«Estimado Alejandro, buenas tardes. Mi nombre es P. F., me pasó su contacto Juan Seré.» Con este mensaje empezaba su contacto con Alejandro Astesiano un alto ejecutivo de Friopuerto Montevideo SA, una de las empresas concesionarias que explotaban el complejo frigorífico del Puerto Libre de Montevideo, conocido como Depósito 11. Esa firma integraba un consorcio empresarial junto con Rilcomar SA, que gestionaba, desde 2013, un predio de 27 mil metros cuadrados, con una capacidad de almacenamiento de 9 mil toneladas. Rilcomar es la filial de logística de mercaderías del Grupo Seré, líder local –de acuerdo a la web de Friopuerto– en «agencia aduanal, agencia de carga y logística portuaria». Pero el emisario no hizo la gestión a nombre de Friopuerto -que rescindió la concesión den 2021- sino de Rilcomar, una de las empresas más poderosas del Grupo Seré y que concentra buena parte de la actividad de logística de mercaderías portuarias, sin interrupciones, desde los años noventa*.
Esa primera comunicación de P. F. ocurrió pasadas las nueve de la noche del 18 de abril de 2022. «Quería hablar con usted para evaluar una propuesta de servicio de vigilancia en un depósito fiscal ubicado en La Tablada. La firma se llama Rilcomar SA», le anuncia el ejecutivo empresarial. Media hora después, el jefe de la custodia presidencial pacta un encuentro en el depósito de la firma de logística para el día siguiente. La conversación por Whatsapp cobra mayor intensidad en los primeros días de junio, cuando el gerente coteja una propuesta de vigilancia privada que había recibido de otra empresa con los servicios que el propio Astesiano le estaba ofreciendo. En los chats, que están en poder de Brecha, pasan a negociar sobre las dos ofertas después de comparar los valores de pago por horas diurnas y nocturnas. «Solo tendrías que conseguir una garita para el guardia», le dice el ejecutivo en lo que parece ser ya una aproximación a un arreglo con el custodio. Astesiano le dice que ya estaba en eso y P. F. lo apura:
—Mira que te voy a poder esperar hasta mañana porque ya el viernes voy a tener que tomar una definición.
—Sí, sí, contá con eso –responde el jefe de la seguridad presidencial. Y le acota que solo falta que «nos coticen la garita».
Pero seguirían las negociaciones. P. F. le dice que una cosa que encarece mucho es «si están armados». Lo «dejamos sin armas», agrega acto seguido. «Nooo tranqui es q tenes q persuadir sino estas [sic] complicado en campo abierto», gatilla Astesiano.
«Muy bien, Alejandro. Me manejo con ese valor entonces. Ya lo pongo en consideración y te aviso. Definimos a más tardar mañana para arrancar la semana que viene», le contesta el 9 de junio. P. F. le había aclarado que los números «eran muy justos». Se construía a todo trapo un predio nuevo en la sucursal de Rilcomar y la empresa necesitaba finiquitar: «Estoy coordinando un portón para comunicar con el predio, una cerca eléctrica, iluminación, cámaras y acometida eléctrica para ustedes». Luego, hay un intercambio de audios que no están disponibles, pero P. F le escribe: «Si vas a andar por la seccional, pasá por acá así ves bien el lugar ahora que limpiamos todo el terreno». En más de una ocasión, Astesiano le dice a su interlocutor que estaba con «Luis».
El 30 de junio la relación comercial ya aparece en pleno curso. «Sabés que me acaba de avisar el guardia de [nombra a otra empresa de seguridad] que se mandaron unos en moto por el costado del terreno nuestro. Andan con mochilas y dicen que se metieron a casar [sic] pájaros.»
Y a continuación viene lo peor: «Si podés mandar a tus amigos uniformados para que hagan ruido por la vuelta, estaría bárbaro». La alusión ya es directa a funcionarios policiales eventualmente manejados por Astesiano. Pero la cosa queda más explícita en un nuevo mensaje que P. F. envía 13 minutos después: «Me refiero a la republicana».
«Ya», responde Astesiano, diligente.
