Pocas horas después de empezado el confinamiento obligatorio, Bogotá comenzó a dar fuertes señales de vitalidad. Desde el 25 de marzo, cuarentena mediante, respirar en la capital colombiana es menos peligroso: la contaminación ambiental disminuyó un 80 por ciento y ya no rige la alerta amarilla. Según los expertos, esto se debe, en parte, a la casi desaparición (temporal) del tránsito de vehículos, cuyos embotellamientos convirtieron a Bogotá en la ciudad más congestionada de América Latina, por delante de Ciudad de México y San Pablo. El ruido también entró en cuarentena por estas horas anómalas, que atestiguan cómo en los vagones del transporte público viajan personas sentadas como personas, y no apiñadas como bolas de billar y abriéndose paso a los codazos, como de costumbre. El coronavirus da un respiro transitorio a esta ciudad alienada.
La alcaldesa, Claudia López, de la progresista Alianza Verde, aseguró que la gran mayoría de los casi 8 millones de bogotanos está acatando el confinamiento y respeta, en términos generales, la nueva restricción, vigente desde el 13 de abril: en jornadas pares sólo pueden salir las mujeres y en las impares, los hombres. Quien infringe la normativa puede ser multado con hasta 1 millón de pesos locales (unos 250 dólares). López, que desde enero es la primera mujer alcaldesa de Bogotá, sorprendió a mediados de marzo al ordenar un “simulacro de aislamiento preventivo” para frenar el avance del coronavirus y exhortar a la población a prepararse para una eventual cuarentena de tres meses y un apagón de la economía.
La atención se dirigió entonces a la mediática regidora. Hasta ese momento, había tomado las riendas del asunto y se había anticipado al presidente conservador del país, Iván Duque, criticado por su demora en declarar el estado de emergencia y ordenar el cierre del aeropuerto internacional El Dorado, medida que no se tomó hasta el 23 de marzo, a pesar de los reclamos de la alcaldía. López asegura que durante esas semanas entraron al país unas 46.800 personas, procedentes de los países con mayor número de contagios, sin ningún tipo de control sanitario. Eso explicaría por qué Bogotá tiene la cifra más alta de infectados del país: al cierre de esta edición, 1.900 casos (registrados) de un total nacional de 4.500.
LOS TRAPOS ROJOS. El pronóstico no podía ser más aciago. Cuando apenas habían pasado cuatro días de la declaración de una cuarentena estricta, la directora del Instituto Nacional de Salud, Martha Ospina, advirtió que en un futuro cercano los infectados por coronavirus en Colombia podrían llegar a ser unos 4 millones y los muertos, como mínimo, 3 mil (El Tiempo, 29-III-20). Para evitar el pánico inevitable, tanto Duque como López se abocaron a anunciar billonarias medidas sociales y económicas “que no dejarían a nadie sin protección”, con reiteradas invocaciones a la gracia de Dios y a la verraquera (bravura) colombiana: “¡Vamos, colombianos!”, “¡Juntos podemos!”. Se equivocaron: la valentía no da de comer y con rezar no basta.
En los barrios del sur de Bogotá aparecieron los primeros trapos rojos, que cuelgan de las ventanas en señal de auxilio, porque las familias no disponen de Internet para llenar formularios y no recibieron las canastas de alimentos anunciadas por los gobernantes. A los trapos rojos les siguieron las caceroleadas, y a estas, los cortes de calles y la quema de llantas. Las canastas no llegaron, pero sí la Policía a reprimir. “Le tenemos más miedo al hambre que al coronavirus” es una frase que repica en un barrio y resuena en otro.
En medio de esas protestas, María Juliana Ruiz, esposa del presidente Duque, apareció en un spot televisivo agradeciendo a todos los colombianos que hicieron posible la adquisición de medio millón de paquetes de comida, los que, sin dilación, llegarían a la población más vulnerable. Confinada en el búnker presidencial (por lo visto, completamente aislada), Ruiz saludó especialmente a la familia Sarmiento Angulo, principal benefactora en la iniciativa Ayudar nos Hace Bien, que impulsa la primera dama. El presidente Duque había hecho lo propio semanas antes, cuando Luis Carlos Sarmiento Angulo anunció la donación de casi 20 millones de dólares para combatir la pandemia. Junto con el presidente y su gabinete, casi todos los medios de comunicación celebraron unánimemente la “sensibilidad social” del mentado ciudadano, mientras que otros (muy pocos) soltaron su indignación.
