En Estados Unidos, la coyuntura de pandemia, la crisis económica y el desencanto ciudadano con los partidos traen repetidas referencias al New Deal, el conjunto de políticas con el que el presidente Franklin D. Roosevelt sacó a Estados Unidos de la Gran Depresión en la década del 30. En aquel proceso de reformas e innovaciones impulsadas y pagadas por el gobierno federal, el fortalecimiento de los sindicatos fue crucial.
Cuando Roosevelt llegó a la Casa Blanca, el panorama sindical era desalentador: en 1933 había unos 3 millones de trabajadores organizados gremialmente, mientras que una década antes había 5 millones. Por medio siglo, los sindicatos habían fracasado en el esfuerzo por organizar a la fuerza laboral industrial. Ese mismo año, el Congreso aprobó la Ley Nacional de Recuperación Industrial, que estipuló la negociación colectiva. Dos años más tarde, la Ley Nacional de Relaciones Laborales exigió que las empresas negociaran de buena fe con los gremios apoyados por la mayoría de sus empleados. Esto dio ímpetu a la Federación Laboral Estadounidense y al Congreso de Organizaciones Industriales.
La tonificación de los sindicatos contribuyó a la bonanza económica de las dos décadas siguientes, en las que los convenios colectivos lograron normas laborales, pensiones, compensación por horas extra, licencias médicas y vacaciones pagas. Tiempos aquellos cuando las empresas eran sólidas y estables, y un hombre podía transcurrir toda su vida laboral en una misma compañía con un sueldo suficiente para sustentar una familia, comprar auto y casa, y pagar la universidad de sus hijos.
Desde la década del 70, cuando la globalización empezó a eliminar empleos industriales debido a la competencia de mano de obra más barata en otros países y las mujeres ingresaron masivamente al mercado laboral, las empresas obtuvieron retoques de las reglamentaciones sindicales. Como resultado, la afiliación gremial en Estados Unidos ha ido disminuyendo. En 1980, el 21,5 por ciento de los trabajadores estaba afiliado a un sindicato; en 2020, solo lo estaba el 10,8 por ciento. En el sector público, la afiliación ha sido más estable y en las últimas dos décadas ha disminuido del 36,7 al 34,8 por ciento. En cambio, en el sector privado, en el que se han generalizado las changas, los subcontratistas, las tercerizaciones, los «independientes» y los «emprendedores», la afiliación gremial ha caído del 16,8 al 6,3 por ciento.
LA ERA AMAZÓNICA
La ubicua y siempre creciente Amazon, que es un modelo de este paradigma laboral, opera 110 centros logísticos en Estados Unidos y otros 75 en diversas partes del mundo. Actualmente tiene 1,2 millones de empleados a tiempo completo y tiempo parcial, pero a este contingente debe sumarse una multitud de contratistas y empleados temporarios. La pandemia de la covid-19 trajo una gran bonanza al comercio cibernético y el reparto a domicilio, lo que se reflejó en una adición de más de 400 mil empleos en Amazon el año pasado. De sus 820 mil empleados en Estados Unidos, aproximadamente el 85 por ciento trabaja en los centros logísticos, con una compensación de 15 dólares por hora.
Los centros logísticos funcionan en grandes galpones, donde cientos de trabajadores reciben las mercaderías, las empaquetan y las distribuyen en flotillas de camiones propios de Amazon o vehículos privados. Muchos son los testimonios de las condiciones de trabajo horrendas, con labores repetitivas y contrarreloj, con exigencias de rendimiento que, según algunos empleados, los obligan a orinar en botellas para evitar las reprimendas por tomarse demasiado tiempo para ir al baño.
Las denuncias atrajeron la atención del Sindicato de Minoristas, Mayoristas y Tiendas por Departamento (RWDSU, por sus siglas en inglés), que inició el esfuerzo de organizar a los empleados de Amazon en el centro logístico de Bessemer, en Alabama. Para entender cómo, hace un mes, 1.798 trabajadores de ese sitio votaron contra la agremiación y solo 738 votaron a favor del gremio, sirve una noción de lo que la reglamentación sindical ha venido a ser en Estados Unidos tras medio siglo de constante ofensiva sindical.
En primer lugar, la agremiación en este país no ocurre en toda una empresa o una industria, sino en cada sitio de trabajo. Es decir, aun si hubiese tenido éxito el intento en Bessemer, los sindicatos habrían tenido que ir a cada uno de los centros logísticos para repetir el esfuerzo. Para que los trabajadores en un sitio o unidad voten a favor o en contra de la agremiación, los organizadores deben ser capaces de reunir las firmas del 30 por ciento de los empleados. Durante el período de persuasión y recolección de firmas, la empresa puede amenazar, despedir, sancionar o eliminar puestos. Y para alcanzar el 30 por ciento es imperioso que los organizadores sepan, exactamente, cuántas personas trabajan en esa unidad, una información que la empresa puede ocultar.
Sobre la información obtenida de los empleados dispuestos a agremiarse, RWDSU concluyó que había unos 1.500 trabajadores en Bessemer, lo cual significaba que bastaban 450 tarjetas firmadas para proceder a la votación. Una vez que se presentó el número suficiente de firmas en la Junta Nacional de Relaciones Laborales, Amazon comunicó que en Bessemer trabajaban aproximadamente 5.800 personas. En el entrevero de los empleados a tiempo completo, los de tiempo parcial y los temporarios, el empleador siempre puede salir con la cifra que más le convenga.
