La gobernanza y la autonomía del sistema de los medios públicos uruguayos han vuelto al debate político y ciudadano, como desde hacía años no ocurría. La discusión parlamentaria de una nueva ley de medios promovida por el Ejecutivo, las acusaciones sobre la presunta injerencia del presidente de la república, Luis Lacalle Pou, en el cese de trabajadores del canal estatal, la designación de jerarcas sin otro requisito que la afinidad política con el gobierno, la viralización de audios que apuntan a la intervención de la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, en contenidos periodísticos de Tevé Ciudad y las recientes dificultades de relacionamiento entre la directora del canal departamental y una coconductora del programa La letra chica constituyen un combo que debería reabrir la discusión sobre los medios estatales de Uruguay.
De la gestión de las radios y el canal público –que ahora volvió a la vieja denominación de Canal 5– se había hablado, aunque poco, cuando el presidente frenteamplista José Mujica promovió la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) y logró aprobarla en 2014. Con el ánimo de acercar al rezagado Uruguay a los modelos de gestión de los países más avanzados, se creó entonces el Sistema Público de Radio y Televisión Nacional (SPRTN) como organismo descentralizado del Ministerio de Educación y Cultura, con un directorio de tres miembros designados por el Ejecutivo con la venia del Senado. También se creó el Consejo Honorario Asesor del SPRTN, para aportar a la toma de decisiones estratégicas sobre programación y gestión, y recoger los planteos de la ciudadanía. Sin embargo, ninguna de esas disposiciones, que apuntaban a lograr la autonomía, la independencia y la transparencia de la gestión de los medios estatales, se aplicó durante el gobierno de Mujica, y tampoco Tabaré Vázquez les dio andamiento. «No solo no se avanzó en una descentralización del servicio, con un directorio de personas idóneas, ni se instaló el consejo honorario, sino que al final del período pasado una sola persona [Ernesto Kreimerman] terminó acumulando todos los cargos del sistema público. Eso fue totalmente en contra del espíritu y el texto de la ley vigente», recordó a Brecha el director ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Regulación de Medios y Convergencia y exdirector de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, Gustavo Gómez.
LAS NUBES QUEDAN
El panorama no es más auspicioso bajo la presidencia de Lacalle Pou. El periodista Gerardo Sotelo fue designado director del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (SECAN), como parte de la cuota política que le correspondía al Partido Independiente. Los directores del servicio no pasaron por la venia del Senado, como establece la ley vigente, y la estructura del canal y las radios públicas siguió armándose con allegados al poder político, mientras que otros trabajadores, asociados con la izquierda, se quedaron sin contrato. Todavía se recuerda la polémica que causó la injerencia de Lacalle Pou cuando le dijo a Sotelo: «Vas a tener que despedir a alguno más», poco después de que este asumiera su cargo en el SECAN. Trascartón, el gobierno diseñó un proyecto de ley de medios que, de aprobarse, afectaría los escasos avances logrados por la izquierda para los medios públicos.
El texto en evaluación parlamentaria, elaborado en el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), arrasa con todos los órganos consultivos aprobados en 2014. La alternativa a la anterior comisión de contralor ciudadano es una «comisión de notables», cuyos integrantes serán designados por el directorio del SECAN. Uno de los principales argumentos para erradicar las vías de contralor vigentes es que, en su integración, la comisión asesora excluyó a diversos sectores de la sociedad civil, indicó Sotelo en una entrevista con Brecha (véase la nota aparte). Ahora todo indica que el empresariado de la comunicación en el interior, el sector productivo y hasta los comerciantes –base social a la que hasta ahora ha respondido el gobierno– tendrán un lugar como «notables» en el control de los medios públicos. Sin un mandato legal, la instalación de esa comisión de notables dependerá de la voluntad del directorio del SECAN y de cuán permeables sean a las presiones, porque, aunque el servicio opere en forma descentralizada, los jerarcas seguirán siendo designados por el Ejecutivo. Además, todavía es lejana la aprobación de la guía de principios, prácticas y estándares de calidad del SECAN mentada por Sotelo.
Con todo, el fin de los órganos consultivos ya aprobados implicará un fuerte retroceso en la consideración internacional sobre la libertad de expresión y la independencia de los medios públicos en Uruguay. Así lo sugirió el Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República (Udelar) tras estudiar el informe del grupo multidisciplinario que analizó el borrador del proyecto. «La ausencia de mecanismos de aplicación de la ley que garanticen la participación ciudadana y la transparencia no resulta conveniente según la evidencia y las recomendaciones de los organismos internacionales de referencia en la materia. Dejar exclusivamente en manos del Poder Ejecutivo las decisiones sobre el uso del espectro radioeléctrico y la regulación de los medios de comunicación audiovisuales se aleja de los estándares internacionales hacia los que el país había comenzado a avanzar en los últimos años», sentenció el CDC en junio, al comentar el plan de eliminar la Comisión Honoraria Asesora del Sistema Público de Radio y Televisión Nacional.
