“Marco de transición democrática para Venezuela” es el nuevo planteo estadounidense sobre el país caribeño. El plan que anunció el secretario de Estado, Mike Pompeo, el 31 de marzo, en medio de la pandemia mundial del covid-19, sucedió a la decisión de Estados Unidos de poner un precio de 15 millones de dólares a la cabeza de Nicolás Maduro tras acusarlo de narcotráfico, y al despliegue de la Flota Sur frente a las costas de Venezuela.
La iniciativa de 13 puntos propone, entre otras cosas, el cese de la Asamblea Constituyente y la creación de un consejo de Estado de cinco miembros (con integración del chavismo y la oposición), uno de los cuales ejercerá provisionalmente la dirección del país, sustituyendo a las actuales autoridades y fijando un plazo de seis meses a un año para llamar a elecciones generales. Ni Juan Guaidó ni Nicolás Maduro podrán ser integrantes de ese consejo.
Si Venezuela acepta, la contrapartida estadounidense es la promesa de levantar las sanciones económicas y el bloqueo a la producción del país.
El planteo de Pompeo ha logrado el apoyo de la Unión Europea y, en América, el de Uruguay y Colombia. Hasta ahora no ha habido pronunciamiento del Grupo de Lima, siempre afín a la política estadounidense. El pasado 4 de abril la cancillería uruguaya emitió un comunicado en el que afirma que “Uruguay ha estudiado y analizado el documento presentado el 31 de marzo por el secretario de Estado de Estados Unidos, en el que propone un marco para propiciar una salida a la situación de Venezuela. […] Uruguay estima que la propuesta ofrece una oportunidad a las partes en Venezuela para construir una salida a la crítica situación que atraviesa el hermano país. La normalización política y económica de Venezuela se torna aun más urgente en el contexto de la pandemia del covid-19”. Más adelante agrega que continuará el trabajo con el Grupo de Contacto Internacional (que integra junto a la UE) para darle sustento internacional a la iniciativa. Y a pesar de afirmar que son los venezolanos quienes deben resolver sus asuntos, “la comunidad internacional tiene también un rol y una responsabilidad, que es la de acompañar y apoyar los esfuerzos dirigidos hacia una salida definitiva a la crisis que sufre el pueblo de Venezuela”.
La premura en el alineamiento de la administración uruguaya generó el rechazo del Frente Amplio, que en una declaración del último sábado afirma que “en conocimiento del pronunciamiento oficial y público del gobierno de nuestro país apoyando la iniciativa injerencista de Estados Unidos contra Venezuela, el Frente Amplio declara su rechazo a la posición del gobierno, que contradice principios históricos de la política exterior uruguaya como son la defensa de la paz, la no injerencia y el respeto a la autodeterminación de los pueblos. El apoyo a este nuevo plan de Estados Unidos implica alinear a nuestro país en una estrategia de agresión e intervención. La declaración del gobierno uruguayo se da cuando Estados Unidos ha lanzado una amenaza directa contra Venezuela, con la movilización de buques de guerra, aviones, helicópteros y tropas hacia sus costas, anunciada públicamente por Donald Trump”.
En la misma dirección que el comunicado del Frente, el diputado Daniel Caggiani (Mpp) afirmó a Brecha que resulta extraña la iniciativa estadounidense, pues “en Venezuela se había logrado un acuerdo importante para renovar el Consejo Nacional Electoral y convocar a elecciones parlamentarias. Nos preocupa el posicionamiento de Uruguay, nos preocupa saber con base en qué información se están tomando algunas decisiones de política internacional; parece que queremos ser el mejor alumno en la adhesión a las decisiones estadounidenses”. Caggiani recordó que otras resoluciones de la actual administración (voto por la reelección de Luis Almagro al frente de la Oea y regreso al Tiar) van en el sentido de un alineamiento muy fuerte con las políticas de Trump. Por su parte, el dirigente socialista y licenciado en Relaciones Internacionales Roberto Chiazzaro comentó a este semanario que el gobierno uruguayo no parece darse cuenta de que, más allá de sus pertinaces objetivos estratégicos, el plan de Trump tiene, al menos, dos componentes circunstanciales claros. El primero es, ante la pobre respuesta del sistema sanitario estadounidese, tapar la crisis generada por el covid-19 y lograr disfrazar, frente a la opinión pública, los problemas económicos que se han generado a causa de la pandemia. Y el segundo asunto está vinculado con las eleccionesde noviembre: “Trump sabe que para ganar los comicios tiene que triunfar en Florida, donde se concentra la ultraderecha latinoamericana. Esos votos los puede obtener si mantiene una política muy dura sobre Venezuela y Cuba”. Ambos dirigentes frenteamplistas coincidieron en señalar que el plan estadounidense deja en evidencia el fracaso de Guaidó para liderar la oposición en Venezuela, al grado que Pompeo lo margina del gobierno de transición.
