Parido por la militancia feminista, el proyecto argentino de ley de interrupción voluntaria del embarazo ya ha transitado por la Cámara de Diputados y es discutido en el Senado. Desató un debate histórico que ha tensado la política en Argentina, como la cuerda de un arco pronto para enviar una flecha a su blanco.
La historia de la lucha por el aborto legal en Argentina es muy larga y está estrechamente ligada a los movimientos feministas, que desde los sesenta han encontrado en esta reivindicación, en su preciso nudo entre lo personal y lo político, la consigna más clara por la cual trabajar en conjunto.
Pero más recientemente, la acumulación de experiencia, saberes compartidos, militancia, debate y articulación de las distintas organizaciones, azuzada por el impulso del movimiento Ni Una Menos, con sus repercusiones en toda América Latina, ha desembocado en la conformación de un nuevo sujeto social heterogéneo y poderoso, que ha tomado por asalto el escenario político argentino y regional.
La pluralidad de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito (Cnalsyg), que llevó al Congreso argentino el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, que deberá ser votado el próximo 8 de agosto en el Senado, es difícil de exagerar. Ha combinado estrategias de incidencia en los grandes medios de comunicación con movidas en la calle y activismo social; ha realizado un gran trabajo en el parlamento para plasmar la lucha por los derechos reproductivos en el marco del Estado, al tiempo que ha recuperado tradiciones de socorro autogestionado; integra organizaciones de alcance latinoamericano y grupos barriales; piqueteras y académicas, personas trans, lesbianas y varones antipatriarcales; gente de todo el país, que habita ciudades más progresistas y otras más conservadoras, e incluso espacios rurales; personas pertenecientes a todos los partidos, a tradiciones políticas muy diversas, de todas las edades. Luchan por una nueva libertad desde las veteranas que empezaron hace 50 años hasta chiquilinas tan jóvenes que llevan el pañuelo verde atado a la mochila del liceo.
En un espacio tan diverso las disputas son múltiples, sobre todo las que refieren a tensiones político-partidarias. Pero la fuerza del reclamo logró unificar todas las divergencias y obligó a la democracia argentina a enfrentarse con una de sus más grandes deudas: la clandestinidad del aborto y la dificultad de dar un debate serio sobre su legalización.
UNA CAJA DE PANDORA. Fue gracias a la heterogeneidad de la militancia que el debate alcanzó por primera vez los medios hegemónicos. Aunque subrayó que su posición personal era contraria, en un gesto hacia el sector más tradicionalmente liberal y cosmopolita de la derecha argentina, el presidente Mauricio Macri abrió la posibilidad de que el tema llegara al Congreso. Hay múltiples factores que pueden haberlo llevado a tomar esta decisión. Por un lado, la necesidad de una cortina de humo frente a la crisis económica que vive el país, sumada a la chance de probar la reacción social ante la única decisión de su gestión que sería afín a los reclamos de sectores populares. Por el otro, su enfrentamiento personal con el papa Francisco, quien está claramente en contra de su proyecto político –y también, por supuesto, del aborto–. Finalmente, la posibilidad de dejar en evidencia la falencia del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con respecto al tema. Lo cierto es que Macri abrió la caja de Pandora y a partir de ese momento todos los partidos vieron enfrentarse en sus filas a diputados y senadores afines y contrarios a la ley.
Las organizaciones feministas estaban preparadas: identificaron la grieta del sistema y avanzaron. El 5 de marzo presentaron el proyecto de ley, gestado en foros de reflexión en todo el país y aprobado en una plenaria nacional. El proyecto fue enviado a cuatro comisiones parlamentarias: Legislación General, Legislación Penal, Salud, Mujer y Familia. Se estableció que todos los martes y jueves se escucharían en el Congreso exposiciones de siete minutos a favor y en contra de la propuesta: se oyeron los argumentos de más de 700 expositores. La Cnalsyg organizó una lista de oradores que supuso negociaciones y acuerdos, intentando reflejar todas las aristas de la complejidad del asunto. Personas de la ciencia, del arte, de la militancia independiente, del sindicalismo, de la docencia, del orden estudiantil… la representación fue múltiple y diversa. El pañuelo verde simbolizó la potencia de sostener los acuerdos y amplificar el reclamo.