TRIBULACIONES DEL FA
¿Qué rol debería jugar el Frente Amplio (FA) en este contexto? ¿Debería interesarse ahora por el futuro de los medios públicos? La realizadora audiovisual Virginia Martínez, la única directora de la televisión pública que terminó un período completo (2010-2015) y que, además, codirigió Tevé Ciudad (1996-2000), nunca escatimó críticas a los gobiernos frenteamplistas en esta materia y por eso se ganó, más de una vez, reproches internos. Ahora que la fuerza política es oposición, la investigadora cree que si el FA «no entiende» la misión de los medios públicos, nada frenará el retroceso que percibe en los planes del gobierno multicolor. «Es una cuestión de voluntad política, de concepción del Estado y de la democracia. Si no entramos a ver los problemas en su verdadera dimensión y cómo atraviesan los gobiernos, nunca vamos a dar vuelta la pisada», dijo a Brecha. «El FA armó una LSCA, pero no dio una batalla por el sistema público como sí la dio con la reforma de la salud o la reforma tributaria. En 15 años de gobierno no se hizo prácticamente nada. Se mejoró un tiempo la TV del Estado, pero las cosas no terminaron cristalizando, por falta de voluntad política», añadió. A su juicio, un problema de fondo es la relación de «insatisfacción y queja» que ha tenido el FA con los medios en general y los públicos en particular. «Creen que tener un canal público es acudir a todas las conferencias de prensa de los jerarcas, que aparezcan en los informativos y los programas, que se promuevan las acciones positivas del gobierno», comentó. Aclaró que no quiere ser pesimista ni parecer «amarga», pero insiste en que si la izquierda «no supera las dificultades para diferenciar un canal estatal de un canal gubernamental», nada cambiará.
Por la misma cornisa camina el investigador y profesor de la Facultad de Información y Comunicación (FIC) de la Udelar Gabriel Kaplún: «La temática de los medios nunca tuvo prioridad en la agenda del FA. Las izquierdas han tenido dificultades para pensar el tema, moviéndose en una lógica de “te odio, te temo, te necesito”. Odio a los medios hegemónicos, miedo al impacto de los contenidos en las propuestas, necesidad de negociar» publicidad para no complicarse. Para el caso de Uruguay maneja, además, una hipótesis complementaria: «Hubo dos agendas: la de la LSCA, que se movió en el ámbito parlamentario, y la que impulsó Cosse desde ANTEL, que desacreditó la batalla [por la ley] y propuso seguir en la típica negociación: “Te doy publicidad [para los medios públicos]; no me la compliques. Vamos por Internet y la fibra óptica, desarrollemos Vera TV como medio público”. Cosse nunca quiso estar en distintos eventos organizados para hablar sobre esa otra agenda, que no se explicitó, pero sí se realizó. En mi opinión, las dos agendas debieron discutirse y complementarse, pero una quedó a medio camino, con poco esfuerzo político para concretarla, y la otra, que avanzó en la práctica, ha sido desactivada por el actual gobierno, porque Vera TV ya no crea contenidos propios».
El publicista Claudio Invernizzi, asesor en campañas electorales del FA y director de Canal 5 durante apenas 13 meses del primer mandato de Vázquez, considera que «los medios públicos siempre llegan tarde a las prioridades de los gobiernos» y que al FA le faltó «ponderación, profundidad y generosidad en el abordaje y la discusión sobre el futuro» de las radios y el canal del sistema. En el medio de todo esto, además, ubica la «revolución científico-tecnológica» como una discusión que obliga a repensar no solo en lo teórico las responsabilidades públicas de los medios. Como Kaplún, reparó en el caso de Vera TV: «Hay que plantearse seriamente cuál sería la complementariedad y la optimización que puede ofrecer esta empresa pública, que ha venido desarrollándose como plataforma de emisión y también en la producción audiovisual. Todas las propuestas que se inician son interrumpidas por falta de interés o por el excesivo interés de que las cosas no cambien o vayan en una dirección opuesta a esa complementariedad».
UNA LEY APARTE
En tren de aportar soluciones, Martínez considera que el FA debe crear un ámbito que investigue con rigor científico estos temas, analice y promueva un proyecto de ley específico para los medios públicos. «Extender a seis años la duración de los cargos en el directorio, como postula el proyecto, no cambia demasiado, porque seguirán siendo cargos de confianza. Los directores seguirán sin rendir cuentas a la sociedad, que sustenta a los medios públicos. Falta un marco normativo en materia de gobernanza, presupuesto y formas de financiación», dijo. «La presentación de proyectos de desarrollo por parte de los directores, los mecanismos de evaluación, los estatutos jurídicos y de funcionarios, las pautas de programación, las estrategias de vínculo con la sociedad» son puntos que, según Martínez, debería tomar el proyecto específico, porque hoy no están contemplados.
Por lo pronto, en la Udelar ya avanzan hacia esa posibilidad. Kaplún, quien representa a la FIC en el grupo multidisciplinario que analizó el proyecto del MIEM, adelantó a Brecha que uno de los planteos que llevarán, próximamente, a la Comisión de Industria de Diputados es la discusión de una ley específica. «[Los delegados de la Udelar dirán que] sería muy bueno contar con una ley de medios públicos. Tanto si se aprueba la nueva ley de medios –con modificaciones o sin ellas– como si fracasa y se implementa la vigente, el Parlamento uruguayo debería discutir a corto plazo un proyecto aparte», acotó. La postura, sin embargo, tiene detractores. En la entrevista con Brecha, Sotelo consideró que una ley específica es innecesaria: lo que falta puede resolverse por fuera del marco legal. Gómez coincidió con el jerarca del SECAN: «Se necesita una normativa como la que está vigente, que, eventualmente, se podría mejorar. Si este capítulo de medios públicos se mantiene, se puede ampliar con herramientas como los estatutos del funcionario y los códigos de ética».
Entretanto, convencido de que maneja el mayor multimedio nacional con el «presupuesto adecuado, una tecnología razonable y un capital humano fundamental», el titular del SECAN se apresta a aprovechar la visibilidad que la transmisión de los Juegos Olímpicos dio a Canal 5 para avanzar en nuevos lanzamientos y desarrollar su plan de contenidos. Delante de su prominente nariz pende, cual zanahoria, el desafío de montar la BBC de los uruguayos. Que la fuerza (y el tiempo) lo acompañen.
