Un gesto suicida que, para no herir sensibilidades, es preferible no describir, fue el reflejo inmediato de un integrante del círculo de confianza del gobierno cuando Brecha le preguntó cómo evaluaba el desempeño de Álvaro Garcé en el caso de la filtración del Plan Nacional de Inteligencia. El episodio empezó cuando MVD Noticias (Tevé Ciudad) divulgó fragmentos del plan, días después de que el director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado (SIEE) lo presentara ante la comisión bicameral de control del Sistema Nacional de Inteligencia de Estado. Garcé presentó una denuncia por una presunta violación de la reserva por parte de los legisladores que integran la comisión, amplificada públicamente por el presidente y el ministro de Defensa. La denuncia fue archivada este lunes 5 por el fiscal Gilberto Rodríguez. Antes y después de la publicación periodística, hubo varios episodios confusos, desprolijos e incluso irregulares. Uno de ellos atañe a la propia comisión bicameral. Distintos legisladores presentes aquel día reconocen que el funcionamiento de esa sesión –presidida por el senador cabildante Raúl Lozano– fue antirreglamentario. La bicameral funcionó, a pedido de Garcé, en carácter de sesión secreta, modalidad regulada por la sesión IV (artículos 18 a 24) del reglamento de la Asamblea General. Allí se dispone que en las sesiones secretas se debe tomar versión taquigráfica, documento que debe guardarse en un sobre lacrado y fechado en el archivo del Legislativo (salvo que, por una mayoría especial, los legisladores dispongan hacerlas públicas). Pero en la comparecencia de Garcé el 24 de octubre no se tomaron tales actas.
Además, el director de la SIEE no aplicó en el plan de inteligencia entregado a los legisladores los procedimientos de seguridad que sí había aplicado en otros documentos otorgados a la comisión. A la falta de trazabilidad de las copias del plan luego se sumaron más problemas: las copias que Garcé presentó en fiscalía no coincidían, en varios aspectos formales, con la versión dada a la bicameral –punto clave para sostener el argumento de la filtración parlamentaria–. El archivo de la causa dispuesto por el fiscal lo deja claro: «Pudo concluirse que no existe identidad entre los tres documentos presentados por el denunciante ante esta Fiscalía (uno junto a la denuncia y otros dos en su ampliación) entre sí y respecto a los que obraron en poder de los legisladores».
Días antes de que la denuncia fuera archivada, la fuente oficialista mencionada admitió su decepción con la actuación de Garcé y, si bien aclaró que «no lo van a echar por esto, en la interna no sale bien parado» del entuerto. El miércoles 7, en rueda de prensa, al presidente de la república le consultaron si le preocupaba el archivo de la denuncia. «No, es parte de la dinámica de la vida política de un país», contestó, en un súbito viraje respecto al «sabotaje nacional» del que había acusado al Poder Legislativo semanas antes.