PATEANDO EL TABLERO. Con el telón de fondo de una de las vigilias frente al Congreso más multitudinarias de la historia argentina, la maratónica votación el 13 y 14 de junio en Diputados, que duró 22 horas, dividió transversalmente a los bloques partidarios y también a las provincias. Salta y San Juan contaron con la unanimidad de sus diputados en contra del proyecto. En la amalgama que supone la coalición macrista, de 108 miembros, 65 votos fueron negativos frente a 42 positivos. De los 37 diputados del Pro –el partido del presidente–, sólo 17 votaron a favor; de los 40 de la Unión Cívica Radical, 24 apoyaron la ley. Pero el mayor rechazo se registró en la Coalición Cívica, el sector que lidera Elisa Carrió: de diez integrantes, sólo uno votó a favor. Luego de votar en contra, la misma Carrió aclaró: “No hablo para preservar la unidad de Cambiemos”. Sin embargo, discursos liberales de diputados como Fernando Iglesias o Silvia Lospennato conmovieron a la comunidad feminista, explicitando afinidades que podrían derivar en nuevas alianzas ideológicas o compromisos políticos.
En el Frente para la Victoria, partido aún liderado por la ex presidenta, el voto fue mayoritariamente favorable a la iniciativa. De 64 miembros, 55 votaron a favor. Pero en el Partido Justicialista (peronismo no kirchnerista) el voto tendió a ser contrario al proyecto: sólo 14 diputados de 39 lo respaldaron. En este sentido, quedó en evidencia el impresionante conservadurismo de sectores del peronismo que habían formado parte del proyecto kirchnerista, y que de algún modo explican su fractura. Con el diario del lunes resulta lógico que la voluntad de unidad de Cristina Fernández no le permitía impulsar un proyecto de ley de este tipo. También dentro de la izquierda hubo disidencias. En algunos casos el debate rozó el oscurantismo, con argumentos cuya calidad dejaba mucho que desear, sin manejar un mínimo de conocimiento científico. Por ejemplo, una diputada comparó a las mujeres embarazadas con “perras” preñadas, otra citó como autoridad al muy actual Galileo Galilei, mientras que otro diputado dijo: “¿Y después del aborto qué?, ¿la pedofilia, la zoolofilia?”. La ciudadanía argentina pudo de esta manera evaluar el nivel de argumentación y conocimiento de algunos de sus representantes en el Congreso de la nación.
Además de conseguir difundir las alarmantes cifras sobre el aborto en Argentina –cada año se realizan 350 mil abortos clandestinos, 47 mil requieren atención hospitalaria–, el feminismo logró que el sistema político, experto en camuflar sus contradicciones, quedara en evidencia. La media sanción parlamentaria se consiguió gracias a la diversidad y potencia del movimiento, cuya fuerza e importancia democrática radican en haber logrado penetrar el sistema político desde fuera, desde la sociedad civil, y conseguir una transformación en la manera en que los ciudadanos se posicionaron políticamente, más allá de sus predilecciones político-partidarias.
El hecho de que el Frente para la Victoria –que incluye a Cristina– votará en bloque en el Senado a favor de la legalización del aborto refleja un nuevo escenario que provoca dudas respecto al futuro del tablero político argentino: ¿qué supondrá esa decisión para una posible unidad del peronismo? Si el proyecto de ley se aprueba la semana que viene y Macri no lo veta –ya confirmó que no lo hará–, ¿cuáles serán las consecuencias para la alianza Cambiemos? Y finalmente otra pregunta, nada menor, que resurgió con este proceso: ¿cuál debe ser la relación del Estado argentino con la Iglesia Católica?
