Por medio de un recurso contencioso presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los hermanos Julien y su abogado argentino, Eduardo Márquez Iraola, llegaron esta semana a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En dos audiencias llevadas adelante este lunes y martes, presentaron su reclamo por la falta de información y acción del Estado argentino en la búsqueda de sus padres, Mario Roger Julien y Victoria Grisonas, desaparecidos en Buenos Aires, y por la suerte corrida por ellos mismos cuando fueron separados de sus padres, trasladados primero al centro clandestino Automotores Orletti y luego a Montevideo, para finalmente ser abandonados en la plaza O’Higgins, en la ciudad chilena de Valparaíso. Anatole tenía 4 años de edad y Victoria, 18 meses.
El 30 de octubre de 2007, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) argentina cerró la vía administrativa para dar una respuesta a los Julien y desde entonces ambos bregaron por llegar a la instancia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los hermanos reclaman al Estado argentino una reparación integral por el trauma familiar sufrido desde 1976, que consistiría en un resarcimiento económico como forma de punición y una reformulación de las normas legales en materia de investigación para delitos de lesa humanidad como los que ellos padecieron.
En las audiencias, el Estado argentino estuvo representado por la abogada Andrea Pochak, subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, quien argumentó que en las cinco causas en las que el caso Julien Grisonas fue tratado se obtuvieron sentencias y condenas para los responsables de los delitos cometidos. Se refería a los cuatro tramos de la causa Orletti y a la causa por el plan sistemático de robos de bebés, cuya condena data de 2012 (véanse «Nuevas piezas en el rompecabezas del Cóndor» y «Orletti y la pista del Departamento de Asuntos Extranjeros», Brecha, 4-X-13 y 21-VII-17). Entre los peritos convocados por las partes, estuvieron Pablo Parenti, fiscal responsable del área de Delitos de Lesa Humanidad en la Procuración General argentina; María José Guembe, integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales y especialista en derechos humanos, y el jurista argentino Juan Méndez, especializado en derecho internacional sobre derechos humanos, radicado en Estados Unidos desde que en 1977 fuera liberado por la dictadura militar. Los tres coincidieron en los avances logrados por Argentina desde 2004 en materia de resarcimiento a las víctimas de la dictadura y persecución de los responsables de delitos de lesa humanidad en el país y en el marco del Plan Cóndor. Destacaron, además, la importancia de no clausurar las vías penales y administrativas de investigación de estos delitos. En ese sentido, Méndez destacó que, «como el caso Julien reclama la reparación del daño, la Corte Interamericana [de Derechos Humanos] puede pedir la reapertura del caso a la CSJN argentina, el Poder Ejecutivo argentino puede ofrecer lo que no hizo la CSJN o bien llegar a una solución amistosa por el monto reclamado».
Pochak enfatizó que «no hay impunidad en el caso Julien» y que «se está juzgando la responsabilidad del Estado argentino, cuyas políticas demostraron ser eficientes» para este tipo de delitos. Enumeró la cantidad de responsables juzgados y condenados, las víctimas resarcidas y los desaparecidos identificados a partir del trabajo del Equipo de Antropología Forense.
A su turno, la vicepresidenta de la Comisión Interamericana y relatora para Argentina y Uruguay, Julissa Mantilla, llevó el reclamo por las trabas impuestas a las investigaciones por los diferentes gobiernos argentinos y destacó que todavía no se conoce el paradero y la suerte de Roger Julien y Victoria Grisonas, por lo cual sigue configurándose un delito, que afecta también a sus hijos.
El 21 de junio será la fecha límite para las presentaciones escritas de los últimos descargos tanto del Estado argentino como de los hermanos Julien. A partir de ese momento, los cinco jueces tendrán entre 30 y 45 días para decidir si se expiden sobre el particular con una eventual condena al Estado argentino.
