde. Quizás por eso, mientras en el mundo se acumula evidencia sobre los problemas urbanísticos, ambientales y sociales que los barrios privados traen aparejados –con ejemplos como el de Rosario, Argentina, que tras la sofocación de su casco urbano los prohibió en 2010–, en nuestro país el empresariado encuentra fuerte respaldo en sectores políticos que promueven su expansión, incluso a la izquierda del espectro partidario.

RUMBO AL NORTE

Según los datos publicados en 2019 por los politólogos Marcelo Pérez Sánchez y Juan Pedro Ravela,¹ los departamentos punteros en urbanizaciones cerradas son Maldonado (con 40 barrios de este tipo) y Canelones (con 18). En Montevideo, los barrios privados no están habilitados, aunque los académicos identificaron cinco barrios semiprivados que, aun sin impedir totalmente la libre circulación ciudadana, la desestimulan con recursos como puestos de control o calles sin salida. Salvo excepciones puntuales, como las de Lavalleja y Soriano (con dos barrios privados cada uno), hasta ahora el grueso de los enclaves se sitúa en departamentos de la franja costera (a los mencionados se suman Rocha, Colonia, San José y Soriano). Pero su presencia se viene expandiendo por el territorio nacional de la mano de algunos grandes grupos económicos.

Uno de ellos es el grupo La Tahona (Runtuna SA), con fuerte presencia en Camino de los Horneros (donde se agrupa la mayor concentración de barrios privados de la zona metropolitana, en Canelones). La Tahona fue pionera en estos emprendimientos a principios de los años noventa, durante la intendencia de Tabaré Hackenbruch y la presidencia de Luis Alberto Lacalle. La familia Añón compró, «junto a otros profesionales», las primeras 120 hectáreas en 1992 (El Observador, 14-IX-20). En aquel momento no había regulación específica para estos emprendimientos, que crecieron amparados en el concepto de clubes de campo. Luego fueron regulados por el capítulo sobre urbanizaciones de propiedad horizontal de la Ley de Urgente Consideración (ley 17.292) de 2001, y por la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible (LOTDS), de 2008 (Vivienda Popular, FADU, noviembre de 2016). Pero, por mandato constitucional, buena parte de las disposiciones que rigen en materia de administración territorial quedan en manos de las normativas departamentales.

En sucesivos planes de ordenamiento territorial posteriores a la LOTDS, la Intendencia de Canelones –ya en manos del Frente Amplio (FA)– optó por estimular «instrumentos de promoción y regulación de los barrios privados» (Sánchez y Ravela, 2019), a contramano de lo actuado por el FA en la capital. Entre 2000 y 2015, los académicos citan siete casos de recategorizaciones de suelo (cuatro de ellas para emprendimientos de La Tahona), en los cuales no «se observa ningún instrumento que contemple la captación de plusvalías por parte del gobierno departamental sobre los desarrolladores inmobiliarios». La plusvalía urbana se define como «la valorización que sufren diversos inmuebles en función de acciones que son externas a los propietarios y que fundamentalmente son llevadas a cabo por el Estado», que es a quien le correspondería hacerse de ese plusvalor para redistribuirlo en la sociedad.

Hoy La Tahona tiene cinco barrios privados en Canelones y pretende llegar a 500 hectáreas en el departamento y a 5 mil en todo el territorio nacional. Para sus proyectos, no sólo cuenta con el apoyo del presidente Luis Lacalle Pou (que reside en uno de sus barrios), sino también con el de varios líderes del FA, con Yamandú Orsi como destacado articulador. En contra tiene que la calificadora de riesgo Fitch Ratings asignó a la sociedad anónima una «perspectiva negativa». La calificación «refleja la expectativa de que el flujo operativo podría estar afectado por la disrupción económica relacionada con el covid-19, que ha afectado la mayoría de las actividades no esenciales. Asimismo, la continuidad de la incertidumbre acerca de la recuperación de la actividad inmobiliaria podría implicar que Runtuna no sea capaz de retornar a los niveles de actividad y monetización previstos antes de fines de 2021», explicó la calificadora.

En tiempos mejores, durante el mandato de Guillermo Caraballo, el grupo puso en marcha su proyecto inmobiliario de La Tahona Paysandú Golf Club, ubicado, respecto a la ciudad, sobre el lado opuesto de la intersección de las rutas 3 y 90. Además, promueve actualmente otro emprendimiento que implica la creación de una laguna artificial sobre el arroyo San Francisco –próxima al puente binacional y también del lado opuesto del camino que conecta con la ciudad–. El emprendimiento anuncia intenciones de sumar al negocio inmobiliario el rubro turístico. «San Francisco Lagoon tendrá una extensa playa rodeando la gran laguna, con sectores para todo público –a los que podrá ingresar abonando una entrada que, se ha indicado, será accesible–, playa VIP, Playa Party y Playa Hotel, de modo que tanto el público como los residentes y quienes se alojen en el hotel tengan espacios definidos y diferentes», según la cobertura de El Telégrafo sobre la presentación del proyecto.

Consultado por la posición política del FA a nivel departamental, el presidente de la coalición de izquierda en Paysandú, Álvaro Guigou, dijo: «El tema en sí no lo hemos tratado. Tenemos compañeros que están a favor y en contra. Yo diría que mayoritariamente se está en contra de ese tipo de proyectos, pero no hemos tomado posición». Las bases programáticas del FA para el período 2020-2025 prometían explícitamente restringir «las modalidades excluyentes como los barrios privados y cerrados y otras formas de inversión especulativa en lugares de especial valor inmobiliario».

