El humo sofoca la ciudad de Rosario y se percibe en Buenos Aires y el extenso Gran Buenos Aires. El avance de la frontera agropecuaria necesita tierras para ganado y cultivos. Las quemas ya son prácticas comunes en las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, y acarrean la pérdida de miles de hectáreas de humedales.
Los incendios en el delta del Paraná se repiten anualmente desde 2020, cuando las autoridades detectaron 11 mil focos de fuego, que arrasaron 500 mil hectáreas. Un año más tarde se perdieron 110 mil nuevas hectáreas de vegetación y en lo que va de 2022 se quemaron ya otras 100 mil. En todos los casos se presumen responsabilidades particulares de productores agrícola-ganaderos, que son investigados por la justicia federal.
Ya en abril de 2008 se había producido una serie de incendios en el delta que habían afectado unas 70 mil hectáreas. Igual que ahora, la quema de pastizales tenía como fin aprovechar los suelos de los humedales para la actividad ganadera extensiva. En aquel entonces la nube de humo se propagó hacia el sur y el este de la región, afectando a la capital argentina, pero sus efectos se hicieron sentir también en los departamentos uruguayos de San José, Colonia y Montevideo. La extensión de la frontera agropecuaria empezaba a generar efectos visibles en las urbes.
A partir de esa tragedia, el Estado argentino creó el Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná, en el que intervienen, además del Ejecutivo federal, las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. La iniciativa vino a reconocer los cambios introducidos por el sector privado en el ecosistema, es decir, el uso intensivo de los humedales por parte de los ganaderos de la región, desplazados de las zonas tradicionales por la extensión de los cultivos de soja. En 2017, la Unesco categorizó como «sitio Ramsar» –humedales de importancia internacional– 240 mil hectáreas de humedales del Paraná. No ha sido suficiente para frenar a los productores ganaderos en su afán de ganar tierras para la explotación.
Desde 2013, distintas organizaciones y fuerzas políticas han impulsado proyectos para aprobar una ley de humedales, sin éxito. En la actualidad, el diputado nacional Leonardo Grosso, del oficialista Movimiento Evita, impulsa una iniciativa que pasó a comisiones en agosto. Sin embargo, 13 organizaciones gremiales de productores agropecuarios ya manifestaron su rechazo al proyecto. «El analfabetismo ambiental de los funcionarios y el afán de lucro de los productores constituyen una triste mezcla para el cuidado ambiental», asegura la bióloga Patricia Kandus, doctora en Ciencias Biológicas, docente e investigadora de la Universidad Nacional de San Martín. Kandus es especialista en ecología y teledetección cuantitativa de humedales y ha dictado cursos de posgrado sobre este tipo de ecosistema. Habló con Brecha sobre esta catástrofe ecológica.
—¿Cuál es la diferencia entre los incendios forestales y los que ocurren en los humedales?
—Es importante diferenciarlos. Los de los humedales se dan a fines del invierno y son provocados por los productores ganaderos para que el rebrote de pastos esté disponible para el ganado vacuno en la primavera. Ocurre que estamos en un período extremadamente seco en los últimos años y eso hace que los suelos no estén saturados de agua. Y, por lo tanto, no solo se quema la biomasa verde, sino también las raíces, que ya no tienen agua que las proteja.
—¿La quema de pastizales como práctica deliberada es nociva para los humedales?
—Está en debate el uso de la quema. Es una práctica muy antigua: la usan los productores por los pastizales, se usaba para la caza para acorralar a animales y cazar nutrias y carpinchos, por ejemplo. El tema es que cuando se usa el fuego como herramienta de manera masiva no solo se queman plantas, sino además fauna silvestre. Se quema vida y hábitats. Ahí es cuando uno se pregunta: ¿para qué?, ¿quién se beneficia?
—¿Tiene que ver con el modo de producción?
—Los incendios y el uso del fuego no se pueden separar del modo hegemónico de producción actual, que está representado por la agroindustria. Con el avance a fines del siglo XX del cultivo de soja y del maíz, ocurrió que por el precio de las commodities gran parte de la superficie terrestre resultó aprovechable para hacer agricultura.
Estamos hablando de una producción industrial de cultivos asociados al uso de agroquímicos. A un punto tal que hoy el debate radica en saber si se debe fumigar a 100, 200 o 1.000 metros de una escuela, por ejemplo, por el daño que los agroquímicos pueden generar en la salud humana. En ese marco, ¿cuánto pueden importar los humedales, que además históricamente fueron vistos como tierras sin valor, de difícil acceso y de uso exclusivo para la ganadería? Los humedales siempre fueron usados para la ganadería y no veo que eso sea negativo. Pero antes la actividad ganadera estaba acoplada a los pulsos naturales de inundación y seca. Ahora estamos hablando de procesos ganaderos industriales en los que, como no hay lugar para poner en tierra firme a los animales, usamos los humedales el ciento por ciento del tiempo. Entonces se utiliza el fuego para ganar tierras para cultivo y para construir pólderes (tierras desecadas con fines agrícolas).
