Al amparo de la luna

El sonido de los tacos en el asfalto irrumpe en el silencio de la noche. Una mujer trans se perfuma y le pide al espíritu de la Pomba Gira, diosa protectora de las trabajadoras sexuales, que la salve de los peligros que la acechan. En la oscuridad, el cuerpo solitario resplandece bajo la luz roja de un semáforo o la de un auto que se detiene.

Vanesa Pintos, trabajadora sexual desde los 19 años, es integrante de la Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS). Está a favor de que haya un registro, a fin de identificar quiénes son explotadas. Sin embargo, considera que están «expuestas a muchos policías que son abusivos y quieren llevar su coima a través de ese requisito», es decir, el carné.

«Me acuerdo de que estaba trabajando en una rotonda de Young y recibí la agresión de unos policías; más que nada, soborno: “¿Querés trabajar? Tenés que salir con nosotros”. Creo que a la mayoría de las chicas también les pasa, pero no quieren decirlo, por miedo a que las busquen», expresó Esmeralda Marti, trabajadora sexual trans de 26 años. Fue en 2011, cuando tenía 17.

La presunción inicial de que toda mujer trans es trabajadora sexual y la histórica criminalización del trabajo sexual continúan habilitando la represión contra esta población. El primer censo de personas trans, realizado en 2016 por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), arrojó que el 45 por ciento sufrió al menos un episodio de violencia física por su identidad de género; de ellas, el 77 por ciento señaló que ejercen o ejercieron el trabajo sexual. En el 11 por ciento de los episodios de violencia física relevados en el censo, el agresor fue la Policía.

«A veces parece que sacás el Cinco de Oro porque a vos no te tocan. Los policías tocan a las que ellos quieren, a las que a ellos les gustan. Por más que tengas libreta, carné al día, ellos son la ley y se piensan que una tiene que  estar bajo sus pantalones. Es obvio que no hemos vivido lo mismo que una persona trans de 65 años, pero todas recibimos maltrato y agresiones. Lo que más recibimos cuando trabajamos en la noche es abuso sexual. A veces por la Policía y a veces por los clientes», denunció Marti.

La ley 17.515 (2002), de Trabajo Sexual, confiere al Ministerio del Interior (MI) la potestad de autorizar y controlar el trabajo sexual y establece como cometidos la prevención y la represión de la explotación a las trabajadoras sexuales, así como la preservación del «orden público». Sin embargo, los testimonios indican que algunos policías, en lugar de evitar la explotación sexual, la ejercen. En palabras (entrevistado el 22 de enero de 2020) de Christian Gularte, trabajador social que integra la División de Políticas de Género del MI, esta disposición de la ley «habilita que haya un exceso de poder que puede ejercer la Policía».

«Yo he salido con algún policía. Estás obligada; es algo feo. He salido con pocos por miedo, por que si les dices que no, después los tenés en contra. Muchas veces me han parado y lo primero que digo es que no tengo condón. Si el tipo me dice que no me preocupe, que él tiene, para sacármelo de encima le digo: “Te tengo que confesar que tengo VIH”. Ahora no pasa tanto porque andan de a dos, una femenina y uno masculino. ¡Gracias a Dios! Por eso nunca me gustó la noche», relató la activista trans Sandrita Val, que vive en San Carlos y es referente de la Asociación Trans del Uruguay (ATRU) en Maldonado.

La Ley de Trabajo Sexual plantea una paradoja: en su objetivo de hacer de este trabajo una actividad lícita, lo criminaliza. A diferencia del resto de los empleos, que son regulados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), la ley de trabajo sexual otorga el control del oficio al MI y al Ministerio de Salud Pública (MSP). El Registro Nacional del Trabajo Sexual lo llevan la Dirección de Identificación Criminal y la Dirección Nacional de Policía Científica del MI. En Montevideo, la Dirección Nacional de Policía Científica expide los carnés; en los departamentos del interior lo hacen las jefaturas de Policía departamentales.

En 2013 la ONG Mujer y Salud Uruguay (MYSU), a partir de los relatos de trabajadoras sexuales trans, identificó «vacíos y problemas» en la Ley de Trabajo Sexual, corrupción policial y carencia de mecanismos de denuncia para las trabajadoras. Los testimonios surgieron durante talleres que se impartieron entre 2012 y 2013 en Montevideo y Paysandú.