LOS DUEÑOS DE COLOMBIA. Sarmiento Angulo, de 87 años, cuenta con una fortuna de 12.200 millones de dólares, forjada en el transcurso de décadas como constructor y banquero (controla un tercio de los bancos colombianos). Gran prestamista amparado por los gobiernos de turno –especialmente por el de su amigo el expresidente Álvaro Uribe–, ha sido salvado en tiempos de crisis con ingentes rescates estatales. Es conocido como “el dueño de Colombia” y, como el ciudadano Kane, de Orson Welles, se ha hecho también con el mercado de las noticias. Pero no es el único.
Siguiendo las enseñanzas de Sarmiento, que en 2012 compró El Tiempo, el más leído de los diarios colombianos, los hombres más ricos y poderosos del país (billonarios incluidos en la lista de Forbes) tienen en su órbita a los medios de comunicación nacionales más influyentes. Así se completa la foto de familia: los hermanos Andrés y Alejandro Santo Domingo son propietarios del diario El Espectador, Caracol Televisión y Blu Radio; Jaime Gilinski y su grupo son copropietarios de las publicaciones Semana, y Carlos Ardila Lülle es dueño de RCN Radio y Televisión. “A mayor concentración de riqueza, mayor concentración de poder político, que a su vez permite diseñar las reglas del juego en favor de los poderosos, socavando el principio democrático”, escribió hace un año la exministra de Trabajo y dirigente de izquierda Clara López (Semana, 26-III-19). En esa dirección, la regla de oro de estos medios –los más vistos y leídos– es mantener en vilo a la población, en un shock continuo por los reales o potenciales efectos de la pandemia, y esquivarles el cuerpo a los grandes agujeros estructurales que la emergencia sanitaria está dejando a la intemperie.
LA INEQUIDAD PERPETUA. Con 50 millones de habitantes, Colombia no sólo es uno de los países más desiguales de la región más inequitativa del mundo, dijo el año pasado la exministra de Agricultura Cecilia López, “sino que presenta todas las desigualdades posibles, de ingreso, de riqueza, de tierra y entre territorios” (Portafolio, 20-XI-19). En Bogotá y el resto del país, el lugar donde una persona nace pesa como un marchamo y condiciona su movilidad social, que aquí es casi anecdótica. En Colombia se puede aspirar a recibir una buena educación, atención sanitaria, un empleo de calidad y tiempo recreativo, pero alcanzarlo depende del sitio donde se resida.
Quienes nacieron o viven en los estratos uno, dos o tres (según la clasificación oficial) son quienes hoy protestan por comida y sobreviven con lo que la mendicidad o la venta ambulante y otros oficios les dejan. Forman parte del casi 60 por ciento de los colombianos que trabajan en el ámbito informal, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde); configuran el lado B de una economía que creció un 3,4 por ciento en 2019, para regocijo de quienes habitan en el otro extremo, el estrato seis.
En el medio figuran los trabajadores asalariados o independientes, que representan el 31 por ciento de la población y cuya condición pende de un hilo en medio de la pandemia. “Al menos 14 millones de personas vieron afectado su ingreso por la suspensión de muchas actividades económicas, como los independientes, los emprendedores y los informales. En materia de dinero, estas personas viven en alerta roja”, señaló la revista Dinero (3-IV-20), publicación que pertenece a Semana, controlada por el ya mencionado grupo Gilinski. Dinero tituló sin sarcasmo: “¿Es hora de regalarle plata a la clase media?”.
QUE PAREZCA UN ACCIDENTE. El enfoque economicista con el que los principales medios abordan la pandemia muestra los efectos desesperados que cualquier tipo de abstinencia involuntaria puede tener. A diario calculan los costos económicos del covid-19, cuando el país está al borde del colapso a causa de la otra gran epidemia nacional, la inequidad social, que a estas alturas del encierro, entre tantas cifras y datos extenuantes, parece ser un accidente natural provocado por el virus. La Ocde, club de los países ricos del que Colombia espera ser un miembro pleno, fue clara al respecto. En un informe presentado en octubre, recomendó al gobierno colombiano ser más eficaz en la distribución de la riqueza y advirtió que el actual sistema tributario “apenas reduce la desigualdad”. Gran parte de los subsidios, dijo el organismo, “va a parar a la población más rica”, que goza de grandes exenciones de impuestos, en detrimento de las minorías étnicas, las mujeres y los desplazados por la violencia.
