Desde que Carlos Albisu está al frente de la Comisión Técnico Mixta (CTM) de Salto Grande, el funcionamiento del organismo cambió. En la margen oriental del río Uruguay campean las designaciones directas y los cargos por cercanía política más que por el conocimiento técnico (véase «Repartos en la represa», Brecha, 5-XI-21). En este contexto, el dirigente blanco, estrechamente vinculado con Luis Lacalle Pou, que vio frustrado su ascenso a la Intendencia de Salto en las últimas elecciones, lleva adelante propuestas de «desarrollo local» que poco tienen que ver con los objetivos que Uruguay y Argentina asignaron a la CTM en 1946.
Lejos de la navegabilidad del río, la energía eléctrica, el monitoreo del agua para consumo humano y para el riego, la delegación uruguaya promueve distintos proyectos locales con cuantiosas inversiones públicas, que cuentan con la anuencia del frenteamplista Andrés Lima, intendente de Salto. Detrás de la mirada salteña parece haber una retórica de teoría del derrame. Lo que genera la represa debe redundar en Salto, aunque no quede muy claro qué es lo que eso significa. Entre los beneficiarios de la distribución de las arcas estatales figuran la Asociación Agropecuaria de Salto y la Asociación Rural de Paysandú, que recibieron donaciones para refaccionar o construir salones multifuncionales en predios propios. Pero eso sí, la CTM podrá utilizar esos espacios, si los necesita. Otro de los desarrollos impulsados por la delegación uruguaya es el programa Box por la Vida, de la Secretaría Nacional de Deportes (SND), que apoya el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES). Lo extraño –o no– es que el impulso a esta iniciativa se hace a través de una triangulación con la fundación A Ganar.
GANCHO AL HÍGADO, UN CROSS ELÉCTRICO
El vínculo de A Ganar con las distintas dependencias del Estado aumentó considerablemente desde 2020. Esto levantó suspicacias en la oposición, porque la organización, creada en 2005, está muy relacionada con el Partido Nacional (PN). Su presidenta, María Magdalena Secco, es esposa del exministro de Economía Ignacio de Posadas, que ejerció el cargo durante el gobierno de Luis Lacalle de Herrera (véase «Ganar Siempre», Brecha, 19-III-21). Curiosamente, el estudio Posadas, Posadas y Vecino aparece como uno de los sostenes de la fundación.
El 6 de julio Salto Grande aprobó un convenio específico con A Ganar, mediante el que se le transfieren 3.221.000 pesos para que se encargue del desarrollo del programa Box por la Vida. Aparte del financiamiento y el nombre del proyecto, son pocas las cosas que quedan claras: el mecanismo de selección para elegir la organización, la fundamentación por la que se optó por esa empresa y las tareas que desarrollarán los técnicos en el proyecto no aparecen en el texto aprobado. Por lo que se desprende de la redacción, no hubo una licitación para la contratación de esta empresa. Lo aprobado explica –sintéticamente– que la organización deberá usar los recursos exclusivamente «para el desarrollo del proyecto, debiendo rendir cuentas de la utilización de los fondos». No se detalla cuál es el rol que cumplirá la fundación ni en qué tareas se utilizarán los recursos.
El convenio busca «formar adolescentes y jóvenes en un programa integral de formación deportiva con el boxeo como disciplina», aunque este programa no es desarrollado por la CTM ni por la fundación A Ganar, lo que no explica el motivo de esta contratación. Box por la Vida es un programa de la SND que se inserta en Salto mediante el Centro de Referencia de Políticas Públicas del MIDES, inaugurado en mayo de este año.
En cualquier caso, los vínculos del Estado con A Ganar trascienden las fronteras de Salto Grande. Desde 2015, la organización mantiene acuerdos con la SND en distintos programas sociales. En 2016, la Intendencia de Maldonado, liderada por Enrique Antía, de quien es asesor el director de la fundación, también contrató sus servicios. A partir de 2020, el alcance de la organización llegó al MIDES –mediante un polémico contrato para la gestión de centros de atención a personas en situación de calle–, al Instituto de Formación Profesional y a las intendencias blancas de Durazno, Paysandú y Rocha. Muchos de estos convenios fueron observados por el Tribunal de Cuentas (véase «¿Cuánto cuesta?», Brecha, 28-I-22). Sin contar el dinero que aporta la CTM, desde 2020 la fundación recibió 426,5 millones de pesos de siete organismos del Estado, informó La Diaria en setiembre.