—¿Cuál es el valor del humedal?
—Los humedales tienen un gran valor porque naturalmente funcionan como reguladores de las crecientes, como agentes de retención del agua dulce en su camino hacia el mar, permiten conservar biodiversidad, son fundamentales en la captación del dióxido de carbono y varios contaminantes y son hábitat de fauna silvestre.
—¿Por eso resulta importante una ley que los proteja?
—Pensar una ley de humedales es poner a todos en contra. Ningún sector productivo quiere algún tipo de regulación sobre sus actividades. Ni los mineros, ni los ganaderos, ni los petroleros, ni los sectores del turismo o el desarrollo inmobiliario. Todos tienen intereses económicos que chocan con la defensa de los humedales mediante una ley. Esos sectores sostienen que quienes buscan instalar una ley de humedales no quieren el progreso y el desarrollo, lo que impide toda posibilidad de debate, porque descalifican a quienes se preocupan por el medioambiente. Es un argumento entre ingenuo y perverso. Los humedales son casi lo único que nos queda. Los bosques, pese a la ley y el inventario de bosques que se hicieron hace algunos años, son avasallados, aunque ocupan un 15 por ciento de la superficie del país.
Por otro lado, la clase política padece de analfabetismo ambiental potenciado por la necesidad de divisas y, por lo tanto, es susceptible a las presiones de los sectores productivos. Una triste mezcla. Cuando se habla de ley de humedales, en realidad estamos ante una cuestión de presupuestos mínimos, que además están incluidos en la Ley General del Ambiente, una hermosa ley que tenemos, con buenas herramientas de legislación ambiental. Una ley de presupuestos mínimos debe garantizar un mínimo de gestión nacional, provincial y municipal sobre los humedales. Debiera garantizar fondos para esta gestión. En Argentina, el Estado está en general desgarrado y eso es peor en lo que refiere a las políticas ambientales, con leyes que ni siquiera se cumplen. Una ley de humedales por sí sola no va a evitar los incendios.
Semana de alta tensión para Cristina Fernández
La investigación del atentado que sufrió Cristina Fernández a comienzos de mes acumuló novedades esta semana, mientras la causa por corrupción en su contra tuvo al abogado de la vicepresidenta exponiendo su inocencia durante tres jornadas consecutivas. El periplo se cerrará este viernes con la palabra de la propia Fernández ante la Justicia.
En el marco de la investigación por el intento de magnicidio, causó revuelo en los últimos días la noticia de que Gabriel Carrizo, el supuesto jefe del grupo responsable del atentado (que además de él conformarían los detenidos Brenda Uliarte, Fernando Sabag Montiel y Agustina Díaz), tiene como abogada defensora a Brenda Salva, integrante del estudio jurídico del doctor en Derecho Gastón Marano. Salva fue asesora en temas de discapacidad de la diputada nacional del PRO por la provincia de San Luis, Karina Bachey, y es periodista en el canal de TV La Nación +, parte del grupo periodístico del diario La Nación. Marano, por su parte, fue asesor del senador nacional por Chubut Ignacio Torres, del PRO, en la Comisión Bicameral de Inteligencia. Ambos cesaron en sus cargos legislativos el lunes 19, apenas se supo de su tarea como defensores de Carrizo.
Por otro lado, los chats de Whatsapp entre Carrizo, Uliarte y una tercera persona llamada Andrea, dejaron al descubierto la intención de planificar además un atentado “contra el jefe de La Cámpora”, presumiblemente, Máximo Kirchner. El diputado nacional Rodolfo Tailhade, del Frente de Todos, solicitó esta semana una investigación parlamentaria sobre los grupos políticos marginales a los que adscribían los detenidos. Revolución Federal, República Democrática y Nación de Despojados son tres agrupaciones dedicadas a los escraches violentos en la vía pública, tanto frente a la Casa Rosada como frente al Instituto Patria, cercano a Cristina Fernández.
Por su parte, en el juicio oral por los sobreprecios en la obra pública en la provincia de Santa Cruz -la causa conocida como Vialidad-, el abogado de Cristina Fernández, Carlos Beraldi, afirmó esta semana que la indagatoria judicial se trata de “una farsa montada por los fiscales”. A lo largo de tres jornadas, el abogado presentó elementos que según él negarían el pago de sobreprecios y el favoritismo por la empresa local del empresario Lázaro Báez y adujo que incluso testigos convocados por la acusación niegan que hayan existido sobornos en las obras en cuestión. Este viernes en la mañana será la última intervención de Beraldi, lo que dará paso al alegato de la vicepresidenta en el último tramo de su defensa. Una semana de alta tensión en términos políticos y judiciales cuya proyección futura aún resulta incierta.