La relación comercial prosigue: «Alejandro pudiste avisar de esto [sic]», le interroga P. F. El 4 de julio, a mes vencido, parece concretarse la primera facturación de servicios. El ejecutivo le envía los datos de la razón social y el RUT de Rilcomar. Astesiano le envía los datos para una transferencia bancaria: un número de cuenta corriente en el banco privado BBVA.
Con el correr de los días, P. F. parece volver al tema que le preocupa, la invasión de extraños en el predio: «Vean si pueden hacer algo. Estos se mandaron por el otro lado, no por el terreno donde estás tú. Sino más bien por el costado de la almena […]. Fijate si podrás hacer algo para que no se instalen por ahí».
—Alejandro, venían trayendo una heladera y como hay barro se les quedó trancado el carro.
—Tamo [sic] mirando las cámaras igual.
El vínculo comercial se prolonga y Astesiano avisa incluso sobre problemas ocasionados por las lluvias en la obra. Hay nuevos intercambios de facturas de pago.
En agosto, P. F. le da nuevas instrucciones al custodio: «Hoy vinieron los guardias en el día, acordate que ya a partir de septiembre quede solo uno de noche». En la noche del 2 de setiembre, le escribe al entonces funcionario de la Presidencia, con errores de tipeo: «Sacame esa alimaña de ahí».
—Lo saqué, le pegué una piña, corrió –responde el custodio.
El 21 de setiembre Astesiano avisa:
—Pablo q tal estoy con luis en costa rica el lunes ya estoy ahi sin falta [sic].
El empresario le envía un dedito para arriba, pero no vuelven a existir comunicaciones. Cuatro días después, el domingo 25, la Policía detendría al jefe de la custodia presidencial en la residencia de Suárez por integrar una asociación para delinquir que falsificaba documentos para que emigrantes rusos obtuvieran la ciudadanía uruguaya. En la causa se lo ha imputado también por tráfico de influencias y suposición de estado civil.
Brecha consultó al interlocutor de Astesiano en este chat. El emisario de Rilcomar alegó que el custodio, hoy preso, siempre se presentó como comisionista de otra empresa de seguridad «que ya cerró», pero reconoció que el entonces funcionario de la Presidencia prometía contactos con servicios policiales que podían ser útiles: «Yo no sabía que era civil». «¿Y usted mantuvo relaciones comerciales con él conociendo el cargo que tenía en Presidencia?», se lo inquiere. P. F. vuelve a ampararse en que Astesiano actuaba como gestor «que unía a las partes». Aparentemente, según radio Carve (25-X-22), hay una línea de investigación en la fiscalía que sugiere que el custodio del presidente podría manejar empresas de bajo porte, a nombre de testaferros, y circulan incluso algunos nombres de fantasía que no coinciden entre sí. Sin embargo, en los chats, Astesiano notificaba a su cliente sobre cosas concretas que pasaban en el predio, afirmaba chequear «cámaras» y el gerente lo notificaba de cada transferencia de dinero que le enviaba. Demasiado protagonismo para un comisionista. P. F. cerró toda posibilidad de responder sobre su vínculo con Seré.
IMPLICANCIAS
En esta conversación por Whatsapp (Brecha reproduce una captura de la pericia en esta página) parecen existir evidencias de que un empresario contrató los servicios nada menos que del encargado de la seguridad personal del presidente de la república, que tenía un contrato funcional con el Estado y que –en razón del análisis del universo de mensajes hallados en uno de sus celulares– coordinaba la vigilancia de todos los movimientos del mandatario y era notificado por sus pares en calidad de «jefe». Hay también indicios de que se solicitó el envío de funcionarios policiales –es decir, de recursos públicos a los que Astesiano solo podría recurrir específicamente para la delicadísima función para la que fue contratado en Presidencia– y hay retribuciones por un servicio sobre el que se desconocen sus detalles formales, su legalidad y qué otros funcionarios podrían participar. Mientras el jefe de custodios velaba por la seguridad del presidente, de su familia, en las distintas residencias, en los viajes oficiales, manejaba una suerte de empresa de seguridad paralela desde la Torre Ejecutiva. La Justicia debería determinar si efectivamente el excustodio movilizó «uniformados» y a la propia Guardia Republicana para fines privados, también en este caso. Un especialista que trabajó durante mucho tiempo en el diseño del servicio de seguridad de un expresidente explicó a este semanario que aún no hay conciencia de la magnitud de los hechos denunciados y sus implicancias: «Se ha vulnerado gravemente la seguridad, no del presidente, sino de la institución de la Presidencia de la República».
