La trama económica de la dictadura militar y el secuestro y desaparición de empresarios y hombres de negocios vinculados al mundo financiero, sólo estalló cuando la justicia volvió a actuar tras la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final en agosto de 2003. A partir de entonces la actuación de jueces, religiosos y civiles en general comenzó a ser ventilada en las audiencias judiciales. A principio de 2012 la Comisión Nacional de Valores (cnv) una instancia de regulación del mundo financiero porteño, decidió crear una Oficina de Derechos Humanos para investigar la suerte corrida por empresas y empresarios durante la dictadura militar. El informe será publicado a mediados de este mes y servirá para mostrar el accionar de la propia cnv en tiempos de la dictadura para habilitar las actuaciones judiciales pertinentes.
Según el informe, la cnv creada en 1968 por el dictador militar Juan Carlos Onganía, fue intervenida el mismo día del golpe, el 24 de marzo de 1976, y varios de sus funcionarios actuaron directamente como interrogadores en los centros clandestinos de detención por lo menos hasta 1980. La estructura militar y represiva usada para aniquilar a los enemigos políticos y la guerrilla sirvió más adelante como mano de obra para secuestros extorsivos, incluso ya entrados los años ochenta y con la democracia recién estrenada.
En el texto del informe se recogen 130 nombres de empresarios secuestrados, de los cuales once permanecen desaparecidos. El hilo conductor de las investigaciones militares apuntaba a terminar con “la subversión económica” identificada especialmente con aquellos empresarios acusados de lavar el dinero de las organizaciones armadas de izquierda. En ese sentido, entre las 500 fojas exhumadas por el informe de la cnv, los movimientos del llamado Grupo Graiver, pantalla financiera de Montoneros, son los de mayores ramificaciones y contactos. David Graiver, propietario de los Bancos Hurlingham y Comercial de La Plata, había adquirido Papel Prensa, la empresa que finalmente tras su muerte quedó en manos de los diarios Clarín y La Nación y hoy enfrenta un juicio vinculado precisamente a la denuncia de expropiación vinculada con delitos de lesa humanidad. Luis Taub, propietario del Hotel Liberty, donde fue secuestrado Zelmar Michelini, estaba acusado de encubrir las operaciones financieras de los tupamaros. Rafael Perrota, abogado y propietario del diario El Cronista Comercial, permanece desaparecido por su militancia clandestina en el Ejército Revolucionario del Pueblo y su brazo político, el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Y hasta Federico Vogelius, el empresario mecenas de la revista Crisis, fundada y dirigida por Eduardo Galeano, fue secuestrado y sus bienes saqueados en 1977.
La investigación de la cnv viene a sistematizar y profundizar las primeras denuncias recogidas por el informe de la Conadep, publicadas en el libro Nunca Más, donde ya se mencionaba la trama económica de la represión. El caso emblemático de expropiación a un empresario fue el robo por parte de la patota de la Armada, al mando de Eduardo Massera, de los terrenos de Chacras de Coria en la provincia de Mendoza, propiedad de empresarios vitivinícolas que terminaron asesinados. Esos documentos falsificados y fraguados por el estudio de Nicolás Becerra, ex procurador general de la Nación bajo el gobierno de Carlos Menem, son algunos de los elementos más claros aportados a la justicia acerca de la expropiación a empresarios de parte de la dictadura.
Judicialmente fue el fiscal federal Federico Delgado quien abordó la investigación sobre el botín económico arrancado a los desaparecidos y abrió el camino para posteriores investigaciones. Brecha aportó en 2006 algunos datos sobre nombres, sobrenombres y operatoria entre represores argentinos y uruguayos en Automotores Orletti, donde un contador de la side de apellido Benítez repartía el botín robado a los secuestrados y lo blanqueaba para permitir reinsertarlo en el circuito económico y financiero local.
El germen de todo este plan represivo fue encontrado hace algunos meses por funcionarios del Archivo Nacional de la Memoria, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a partir de dos circulares internas de las Fuerzas Armadas. La directiva del comandante general del Ejército 404 y el plan del Ejército contribuyente al Plan de Seguridad Nacional, son los primeros documentos en los que aparece la decisión militar de dar un golpe de Estado, de acuerdo a la radiografía que sobre los actores sociales, políticos y económico financieros produce la fuerza a fines de 1975. La documentación ahora en manos de la justicia apunta a revelar nuevas formas de la represión en los juicios que se llevan adelante en una docena de juzgados del país.
