“Yo creo que en Canelones no se debería plantar granos”, larga Eduardo Casanova, casi convertido en estrella mediática luego de que sus morrones y tomates aparecieran en todos los informativos estivales de la tevé. Las plantas se secaron luego de que sus vecinos aplicaron en sus cultivos de maíz una dosis de herbicida ocho veces mayor a la permitida, según les confirmaron en febrero desde el Ministerio de Ganadería (Mgap). El picloram (bajo el nombre comercial de Tordon) se escurrió al arroyo Valenzuela y sus cañadas, de donde se saca agua para regar los plantines. “(…) al final a los productores chicos, que somos los que le damos de comer al pueblo, nos están matando mal”, termina la frase el productor mientras recoge del suelo un tomate ácido y arrugado. Casanova perdió toda su producción y no podrá plantar hasta nuevo aviso.
A 30 metros de los invernáculos de Casanova se ven los campos cultivados con maíz transgénico pertenecientes a una sociedad anónima argentina –Esencia del Bosque–, y el ingeniero contratado por ésta fue el encargado de recetar la dosis a la empresa aplicadora (a nombre de Andrea Fernández Montes de Oca, de San José, quien evitó hacer declaraciones).
Luego de la catástrofe, los técnicos del Mgap que visitaron a las siete familias afectadas en La Armonía les sugirieron vender los frutos que “quedaron sanos”, pero para Eduardo Casanova eso implica una gran irresponsabilidad: “los primeros días de enero con mi mujer y mi hijo bebé comimos tomates sin saber lo del picloram y tuvimos diarrea por varios días. Aunque necesite el dinero y la cosa se ponga brava, yo no puedo vender esos tomates, no está bien, no quiero joder a la gente…”.
Con algo de ayuda de la Intendencia de Canelones (fertilizantes, maquinaria y combustible) para plantar en las tierras no afectadas, y con la promesa de que les construirían nuevos pozos de agua, los vecinos recuperaron algo de ánimo. Hasta que esta semana les llegó otro sacudón.
DÉJALA CORRER. El martes pasado técnicos de la Facultad de Química del Polo Tecnológico de Pando –contratados por la Intendencia de Canelones (IC)– se juntaron con los vecinos de La Armonía para comunicarles malas y buenas noticias. La peor es que del análisis de las muestras tomadas el 1 de febrero surgió que varios pozos de agua para consumo humano están contaminados de forma subterránea con agroquímicos. Se encontraron al menos cinco sustancias distintas: picloram, 2,4-D, 246T, un organoclorado no identificado (que podría ser algún herbicida en descomposición), y por último un producto que no pensaban encontrar: el quinclorato (o Quinclorac), un herbicida que se utiliza en cultivos de arroz en otros departamentos y que no se emplea para soja ni maíz. Combinaciones de hasta tres de estos químicos fueron encontradas en tres de los cuatro pozos analizados, de los siete que tienen comprometida su potabilidad.
El hallazgo sugiere una doble omisión por parte de las empresas, que además de la mala praxis (errores de aplicación o deriva) suelen usar “cócteles” que mezclan varios agroquímicos (uno de los más conocidos es la mezcla de 2,4-D, picloram y glifosato) para combatir a las nuevas “supermalezas” cada vez más resistentes. La Facultad de Química tomará hoy nuevas muestras en todos los pozos involucrados para analizar si la concentración continúa o si ha variado en estos dos meses; los resultados estarán listos en 15 días. Mientras, aconsejaron a los vecinos no tomar esa agua.
La buena noticia –si es que se puede mirar así– es que ahora los vecinos están advertidos de la situación, cuando antes no lo estaban. El 15 de febrero de este año, cuando el caso de La Armonía saltó a la luz, el Mgap negó la contaminación de los pozos que analizó –sólo dos– y sostuvo en conferencia de prensa que el agua analizada “no presentó residuos de agroquímicos, por lo que está apta para su consumo”.
Los resultados de la Udelar son sólo una foto de un momento específico, lo que queda por saber es si las cantidades encontradas pueden afectar la salud de los vecinos y durante cuánto tiempo estuvieron expuestos. Y la preocupación se proyecta al país “agrointeligente”: si este fue el hallazgo en estos pozos analizados ahora casi al azar, ¿qué pasa en el resto del país?, ¿qué pasa en los grandes departamentos arroceros o sojeros?
¿LIBRE DE SOJA? Sensibilizada por lo sucedido en La Armonía, la Comisión por un Canelones Libre de Soja Transgénica presentó al intendente Orsi el miércoles 15 de marzo una ampliación de petitorios, y agregaron informes científicos a las firmas que ya habían entregado. “Es urgente una señal que desaliente el agronegocio transgénico en Canelones”, resumieron.
Sería histórico. Canelones ha estado a la vanguardia en varios aspectos: fue pionero en prohibir la fumigación con aviones, el primero en crear una categoría especial de ordenamiento territorial, denominada “Perímetros rurales con asentamientos urbanos”, para proteger a la muy fumigada localidad de Paso Picón; prohibió la aplicación con mosquitos como medida cautelar en la cuenca de la Laguna del Cisne, ¿será ahora el primer departamento en prohibir la soja transgénica?
La fuerte incompatibilidad entre los modelos de producción es cada vez más evidente en un departamento de apenas 4.500 quilómetros cuadrados (2,6 por ciento de la superficie total del país), una alta densidad de población (1.117 habitantes por quilómetro cuadrado) y una economía tan heterogénea. Dedicado a la agricultura, a la ganadería, avicultura, apicultura, viñedos y frigoríficos, el “Canelones de la soberanía” y principal productor de alimentos del país provee lo que más consumen los uruguayos: hortalizas, frutas, vinos, pollos y cerdos.
Según el último censo agropecuario de 2011, sólo 2 por ciento de los productores canarios declaran como principal fuente de ingreso la agricultura en gran escala, es decir, la soja. En la estructura agraria de Canelones “la superficie de explotación destinada a la soja ocupa un lugar muy marginal. Que se plante soja en Canelones o no, no cambia nada, no afecta el volumen de producción de soja en el país”, dijo a Brecha Matías Carámbula, director de Desarrollo Rural de la IC.
El ingeniero agrónomo agregó que el departamento ya ha tomado demasiadas medidas aisladas para emparchar las emergencias en el departamento, y ahora se hace imprescindible un nuevo plan de ordenamiento territorial para “garantizar y proyectar sobre todo la producción familiar, que es el modelo que garantiza la soberanía alimentaria del departamento”. A partir de eso, dijo Carámbula, “tendremos que discutir si la producción familiar puede coexistir o no con el agronegocio, o si hay que restringir, regionalizar, prohibir los grandes modos de producción que están atentando contra la primera. No descartamos nada”, arriesga respecto de esta revisión territorial sin antecedentes.
Ante la presión de los grupos de poder (los sojeros canarios ahora se organizaron para defender sus intereses) y un debate internacional casi caricaturizado entre ambientalistas versus sojeros, según Carámbula, es vital la participación activa en el debate de un nuevo actor: las familias y vecinos organizados. “No podemos imponer ningún verticalazo. Si no tiene sustento social atrás, ningún plan de ordenamiento territorial o prohibición se sostiene.”