El chat deja entrever irregularidades administrativas y penales de todo tipo, que contravienen además artículos enteros del Código de Ética en la Función Pública y que atañen a las incompatibilidades de los funcionarios públicos, los conflictos de interés y la conjunción del interés público con el privado. Sin entrar en engorrosos detalles jurídicos, esta ley establece una serie de normas de conducta que rigen a la función más allá de la modalidad de contratación y que alcanzan también a los adscriptos del Estado. Ese era el régimen en el que, al parecer, trabajaba Astesiano, aunque es algo que se pudo conocer recién mediante la resolución en la que Presidencia lo destituyó y no en la que lo contrató.
Los formalismos en los que se ha apoyado el gobierno no debilitan la gravedad de estas relaciones comerciales irregulares, que estaban estrechamente vinculadas a su función y que, en este caso, reportaban servicios para un concesionario del Estado, vinculado al presidente. Porque se trata de un representante de un adjudicatario de infraestructura pública que, además, llamó a Astesiano por recomendación de Juan Seré Ferber, referente del Grupo Seré y de la propia Rilcomar SA, pero quien es además asesor de «innovación» de Luis Lacalle Pou.
EL PUENTE
El director de Jaume & Seré, Juan Seré, fue designado desde el 1 de marzo de 2020 como asesor presidencial, sin que su nombramiento tuviera mucha trascendencia, y después fue sepultado por el tsunami de la pandemia. Apenas alguna que otra nota da cuenta de una leve controversia. En El Observador (2-III-20), por ejemplo, se decía que iba «a sumar a sus actividades privadas una en la Torre Ejecutiva». Como hombre de su máxima confianza, el presidente lo habría nombrado como asesor en proyectos específicos «que muchas veces exceden a los ministerios y a las empresas públicas», ilustró Lacalle Pou en una entrevista con ese medio.
El País (1-III-20), a su turno, bajo el mote de «El articulador», definía a Seré como uno de los cinco integrantes de la «mesa chica» del presidente junto con Álvaro Delgado, Rodrigo Ferrés, Nicolás Martínez y Roberto Lafluf, y como «el amigo que se pondrá al hombro los proyectos de responsabilidad difusa». El artículo perfilaba a Seré como amigo de la infancia del presidente, votante blanco, y daba la noticia de que tendría «un rol vinculado a la innovación», con una función formal desde la Torre Ejecutiva. En las webs oficiales aparecen, al menos, dos viajes oficiales en los que Seré integró la comitiva presidencial y compartió estadías con Astesiano: uno a la Expo Dubai (febrero de 2020) y otro a la cumbre de jefes de Estado del Mercosur en Paraguay (julio de 2022).
El Grupo Seré está integrado por la firma Jaume & Seré (especializada en gestión aduanera), Rilcomar (gestión de mercadería), Jauser (gestión de carga) y Skylake (transporte de carga en Estados Unidos).
En una de las pocas veces que a Lacalle Pou le preguntaron por Seré, en la citada entrevista con El Observador, el presidente alegó que no iba a estar vinculado a «ningún tema que haga a la Aduana o al comercio exterior», y luego exaltó cualidades propias: «Yo soy garantía de transparencia. Capaz que están acostumbrados a muchos años de que no era transparente el gobierno».
*En una versión anterior de este artículo, se había publicado que Friopuerto era concesionaria del Depósito 11, pero esa concesión cayó de mutuo acuerdo con la Administración Nacional de Puertos en 2021. Continúa en plena vigencia, en cambio, la concesión de Rilcomar SA, desde 1997, en el depósito 2 del Puerto de Montevideo.