EL TÍO RICO: LA CTM Y LOS MALLA ORO
El ruido que hace el agua al pasar por las compuertas de la represa es tanto como el que generan algunos financiamientos de la CTM a organizaciones del litoral. El viraje de la comisión hacia el desarrollo local –área que no cuenta con una vía de financiamiento específica en el presupuesto– se hace mediante las ganancias generadas por el cobro de peaje a vehículos de transporte de carga que circulan por la represa y el puente binacional. Los beneficios obtenidos ascienden al millón de dólares anuales para cada delegación, informó En Perspectiva en junio. Esto permite hacer caja para el desarrollo de actividades que no son propiamente las de la central hidroeléctrica. Es de suponer que de allí surgen los fondos que financian el convenio con A Ganar y otras promociones locales.
Una de las fichas a las que apostó la presidencia de Albisu fue al relacionamiento con las gremiales rurales del litoral norte. Da cuenta de ello una resolución de la CTM fechada el 31 de agosto en la que se aprobó un convenio con la Asociación Agropecuaria de Salto. El objeto del convenio es la donación de 20 mil dólares para que esta agremiación construya un «salón multifuncional» en el Hipódromo de Salto. La asociación local forma parte de la Federación Rural del Uruguay y de la Asociación Rural del Uruguay, las dos agremiaciones que nuclean a los productores agropecuarios de mayor calibre del país.
Al igual que en el convenio con la fundación A Ganar, la adjudicación de los fondos se hizo de manera directa, sin mediar un llamado a expresiones de interés en el que distintos actores pudiesen participar para obtener los fondos. Tampoco se inserta en un proyecto concreto de la CTM para el desarrollo estratégico. Al menos eso es lo que se explicita en el texto, ya que la donación fue a solicitud de la parte interesada. Bastó que la gremial hiciera llegar una propuesta a la presidencia de Salto Grande para que la comisión aprobase el financiamiento. El convenio fundamenta insatisfactoriamente la resolución y señala que en el espacio gestionado por la gremial salteña se hacen «diferentes y diversas actividades», organizadas por distintos actores, públicos y privados. Una de las actividades que se destaca es la Expo Salto, una feria local que atrae a los productores del medio rural de la región. En ese espacio, la CTM tiene un estand para la difusión de Salto Grande, pero, por lo que pudo saber Brecha, no se habían hecho erogaciones en beneficio de este tipo de agremiaciones en el pasado.
El apoyo de la comisión a los sectores del agronegocio no se limitó a Salto. Siguió aguas abajo de la represa por el río Uruguay y, con la misma lógica, encalló en Paysandú. Un año atrás, en agosto de 2021, la CTM hizo una donación para reparar los techos y las paredes del galpón y los pabellones de la Asociación Rural de Paysandú, informó en su momento El Telégrafo. En ese entonces, se organizó un acto protocolar del que participó el propio Albisu, acompañado en esta oportunidad por Daniel Arcieri, delegado de la CMT. Arcieri es un exfuncionario de la represa, de origen sanducero y fuerte arraigo en el PN. El panel de autoridades para la presentación de la noticia lo completaron Álvaro Delgado, secretario de la Presidencia de la República, y las autoridades de la Asociación Rural.
Si bien los aportes llevados adelante desde Salto Grande no necesariamente resultan ilegales, los procedimientos empleados para la asignación de fondos públicos son poco transparentes. Si esto se quiere discutir, se puede afirmar que, en el mejor de los casos, no son igualitarios para los posibles oferentes o beneficiarios. Este tipo de procedimientos, vinculados a la designación directa, habilitan suspicacias sobre un trasfondo político en las donaciones y contratos con organizaciones que tienen vínculos con el PN. Más allá de estos posibles apoyos, hay una sensación que sobrevuela en Salto Grande. La presidencia de la CTM sería el trampolín político para que Albisu compita por la intendencia departamental en 2025. Se esperaría que, en ese entonces, cuente con mejor suerte que la que tuvo en la última elección.
