“Cuando te toca salir de tu casa porque tu vida y tu familia corren peligro, sabes lo difícil que es esta situación. Además, no poder como madre acompañar a mis hijos en la pandemia me mortifica”, expresa Patricia a Brecha con voz quebradiza. Su situación en el confinamiento es “traumática, al ver tanto sufrimiento que se pasa en medio de la violencia”. Forma parte de una de las comunidades afrodescendientes más grandes del Valle del Cauca, en el oeste de Colombia. Actualmente, varios grupos armados controlan las medidas de aislamiento contra el covid-19 en vastas zonas de esa región (véase recuadro), reparten panfletos que amenazan de homicidio, agresión y desplazamiento forzado a quienes las incumplan, imponen restricciones a la movilidad de las personas y los bienes, y atacan a las comunidades.
EL CONFINAMIENTO ARMADO. Patricia es lideresa hace seis años. “Todo empezó cuando fui testigo de la desaparición de una compañera de mi comunidad. Fui la persona que se dedicó a buscarla hasta que me di cuenta de que las FARC la habían asesinado por defender unas tierras que iban a ser explotadas para la extracción minera. Entonces me amenazaron y tuve que dejar a mi familia para proteger sus vidas”, cuenta. Huyó entonces a Buenaventura, ciudad portuaria del Valle del Cauca.
Alejada de su familia y su comunidad del interior de ese departamento colombiano, Patricia vive ahora en un corregimiento de la costa pacífica caucana. Le pesa su ausencia en la vida de sus hijos: “A veces hablo con ellos por Whatsapp. Mantengo contacto cuando puedo, porque donde estoy no hay permiso de circular ni de salir de la comunidad. Tampoco dejan entrar personas. Entonces, si quiero hablar con ellos, tengo que desplazarme por donde haya Internet, porque la cobertura es mínima”.
“La violencia hace que sea mucho más difícil el confinamiento. Si estuviéramos en condiciones normales, podríamos vivir la cuarentena con más libertad. Pero nos abstenemos de privilegios como pescar, ir a nuestros cultivos y caminar, porque vivimos oprimidos y atentos a lo que los grupos armados manden. Son ellos los únicos que tienen libertad”, dice Patricia en voz baja. Cuenta que en las comunidades controladas por grupos irregulares los pobladores tampoco se pueden movilizar para comprar comida: “Sólo sale una lancha a comprar los víveres a la ciudad un día a la semana. La persona que necesite algo tiene que mandarlo traer ese día. Si las personas sacan su lancha, les quitan el motor y las multan”.
EL CONTEXTO NACIONAL. Según la Defensoría del Pueblo de Colombia, entre el 23 de marzo y el 20 de abril de este año se han registrado en ese país 72 violaciones al derecho internacional humanitario. De estas, 41 serían expresiones de violencia desencadenadas por la emergencia ambiental y sanitaria. El 57 por ciento de los hechos violentos ha ocurrido en zonas rurales, pese a que la propagación del virus ha tenido mayor incidencia en los contextos urbanos.
El Valle del Cauca, Nariño, Antioquia y el norte de Santander son las regiones donde se registran más homicidios de líderes y lideresas sociales. A pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha instado al gobierno colombiano a investigar, esclarecer, enjuiciar y sancionar los delitos cometidos en contra de los líderes sociales, las investigaciones se demoran y en algunos casos no llegan a develar quiénes son los autores intelectuales de las amenazas.
LA RESISTENCIA UBUNTU. Patricia asegura que las comunidades no confían en la Defensoría del Pueblo y no se sabe a ciencia cierta quiénes son los responsables de las amenazas en la región: “Acá no se demanda porque todo está infiltrado. Una no sabe si la persona a la que acude para denunciar es la misma que la manda amenazar. Además, las investigaciones no avanzan. Aquí reina la ley del silencio, por eso sólo se confía en los líderes”. Ella se sigue resistiendo a ser silenciada: “Hoy me atrevo a decir que este es un problema de todos. Cuando una empieza a sentir el dolor ajeno, hace algo para que las cosas mejoren”. Su historia de resistencia, cuenta, es la de sus ancestros a través del ubuntu, una actitud mental que trae a su memoria todos los días y que en las lenguas del sur de África significa “yo soy porque nosotros somos”.
Ante la falta de apoyo estatal, las comunidades afrocolombianas del Cauca protegen sus vidas por medio de su organización autónoma a través de convites: grupos de lideresas y líderes sociales guiados por la matriarca mayor de la comunidad. Así transfieren su liderazgo y sus saberes ancestrales a los más jóvenes. Frente a la pandemia, la organización popular combina saberes tradicionales y de la ciencia moderna: “Aquí continuamente damos charlas sobre las medicinas ancestrales que sirven para remedio. La matriarca ha incitado a la comunidad a prevenir el covid con hierbas tradicionales y sahumerios. También hacemos reuniones todos los viernes con los niños y los jóvenes para informarles que hay que lavarse las manos y desinfectar los víveres de la ciudad”.
“Yo creo que la paz sí es posible en el Cauca”, enfatiza Patricia. “Aunque nuestro Pacífico tiene muchas verdades enterradas o que se han tragado los ríos, necesitamos que alguien se atreva a decirlas. Por eso volvería a ser lideresa social y viviría otra vez todo. Es gratificante ser una voz para muchos y construir para mis hijos un Cauca diferente”, añade.
Toda una vida de despojo
Históricamente marginado y sometido al abandono por el Estado, el Cauca ha sufrido por décadas la violencia y el dominio de la tierra de grupos armados irregulares. En la actualidad, se disputan su control la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, los disidentes de las ahora disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y las bandas de narcotraficantes.
La región se ha convertido en las últimas décadas en un corredor del tráfico de drogas por su posición estratégica. Allí están el principal puerto marítimo del Pacífico colombiano, la principal fuente hídrica del país –con las nacientes de los ríos Magdalena y Cauca– y una gran riqueza minero-energética, por la que confluyen, además, intereses económicos transnacionales. Esto ha dejado a sus poblaciones entre el fuego cruzado y ha convertido la zona en un campo minado para los líderes y las lideresas sociales.
El Cauca está atravesado por tensiones sociales originadas en la década del 50, durante la época conocida como La Violencia. Los enfrentamientos armados entre conservadores y liberales, primero, y entre guerrillas, militares y paramilitares, después, provocaron el desplazamiento forzado de comunidades indígenas y afrodescendientes de ese territorio. Estas comunidades, cansadas del abuso y la concentración de la propiedad rural, en los años sesenta empezaron un proceso de movilización social influenciado por la labor del Instituto Colombiano de Reforma Agraria. Parte de esa movilización fue el desarrollo de experiencias locales de organización lideradas por los colectivos que habían sufrido el despojo de sus tierras, que en 1971 desembocó en la creación del Consejo Regional Indígena del Cauca.
Según la investigación del Centro Nacional de Memoria Histórica Nuestra vida ha sido nuestra lucha: resistencia y memoria en el Cauca indígena (VVAA, Bogotá, 2012), el objetivo de estas experiencias organizativas gira desde entonces en torno a tres demandas históricas: unidad, tierra y cultura, a las que en los últimos años se ha sumado la reivindicación de autonomía.
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