Los organizadores sostienen que obtuvieron 2 mil tarjetas firmadas. Pero el hecho de que un empleado firme la tarjeta para proceder a la votación no significa que votará a favor de la agremiación. Desde que aparece el primer organizador en el portón de una planta hasta que se completa la votación, opera una especialidad de la abogacía que ha desarrollado una robusta profesión en Estados Unidos: los revientasindicatos.
«La destrucción de sindicatos es un área poblada de pendencieros y matones sustentada en el engaño», escribió Martin Jay Levitt, un exrevientasindicatos que en 1988 publicó un libro sobre su experiencia (Confessions of a Union Buster). «La campaña contra un gremio es un asalto sobre los individuos y una guerra contra la verdad. Como tal, es una guerra sin honor. La única forma de reventar un gremio es mentir, distorsionar, manipular, amenazar y siempre, siempre, ir al ataque. Cada campaña para “impedir un gremio”, como se llama a estas guerras, consiste en una estrategia combinada de desinformación y ataques personales», dice en el libro.
En el caso de Bessemer, la campaña empresarial contra la agremiación ganó en la votación. En otros miles de casos, aun años después de que los trabajadores se han agremiado y negocian periódicamente los convenios colectivos, los abogados de las empresas continúan su brega bien financiada para destruir los sindicatos.
EMPEZAR DE NUEVO
La corrupción real de algunos gremios mayores y la infiltración de la mafia en varios de ellos han fomentado, desde los años sesenta, la imagen de los sindicatos como organizaciones criminales. Esta es una percepción nutrida en películas, series de televisión, novelas y disertaciones académicas bien financiadas.
Pero el embate antigremial, aparentemente, está perdiendo eficacia y, según la firma de encuestas Gallup, el 65 por ciento de los estadounidenses aprueba la sindicalización, el índice más alto desde 2003. Como podía esperarse, ese respaldo sube al 83 por ciento entre los demócratas, se mantiene en el 64 por ciento entre los independientes y es del 45 por ciento entre los republicanos. El hecho de que más de cuatro de cada diez personas que se identifican como republicanos estén a favor de los gremios es un indicio de la nostalgia que persiste, aun entre los conservadores, de aquel Estados Unidos de los años cincuenta y sesenta. Es el trasfondo de la consigna de Trump: «Make America Great Again».
«La aprobación de los estadounidenses a los gremios ha sido constantemente alta por varios años y se ha recuperado con creces de los bajos puntajes que rodearon a la Gran Recesión (2007-2009). […] Aun mientras el país lidia con la pandemia y la crisis económica resultante, que incluyó niveles de desempleo sin precedentes, el apoyo para los gremios sigue siendo fuerte», indicó Gallup.
Tanto la memoria selectiva de la Great America como la historia de Jimmy Hoffa y los Teamsters (véase «Reencuentro con el mejor Hollywood», Brecha, 21-XI-19) van sumiéndose en el pasado, y para las generaciones más jóvenes la realidad es que la desigualdad de ingresos entre los hogares más ricos y más pobres de Estados Unidos es ahora la más grande en medio siglo. La economía ha seguido creciendo, con sus tropezones cíclicos, y el ingreso medio de todos los hogares ha seguido subiendo, pero la distribución de ese beneficio continúa escorada y escorándose más.
Aunque en su alharaca los conservadores insisten en describir a Joe Biden como un «radical socializante», el ahora presidente ha definido claramente sus prioridades políticas, y la mayor es angostar la brecha entre los demasiado ricos y la cada vez más disminuida clase media. En el programa de Biden –que la izquierda califica como «reformista», «parche para evitar un estallido social» y «tímido»–, la creación de empleos en infraestructura e industrias y el crecimiento de los sindicatos van mano en mano. De ahí la importancia que para Biden tiene un proyecto de ley titulado Protección del Derecho a Organizarse (PRO, por sus siglas en inglés), que ya fue aprobado en la Cámara de Representantes. La iniciativa está atascada en el Senado, donde solo 47 senadores la apoyan. Se necesitan 60 para superar la obstrucción legislativa de los republicanos.
En su primer discurso presidencial ante el Congreso, Biden expresó su apoyo entusiasta a PRO, una legislación que facilitaría la organización de gremios y limitaría el negocio de los revientasindicatos. Además, propuso un incremento del sueldo mínimo nacional a 15 dólares por hora y abogó por la igualdad de remuneraciones para los hombres y las mujeres. Señaló que su plan de creación de empleos se enfoca en la creación de puestos de trabajo en las industrias y agregó: «Es algo que siempre he dicho: los tipos de Wall Street no son quienes han construido este país. La clase media construyó este país. Y los sindicatos construyen la clase media».
Biden ordenó la creación de un equipo de trabajo que examine las políticas existentes y haga recomendaciones dentro de 180 días sobre la forma de promover la organización de los trabajadores y la negociación colectiva en el gobierno federal. Previsible como el amanecer, el presidente de la organización empresarial antisindical Fundación Nacional del Derecho al Trabajo, Mark Mix, dijo que el equipo creado por Biden «es una coima descarada para los burócratas sindicales que apoyaron su campaña en 2020».
La frase derecho al trabajo (right to work) refiere al régimen legal existente ahora en 28 de los 50 estados, donde los trabajadores en empresas en las que hay un gremio no tienen la obligación de pagar la cuota si prefieren no hacerlo. La misma legislación, sin embargo, obliga a los gremios a representar y negociar por todos los trabajadores, estén o no afiliados al sindicato. De este modo, mientras que el costo de la defensa legal y la negociación colectiva queda a cargo del gremio y de los empleados afiliados, los beneficios obtenidos en la negociación, y aun la defensa legal, se extienden a todos los trabajadores, paguen o no paguen la cuota.