Precisamente estos grupos, junto con otras multitudes pateadas por el sistema imperante, se volcaron a las calles el 21 de noviembre. Bogotá fue el escenario (no el único, pero sí el más contundente del país) de masivas movilizaciones contra la actual política económica del gobierno de Duque, la brecha social y la corrupción (véase “Noviembre caliente”, Brecha, 29-XI-19).
Decenas de miles de estudiantes, campesinos, feministas, indígenas y sindicalistas sacudieron el reconocido letargo de la capital y le provocaron un histórico cortocircuito al tradicional laissez faire, laissez passer, desmarcándose de intereses partidistas y eludiendo toda clase de etiquetas. “Somos la generación que no tiene nada que perder: ni empleo, ni salud, ni educación. ¿Qué miedo vamos a tener?”, se escuchó entre los más jóvenes. El gobierno respondió con una fuerte represión policial –que acabó con el asesinato de Dylan Cruz, de 18 años, a manos de un agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios– y puso en marcha una “gran conversación nacional”, que la pandemia diluyó.
EL VIRUS ANTES DEL VIRUS. Ahora la sociedad bogotana sigue con lupa los pasos de la alcaldesa Claudia López, quien participó de aquellas marchas. Al asumir el cargo, en enero, aseguró que con ella llegaron al poder las personas que habían salido a reclamar justicia social. Pero hoy todo está condicionado por la expansión del coronavirus y la necesidad de contenerlo mediante la cuarentena obligatoria, que se extenderá, según lo anunciado, hasta el 11 de mayo.
López debe lidiar con una bomba de tiempo, porque el confinamiento es un lujo que gran parte de la población no se puede permitir: desempleados, desplazados por la violencia, inmigrantes venezolanos, madres cabezas de familia y otros cientos de miles de personas que viven al día sin ningún tipo de asistencia, para quienes el coronavirus es uno más de los tantos males con los que conviven forzosamente. Para ellos, no hay #QuédateEnCasa que resista; caen en saco roto las manidas frases “entre todos podemos” y “Colombia más unida que nunca”; siguen de largo los mensajes edulcorados de la primera dama.
Como nunca, lo que subyace a esta crisis es la otra gran crisis. La de un sistema sanitario ineficiente, apestado de casos de corrupción, como las sistemáticas operaciones ilegales que la pandemia puso en evidencia. El complejo sistema colombiano da cobertura al 98 por ciento de la población, pero la calidad de su servicio depende, en buena medida, de las entidades promotoras de salud, una verdadera industria acaparada por compañías aseguradoras privadas que se alimentan de fondos públicos. “Tristemente, debo contarle que encontramos 400 hospitales de todo el país […] que han sido salvados una y otra vez, pero vuelven y caen en manos de inescrupulosos”, reconoció hace unos días el superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, encargado de vigilar el funcionamiento del sistema (El Tiempo, 11-IV-20).
EL OLOR DE LA PROTESTA. Más allá de la falta de camas de cuidados intensivos (un 80 por ciento de las 5.300 existentes está ocupado) y de todo el equipamiento necesario, hay una deuda histórica con el personal de la salud –como médicos y enfermeros–, que reclama millones de pesos por salarios adeudados. Tan grave es la situación que el gobierno emitió un decreto por el que obliga a los profesionales a trabajar “en primera línea” en caso de darse una escalada de la pandemia. “No somos militares, somos médicos”, dijeron los gremios. El gobierno se ha comprometido a pagar los salarios atrasados y garantizarles contratos estables (un 75 por ciento está tercerizado) y los insumos laborales apropiados. Anunció, además, que se montarán hospitales temporales, que 1.500 respiradores artificiales están en camino y que se realizarán 350 mil pruebas semanales para la detección rápida de casos.
Sin embargo, a un mes de la cuarentena obligatoria, Colombia no reúne las condiciones básicas para levantar el confinamiento, porque no se hicieron test masivos y el sistema sanitario no está preparado para enfrentar un pico de casos. La curva de contagios del virus no se está aplanando; tampoco el malestar ciudadano. “Se viene una bomba social muy tenaz. Saque la cabeza del palacio donde vive y huela: eso es el olor que viene antes de la protesta. No nos vamos a resignar a morir de hambre. Preferimos salir a la calle a morir de coronavirus”, escribió, en una carta abierta dirigida al presidente Duque, Alfonso Sanabria, profesor desempleado de 61 años.