«Hasta ahora hay compañeras que están trabajando en la plaza Internacional, y la zona de noche es complicada, por la Policía. Los brigadianos [oficiales de la Brigada Militar de Rio Grande do Sul] del lado de Santana do Livramento son muy sinvergüenzas. Igual que los [policías] de acá, pero los de allá, si estás changando, te corretean y tenés que irte. Los de acá, si nos ven en la calle, aunque no estemos trabajando, hacen que nos subamos al móvil y exigen que tengamos sexo oral, anal, todo lo que quieran, y después nos tiran por ahí. Si hablás sobre hacer la denuncia, se ríen y te dicen: “No da en nada” (‘No vale la pena’). Uno cubre al otro», denunció Nicole Casaravilla, activista de 32 años que, junto con 24 mujeres trans, integra Diversidad, un colectivo de Rivera. Además, es referente de la ATRU en el departamento.

A la consulta sobre el número de denuncias por violencia policial, la Comisión Nacional Honoraria de Protección del Trabajo Sexual –creada por la Ley de Trabajo Sexual y que funciona en la órbita del MSP– respondió que no recibe presupuesto para su funcionamiento y que el MSP no releva la información solicitada. Además, recomendó consultar al MI y a los prestadores integrales de salud para obtener la información.

Delegados del Área Programática de ITS/VIH-SIDA del MSP, de la División de Género del MI, del MTSS, del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y del Congreso de Intendentes, y dos representantes no gubernamentales de las trabajadoras sexuales integran la Comisión Nacional Honoraria de Protección al Trabajo Sexual. Según Gularte, allí se trabaja en un nuevo proyecto de ley, para que la Policía deje de llevar el registro de las trabajadoras sexuales. «Pero cuando redactamos, saltan los problemas con el MSP y el MTSS. ¿Quién se haría cargo de ese registro? Hace años que estamos trabajando», dijo.

«Cuando hicimos el censo en 2016, a muchas las íbamos a buscar de noche. No las censábamos en ese momento, pero sí les pedíamos los datos. En Salto, por ejemplo, vimos que paraba la Policía y se armaba lío. Hay acuerdos para poder trabajar que no nos lo van a decir a nosotros. En el discurso está todo el tiempo la violencia institucional, en todos lados», dijo Carolina Ortiz, adscripta de la Secretaría Técnica de la Dirección de Promoción Sociocultural del MIDES.

HABITAR LOS MÁRGENES

El trabajo sexual en todas sus modalidades «es a suerte y verdad, según lo que depare la noche», afirmó Lousiana Denoizi, integrante del Colectivo Trans Uruguay. «Una sale a trabajar y no se sabe lo que se puede encontrar: o un buen cliente que te salve la noche o que te asalten», agregó.

Bajo la incandescencia del alumbrado público, pintados por las luces de neón de las whiskerías o en la claridad tenue de una portátil, a pesar de los riesgos, los cuerpos se alquilan por un rato. En ningún escenario las trabajadoras sexuales trans están protegidas de la violencia, ni de la de los clientes ni de la de la Policía. «Mucha gente habla de trabajo fácil, pero no lo es. Soportamos muchas cosas, demasiadas: que te golpeen, que te abusen sexualmente, que te dejen tirada a 5 o 6 quilómetros de donde estabas. Y al otro día tenés que sacarlo de tu vida, pero nunca te olvidás», contó Marti.

La calle es el lugar de trabajo para el 51 por ciento de las trabajadoras sexuales y el lugar donde ocurre el 87 por ciento de las agresiones que reciben las personas trans, según el censo. Las ciudades se reparten entre zonas para mujeres cis y zonas para mujeres trans. En Montevideo a las trabajadoras trans se las encuentra en Bulevar Artigas, el parque Roosevelt, Bulevar José Batlle y Ordóñez, la avenida Luis Alberto de Herrera, la rambla y el Prado. «Las más veteranas van al Prado; las más jovencitas, a Bulevar. Va rotando», contó Denoizi.

Los lugares para ejercer la prostitución son delimitados a nivel departamental por las intendencias municipales, «en coordinación con las autoridades sanitaria y policial», de acuerdo al artículo 19 de la Ley de Trabajo Sexual. Según el informe de MYSU, en algunos departamentos del interior las zonas habilitadas son lugares apartados y poco transitados, lo que expone a las trabajadoras a peligros.

«En Lascano nunca trabajamos en la calle, porque no hay rutas principales: es todo calle de piedra. Trabajaba para una dama. Así le decíamos a la mujer que atendía la whiskería. Yo trabajaba detrás de la barra, hacía shows, era bailarina de caño, modelaba. Era la única trans y todos me amaban», recordó Delfina Pérez, trabajadora sexual rochense.

