El 20 de octubre se conoció el Primer Informe Nacional de Prevalencia de Inseguridad Alimentaria en Hogares.1 Los resultados muestran que en Uruguay el 16,5 por ciento de las personas vive en hogares con inseguridad moderada o grave. Es decir que, «de cada 1.000 personas, 165 viven en hogares con inseguridad alimentaria moderada o grave, siendo 29 las que viven en hogares con inseguridad alimentaria grave». El informe muestra también que la inseguridad moderada y grave aumenta al 21,5 por ciento en los hogares integrados por niños y niñas menores de 6 años. En Uruguay, un país agroexportador donde ha habido un incremento del 39 por ciento de las exportaciones en productos agroindustriales (sobre todo carne bovina y soja) en el primer semestre de 2022 frente al mismo período de 2021,2 hay simultáneamente mucha gente que no accede a alimentos adecuados, tiene incertidumbre en el acceso, se saltea alguna comida o, en el peor de los casos, se quedó sin alimentos y pasó días sin comer. Desde la sociedad organizada existen hoy 542 iniciativas de ollas y merenderos populares,3 sostenidos esencialmente por mujeres que intentan dar una respuesta solidaria ante esta situación.
¿CÓMO RESPONDER ANTE ESTA SITUACIÓN? ¿CÓMO GARANTIZAR EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN?
El 16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación, en Canelones se llevó adelante un evento promoviendo la intensificación del modelo agroalimentario industrial dependiente de combustibles fósiles.4 Ante los problemas de abastecimiento del alimento, la crisis climática (sequías, eventos extremos, etcétera) y la crisis económica, según los expositores la solución está en la profundización de lo mismo: la nueva revolución verde o convergencia tecnológica 2.0. Fertilizantes, agroquímicos, grandes maquinarias, tecnologías de punta y monocultivos con semillas transgénicas o editadas genéticamente. Sin embargo, sabemos que, a pesar de que se producen millones de alimentos, la mayoría no está destinada al consumo humano y es para la exportación a países de baja o moderada inseguridad alimentaria. No se producen a nivel nacional frutas y verduras para satisfacer el consumo mínimo recomendado para una alimentación saludable.5
El modelo agroindustrial hegemónico tiene costos en lo humano que no deberían tratarse como simples «externalidades». Como lo revelan los estudios del Colectivo TÁ,6 de Amalia Laborde (actual directora del CIAT [Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico], del Hospital de Clínicas) y se podrá ver en la exposición fotográfica de Pablo Piovano en el hall de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República, el modelo tiene impactos directos e intrínsecos sobre la salud humana. Quienes trabajan, viven y comen lo que se produce en este modelo agroindustrial pagan un alto costo en su salud, que se traduce en problemas respiratorios, desbalances endocrinos y malformaciones, entre otros.
Este modelo también tiene costos para la salud del planeta. En cuanto al ambiente, se estima que el 23 por ciento de las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero provienen de la agricultura, la silvicultura y otros usos de la tierra.7 El aumento de estas actividades agroindustriales resulta en la pérdida de biodiversidad y la contaminación de las aguas y los suelos, lo que compromete la vida no humana.
El actual sistema agroindustrial también provoca consecuencias en el mundo rural, expulsando a pequeños agricultores de sus comunidades y contribuyendo a la concentración de la tierra en manos de grandes productores, compañías multinacionales o inversores financieros. Aunque ha habido un incremento en las ganancias asociadas con la agroindustria, no siempre se traducen en mejores condiciones de vida para quienes se dedican a la producción de alimentos. La mayor parte de los y las trabajadoras de la tierra tienen condiciones laborales precarias, sin garantías laborales y con poca independencia. El caso del trabajador de Arrozal 33 Julio de los Santos (que quedó incapacitado para trabajar por la exposición a agroquímicos) es un ejemplo de cómo los derechos laborales, la salud y las condiciones de vida de los trabajadores se ven afectados directamente por este modelo.
Los derechos a la alimentación, a la salud y a vivir en un ambiente sano son básicos para el sostenimiento de la vida. El sistema actual vulnera los derechos de muchos y pone en riesgo la posibilidad de una vida digna para generaciones futuras. Si queremos buscar soluciones realmente transformadoras, es necesario retomar la temática de la alimentación desde un abordaje integral que nos permita contemplar la complejidad de sus múltiples aristas.
¿HAY SOLUCIONES A ESTAS PROBLEMÁTICAS INTERRELACIONADAS?
Con la Cátedra Unesco de Derechos Humanos organizamos un ciclo de cine-foros y charlas para abrir un diálogo en la sociedad sobre esta temática. Del 25 de octubre al 15 de noviembre, todos los martes llevaremos a cabo una serie de eventos con la participación de referentes de organizaciones sociales e investigadores internacionales y nacionales. En este ciclo exploramos el sistema agroalimentario en sus fases de producción, distribución y consumo, así como las relaciones sociales, económicas e históricas que visibilizan entramados que ponen en riesgo o sostienen la vida. Las disputas y las prácticas sociales en las que se debate sobre el alimento, su producción y significado constituyen espacios donde promover el cambio social.
A partir de dos documentales y dos conversatorios con reconocidos especialistas regionales de la temática y desde una perspectiva en clave de derechos humanos afianzada en el Sur, invitamos al diálogo sobre algunas preguntas urgentes y necesarias para comprender la realidad local y regional sobre los modos de producción y distribución de alimentos. Nos proponemos crear, a través del ciclo, un espacio de reflexión sobre las consecuencias que tiene el actual sistema agroalimentario en nuestros cuerpos, nuestras relaciones sociales y los ecosistemas que habitamos. Los invitamos a sumarse a la discusión y a pensar en las formas que ya existen y que podrían crearse para defender los derechos humanos que se ven vulnerados por esta situación, diseñando e imaginando alternativas sostenibles y culturalmente situadas que garanticen nuestra soberanía alimentaria.
1. Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Desarrollo Social e Instituto Nacional de Alimentación, Primer Informe Nacional de Prevalencia de Inseguridad Alimentaria en Hogares, 2022.
2. Uruguay XXI, Informe Mensual de Comercio Exterior, junio de 2022.
3. A. Rieiro, D. Castro, D. Pena, R. Veas y C. Zino, Entramando barrios: ollas y merenderos populares en Uruguay 2021-2022 [en línea], Montevideo, Udelar, 2022.
4. Canelones TED Alimenta: innovación para la soberanía alimentaria, eventoorganizado por la Fundación CID y la Intendencia de Canelones en el Complejo Politeama. Contó con presentaciones del intendente departamental, Yamandú Orsi, del expresidente José Mujica, del experto australiano Germán Spangenberg y del empresario argentino Gustavo Grobocopatel (conocido como el «rey de la soja»).
5. A. Gómez (2019), «Uruguay: país productor de alimentos para un sistema alimentario disfuncional», Agrociencia Uruguay, vol. 23, n.º 1, 2019, págs. 1-9.
6. F. Alfonso, N. Bajsa, M. Garau y C. Martínez Debat, «Detección y cuantificación de glifosato en orina mediante ensayo de ELISA», póster, VIII Congreso Latinomericano de Agroecología, 2020.
7. Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), «Summary for Policymakers», Climate Change and Land: an IPCC special report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems, 2019.