PUNTOS EN DISCUSIÓN. El proyecto de ley ha dado lugar a muchas discusiones en el Congreso. En el Senado, una de ellas versa actualmente sobre si es necesario despenalizar o legalizar el aborto. Lo primero implica no criminalizar, mientras que lo segundo pretende asegurar a las mujeres el derecho a abortar en cualquier centro de salud. Otro punto en discusión en el Senado es si debe existir derecho a la objeción de conciencia –la negativa a practicar un aborto alegando motivos éticos o religiosos– individual o institucional. El proyecto aprobado en Diputados reconoce este derecho de los médicos a oponerse a practicar un aborto a título individual, pero no institucional, lo cual hizo que varios centros hospitalarios del país –sobre todo de orientación católica– protestaran públicamente y declararan que se opondrían a brindar esa asistencia. En el Senado se propuso introducir la posibilidad de la objeción de conciencia institucional, y esta modificación se incorporó a una de las dos versiones del proyecto de ley que manejará el Senado en su votación de la semana que viene. Otro punto álgido es si la ley puede ser declarada anticonstitucional, dado que, según la Constitución (artículo 75, inciso 23), el Congreso debe “dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia”. Quienes se oponen al argumento de la inconstitucionalidad afirman que no hay nada en la Constitución ni en los tratados de derechos humanos que impida despenalizar el aborto, y que en todo caso, según la reforma constitucional de 1994, sería la maternidad forzada la que debe ser entendida como discriminación sexual.
En las dos cámaras del Congreso también se ha debatido el plazo de 14 semanas de embarazo, que el proyecto contemplaba como límite para que fuera legal interrumpirlo (en el Senado se propuso una modificación que busca reducirlo a 12 semanas), y las posibles consecuencias para las mujeres que abortan. Los partidarios de la ley sostienen que estas últimas no deben ser un problema del Estado, que no hay un “síndrome post aborto” en ningún manual de psiquiatría y que, en todo caso, las mujeres que se realizan abortos podrían tener, gracias a la legalización, asistencia y contención garantizadas. En el Senado se sigue discutiendo también la edad a partir de la cual una niña podría realizarse un aborto por su sola voluntad. La campaña propuso los 16 años como límite adecuado; finalmente, los senadores evalúan el costo que tendría para el Estado la implementación de la eventual ley. Con respecto a esto último, la vicepresidenta, Gabriela Michetti, intentó que la Comisión de Presupuesto participara en el debate, pero el ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, ya había aclarado que el sistema sanitario está listo para responder, y que generan más costos hoy las complicaciones debidas a abortos clandestinos que los que conllevarán los futuros abortos seguros. Algunos de estos puntos conflictivos son objeto de negociación e incluso podrían llevar a que el proyecto de ley volviera a ser discutido en la Cámara de Diputados si el Senado lo aprueba con modificaciones el próximo 8 de agosto.
EL ESPEJO URUGUAYO. Los puntos de contacto del debate público en Uruguay y en Argentina han sido numerosos. En primer lugar porque tanto la ley de interrupción voluntaria del embarazo (Ive) aprobada en nuestro país en 2012 como los datos vinculados al aborto posteriores a su implementación han sido citados y usados en Argentina en las argumentaciones a favor y en contra del proyecto de ley en discusión. El foco o énfasis en distintos aspectos (jurídicos, procesales, estadísticos, contextuales, científicos, etcétera) estuvo sujeto al orden discursivo, retórico, emocional e ideológico de cada orador. En pocos casos los sectores escépticos a la legalización subrayaron la importancia de tener en cuenta que Uruguay es un país que incorporó la objeción de conciencia en su legislación (y lo señalaron como una suerte de modelo a seguir).