UN MESIANISMO INCIERTO

En Salto, con el respaldo del intendente Andrés Lima, el apoyo presidencial y la colaboración de técnicos de la Intendencia de Canelones, La Tahona pretende instalarse en tres padrones que ocupan un total de 568 hectáreas. El proyecto, denominado El Milagro, ha suscitado críticas de profesionales de distintas disciplinas del Centro Universitario Regional Norte (CENUR) de la Universidad de la República, de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay y de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam), entre otros actores. Una de las polémicas gira en torno a su localización, que implica la recategorización de suelo rural por fuera de los límites definidos por el Plan Local para la Ciudad de Salto y su Microrregión (aprobado en 2016). La recategorización planteada dejaría dentro de la trama urbana el bypass que une las rutas 3 y 31, generando «múltiples cruces vehiculares» en un «tramo fundamental para el tránsito de pasajeros y el transporte nacional e internacional de carga», sostiene un documento elaborado por los académicos del CENUR, nucleados en el Grupo de Estudios Territoriales. Desde su perspectiva, la normativa territorial vigente en Salto «habilita la realización de todas las ideas que se han planteado con relación al proyecto El Milagro, en forma ordenada y sostenible».

En el documento presentado para la revisión «parcial» del plan de Salto, la Intendencia Departamental de Salto (IDS) fundamenta su promoción del proyecto en los bajos indicadores sociales del departamento. Salto está por debajo de la media nacional en materia de empleo, actividad económica y participación en el producto bruto interno, entre otros índices. «En este sentido, recalificar tierra con esos propósitos, turismo y educación, marca un camino a transitar para el proceso de desarrollo del departamento».

En declaraciones a El País, Andrés Lima asoció la captación de plusvalías por el proyecto (aún no reglamentada en Salto) a dos objetivos. Uno es la erradicación de asentamientos. Según un informe técnico del Programa de Mejoramiento de Barrios, entre 2011 y 2018 la tasa de crecimiento de los asentamientos en Salto es la mayor del país (38 por ciento), con diez asentamientos creados, que totalizan 26 a 2018. Los únicos departamentos que superan a Salto en el período, con 12 nuevos asentamientos, son Montevideo y Canelones, donde campean los barrios privados.

El otro objetivo es la creación de un puerto de barcazas, al que no se hace mención en el plan de reordenamiento propuesto. La IDS anuncia la creación de 13.500 puestos de trabajo y la de 1.000 puestos fijos si el proyecto finalmente prospera. Además, hay novedades retóricas: el intendente y el secretario general de la IDS no se refieren a un barrio privado, sino a un «barrio residencial».

El proceso de revisión del plan ha tenido varios claroscuros. Su gran presencia mediática, especialmente durante la campaña, no tuvo correlato a nivel institucional. En los documentos presentados por la IDS no hay mención a La Tahona ni a El Milagro. Incluso una respuesta de la IDS a la dirección del CENUR, del 24 de noviembre de 2020, afirma que «a la fecha no se encuentra en estudio como proyecto específico el que se hace referencia [sic]». Sin embargo, Brecha accedió a un documento titulado «Estudio socioeconómico de la ciudad de Salto a partir del desarrollo delclúster turístico y de servicios El Milagro», a cargo de la consultora Berensztein, que fue elaborado para la Intendencia de Salto y está fechado en abril de 2019.

Según dijo a este semanario el grupo del CENUR, no hay ninguna mención formal en el proceso a los actuales propietarios de los padrones en cuestión. En Salto, el rumor es que pertenecen a la familia Lagreca, de fuerte producción agropecuaria. En el estado financiero presentado por Runtuna SA a la Bolsa de Valores de Montevideo se informa que «el grupo firmó la reserva de tres lotes por un total de USD 259.000». Aunque no se menciona dónde se sitúan, cabe la posibilidad de que los lotes reservados sean los del proyecto El Milagro, pues el precio de tasación de 2020 (aún con la categoría rural) de los tres padrones sumados coincide con el monto referido en ese informe (con 1 dólar a 39 pesos). El estudio de Sánchez y Ravela explica que la apropiación de la renta urbana «se disputa entre desarrolladores urbanos y propietarios», por lo tanto, la línea de base del proyecto es clave para calcular su revalorización.

En el plano político departamental, los consultados por el semanario no indican que vaya a ser fácil alcanzar la unanimidad que los planes anteriores lograron en la junta, y que Lima se propone reeditar. Ayer jueves Mijail Pastorino, del Movimiento de Participación Popular, expresó a Radio Arapey sus dudas en cuanto a los empleos que el proyecto promete y a la negativa oficial a catalogar el emprendimiento como «barrio privado»  (a la vez que reconoció la contradicción que significaría esta postura departamental con la del también emepepista Orsi). El edil de la 738 Gabriel Scabino manifestó sus dudas a El País. Algunos ediles del Partido Nacional se han mostrado receptivos a los planteos del CENUR. En el Partido Colorado, la diputada suplente Agustina Escanellas dijo a Brecha que este proyecto «lo que hace es recategorizar suelo que vendría a ser un tercio de lo que ya abarca el casco urbano de la ciudad. […] Como salteños debemos dar garantías de que se realicen estos proyectos una vez que tengamos toda la información sobre la mesa. Es decir, cheques en blanco no».

1.  «Montevideo, ciudad cercada: el fenómeno de los barrios privados», en Habitar Montevideo: 21 miradas sobre la ciudad, IM-Fesur-Udelar, 2019.