«Nuestra salida era ir a los cabarets de la periferia de San Carlos. Allí agarrábamos clientes y en alguna oportunidad tuve que acostarme con los policías, porque era parte de la negociación con los dueños de los cabarets: podías bailar ahí e irte con algún tipo, pero si venían los policías, tenías que acostarte con ellos. Esas situaciones también eran violencia institucional y se siguen dando en algunos lugares del interior. Alguna vez también me ha parado la Policía en la calle, pero hay muchas cosas que me he olvidado o las he eliminado, por protección», contó Josefina González, activista del colectivo Unión Trans. «Tengo conciencia social y digo que soy una exputa. Lo soy porque la sociedad y la cultura me colocaron en ese lugar», remarcó.

En una plataforma virtual un cliente ofrece 300 pesos a «una chica o trans bien femenina y buena onda» por sexo oral en su auto. Las plataformas más conocidas son Skokka, Pasión, Giranta, Locanto y Chat Caliente. Algunas son gratuitas; en otras, el precio para publicitarse varía según la categoría: el escalafón común ronda los 500 pesos y el premium (para ser posicionada en los lugares más visibles del sitio) asciende a 3 mil. «Hay una pérdida de ingresos importante, pero estás en una de las páginas más visitadas y sos una de las primeras en salir», valoró Pintos. Agregó que en Salto no están «adaptadas» a pagar ese monto, pero la mayoría trabaja desde sus casas y utiliza las redes sociales para contactar a clientes.

En julio de 2018 la foto y el contacto de Denoizi, publicados en un banner premium de una plataforma virtual, fueron encontrados por un oficial de la Guardia Republicana, que la llamó para solicitarle sus servicios. Una vez en la casa de Denoizi, en Montevideo, el hombre le dijo que se desnudara y la apuntó con el arma reglamentaria. El objetivo era robarle, de la misma forma que robó a otras trabajadoras sexuales trans que se publicitaban en la página web. A raíz del episodio, Denoizi creó un grupo de Whatsapp para advertir a las demás trabajadoras sobre el modus operandi del agresor e hizo la denuncia. La Policía rastreó la llamada y el agresor fue procesado con prisión preventiva. El caso apareció en Subrayado y en otros medios de prensa.

Denoizi es una de las referentes más jóvenes en la militancia por los derechos de las trabajadoras sexuales trans y fue representante en la Comisión Nacional Honoraria de Trabajo Sexual. Estar organizada y participar de espacios de decisión ha permitido que algunas mujeres trans accedan a la Justicia. Sin embargo, la mayoría tiene miedo de denunciar y los casos de violencia policial se pierden en el silencio de las ciudades pequeñas del interior.

«Los policías [de Salto] saben que, de sobrepasarse con las trabajadoras sexuales y las compañeras trans, tenemos respaldo. Están más asesorados sobre los derechos que tenemos. No es la misma realidad que la de un pueblo, donde trabajan cuatro o cinco y están expuestas a que las manipulen. En Salto es diferente porque somos bastantes», señaló Pintos, salteña de 31 años. La activista denunció a la Policía por extorsionar a las trabajadoras sexuales trans que no estaban habilitadas por el MI y obligarlas a tener sexo. Si se negaban, las llevaban detenidas. «Por eso me odian. Muchos quedaron con rabia», dijo. A partir de su denuncia, hace dos años que en Salto la Policía no está controlando los carnés a través de los registros de oficio, un control que se realiza por medio de patrullajes todos los días a la misma hora, durante una semana, en las zonas donde están las trabajadoras sexuales. Luego las paran y si no están registradas, las fichan.

«A las que no están habilitadas se las puede detener. En realidad, no es una detención, sino que hay que trasladarlas a la seccional, registrarlas de forma obligatoria y comunicar al juzgado, porque es una falta a la normativa», indicó Gularte. Pero, según los testimonios, la Policía no traslada, sino que detiene, con o sin orden judicial. «A veces se puede tomar como una forma de ostentar el poder que tiene la Policía», agregó.

Cecilia Erhardt, subdirectora de la División de Políticas de Género del MI, señaló (entrevistada el 16 de octubre de 2020) que la Ley de Trabajo Sexual «obliga al funcionario» a realizar el registro de oficio. «Si te encuentran trabajando y no estás inscripta, primero te hacen un llamamiento a que te inscribas, y si te vuelven a encontrar trabajando, te inscriben de oficio», contó.

El registro del trabajo sexual en el MI constituye una violencia simbólica que antecede y da paso a la violencia física. Las trabajadoras sexuales –en especial, las trans– continúan vulnerables. Como sentenció Marti, para ser mujer trans «no hay que saber vivir en esta sociedad: hay que saber sobrevivir».