La aplicación de un nuevo mecanismo para la fijación mensual del precio de los combustibles, estampado en la Ley de Urgente Consideración (LUC) como alternativa a la malograda iniciativa del Partido Nacional (PN) que buscaba la desmonopolización de la importación, fue inconsistente desde su entrada en vigencia. Pero no fue hasta mediados de año que el gobierno sintió bajo sus hombros el peso político del monstruo que había creado.
En su presentación en sociedad, había sido concebido discursivamente como un instrumento técnico indiscutible, totalmente transparente y que no sería alcanzado por las espurias arbitrariedades de las decisiones políticas. La referencia para su aplicación surgiría de las implacables leyes del mercado, y la variación de los precios a nivel local quedaría ligada...
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