En segundo lugar, la discusión argentina sobre una eventual ley de Ive trajo a la luz una de las sombras de su variante uruguaya que reconoce el “derecho a la objeción de conciencia”. La Ong Mujer y Salud en Uruguay (Mysu) ha señalado que la objeción de conciencia es, junto con la falta de información, una de las barreras más importantes que enfrenta una persona gestante que busca interrumpir voluntariamente un embarazo. Pese a que el gobierno ha insistido en que no existe una “epidemia de objeción de conciencia”, el relevamiento realizado por Mysu muestra que la objeción de conciencia comprende a más del 60 por ciento de los ginecólogos en seis de los diez departamentos monitoreados (Salto, Paysandú, Río Negro, Soriano, Rivera, Cerro Largo, Florida, Maldonado, Rocha y Montevideo). El biopoder –ese conjunto de prácticas que, en el decir de Foucault, los estados modernos utilizan para controlar los cuerpos– aparece en nuestro país como un mecanismo influyente y corporativo.
Además, el 24 de julio pasado el diputado nacionalista uruguayo Gerardo Amarilla hizo una intervención en el Congreso argentino, invitado por los opositores al proyecto de ley. Integrante de la Iglesia Evangélica Bautista y del Instituto Jurídico Cristiano de Uruguay, Amarilla tomó una importante notoriedad pública cuando en 2016 asumió la presidencia de la Cámara de Representantes y su relación con su iglesia generó controversia (no obstante, Amarilla recibió el apoyo de 90 de los 92 diputados presentes en sala). En su exposición frente al Senado argentino citó datos y cifras sin fuentes, e hizo afirmaciones del tipo: “Está comprobada la presión internacional y el financiamiento para que se apruebe este tipo de leyes que promueven una cultura de la muerte”. La relación entre Amarilla y sectores políticos argentinos evidenció la presencia y reproducción de prácticas de saber y poder religiosos que operan en toda América Latina. Los discursos de las iglesias, de las derechas y también de cierta progresía se vieron unidos en los cimientos.
Mientras se menciona a la “marea verde”, los videos con tomas de las calles y del Congreso se viralizan, y la prensa internacional hace foco en lo que sucede en Argentina, la política se tensiona también en Uruguay.
ESPERANDO EL “8 A”. El debate por el aborto legal, seguro y gratuito en Argentina hace eco en América Latina, mientras las persecuciones y crímenes contra activistas sociales son alarmantes y los movimientos ambientalistas, defensores de los derechos humanos, feministas y raciales se encuentran en el foco de una nueva vuelta del conservadurismo. Bajo el lema “Si las argentinas pueden, nosotras también”, los movimientos de mujeres siguen empoderándose en Chile, Costa Rica, Colombia, Brasil.
Mientras se acerca el “8 A”, el día de la votación del proyecto de ley en el Senado, en las paredes de las ciudades más importantes de Argentina las feministas grafitean “Miss Oprostol”, haciendo un chiste que refiere al medicamento (misoprostol) que se utilizaría para lograr un aborto seguro hasta la semana 12 del embarazo, y que no cuenta con grandes contraindicaciones. También cantan en las calles: “Aborto legal en el hospital, aborto legal en cualquier lugar”, y las trabajadoras del subte llevan adelante la Operación Araña, tejiendo redes de hilo y telas verdes en los vagones. Al mismo tiempo, los indecisos del Congreso siguen negociando modificaciones al proyecto de ley que actualmente se encuentra en un limbo; no existe un consenso en el Senado sobre qué versión se votaría el 8 de agosto. En estas negociaciones se discute reducir el plazo para poder abortar a 12 semanas de embarazo, habilitar la objeción de conciencia institucional y eliminar la sanción penal para los médicos que se nieguen a realizar un aborto.
Poner en tensión el orden jurídico y la vida pública para forzar la emergencia de nuevos significados es, de todos modos, una conquista ya lograda de la heterogénea marea verde. La fuerza de su performatividad empuja a la democracia en Uruguay, Argentina y toda América Latina a salir del simulacro, y vuelve transparentes los procedimientos institucionales y pactos que esconden las estrategias de control social sobre los cuerpos.
